- La Corte discutirá si la FGR debe entregar versión pública de la carpeta por los 43 normalistas de Ayotzinapa
- Ministro propone que, por tratarse de graves violaciones a derechos humanos, no debe haber reserva
- La FGR negó originalmente el acceso, argumentando riesgo para la indagatoria
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para resolver si la Fiscalía General de la República (FGR) deberá entregar una versión pública de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.
El proyecto, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sostiene que en casos que involucren violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información no puede clasificarse como reservada. Según el documento, el interés público de conocer los hechos supera la necesidad de mantener confidencialidad en la indagatoria.
“El delito perseguido en estos casos es de tal gravedad que afecta no solo a las víctimas, sino a toda la sociedad. El derecho a conocer las acciones emprendidas para investigar, procesar y sancionar a los responsables es prioritario”, señala el proyecto.
Antecedentes del caso
El 31 de agosto de 2022, un ciudadano solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia una versión pública en formato electrónico de la carpeta de investigación sobre el caso Ayotzinapa. La FGR respondió el 13 de octubre de ese año que no podía entregar la información, al considerarla reservada por representar un riesgo real para la investigación en curso.
La negativa fue impugnada y una jueza federal resolvió que sí debía entregarse una versión pública. Tres personas presuntamente ligadas al grupo criminal Guerreros Unidos presentaron un amparo para evitar que la Fiscalía entregara los documentos.
Ahora, la Primera Sala de la SCJN deberá votar este miércoles 25 si confirma o no dicha sentencia. Si el proyecto recibe mayoría, la FGR —dirigida por Alejandro Gertz Manero— estará obligada a publicar en su micrositio oficial del Caso Iguala la versión pública de la investigación, cuidando que se testeen los datos confidenciales.
El documento enfatiza que el acceso a esta información no solo responde a un interés individual, sino también al derecho colectivo a la verdad y a la justicia, en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México.
