• SCJN declara nula su confesión por haber sido obtenida bajo tortura
• La Corte determinó que no hay pruebas suficientes para mantenerla presa
• El fallo podría beneficiar a otros implicados en el mismo proceso penal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata y absoluta de Juana Hilda González Lomelí, quien pasó 19 años y 5 meses en prisión por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace.
Con cuatro votos a favor, la Primera Sala de la Corte aprobó el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En el análisis se concluyó que hubo múltiples violaciones a derechos humanos durante todo el proceso penal contra González Lomelí. Entre ellas, se destacó que su confesión no fue voluntaria, sino que se obtuvo mediante amenazas, intimidaciones y tortura psicológica durante su arraigo.
La SCJN declaró inválida esta confesión, así como cualquier otra prueba derivada de ese acto. Una vez excluidas dichas pruebas, el resto de los elementos presentados por el Ministerio Público se consideraron insuficientes para acreditar su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que asumió su defensa, celebró la resolución al considerarla clave para garantizar un juicio justo y el respeto al debido proceso. Además, subrayó que este criterio refuerza la prohibición absoluta de la tortura y el uso de pruebas obtenidas ilegalmente, sin importar la gravedad del delito.
El fallo podría tener un efecto directo en los casos de otras personas procesadas por el mismo expediente: César F., Albert y Tony C., cuyos juicios de amparo se encontraban detenidos en espera de esta decisión, así como de Brenda Q. y Jacobo T., quienes aún siguen enfrentando proceso. En todos los casos, las acusaciones se basan en pruebas que también fueron declaradas nulas por la Corte.
Juana Hilda fue detenida el 10 de enero de 2006 bajo una orden de localización y presentación, y permaneció arraigada hasta el 6 de abril de ese mismo año. Su confesión fue obtenida el 8 de febrero, en un contexto de coacción. En su momento, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito le impuso una sentencia de 78 años y 9 meses de prisión, basada en esa declaración.
Tanto ella como sus coprocesados cuentan con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que documentó las violaciones a sus derechos humanos durante su detención y proceso. Juana Hilda es originaria de Guadalajara, Jalisco, y madre de dos hijas.
