- Liseth y su hijo de cinco años, con discapacidad, fueron detenidos sin causa justificada
- El IMUMI interpuso amparo y denuncias por violación de derechos humanos
- Podrían ser trasladados o deportados pese a estar protegidos por la ley mexicana
Liseth, una ciudadana venezolana, y su hijo Misael, de cinco años y con discapacidad auditiva, fueron detenidos el 25 de junio en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Ambos acudieron para acompañar al hermano de Liseth, quien buscaba regresar de forma voluntaria a Venezuela. Sin embargo, mientras él fue liberado, madre e hijo fueron trasladados a un lugar desconocido en Toluca.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) denunció que la detención fue arbitraria y que durante el operativo no se respetaron sus derechos. Según la organización, Liseth y su hijo no recibieron alimentos ni atención médica, y fueron transportados en un vehículo sin identificación oficial. Desde entonces, se encuentran incomunicados.
El IMUMI presentó un amparo indirecto por detención ilegal, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dio aviso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. No obstante, las autoridades aún no han respondido.
La organización alertó sobre el riesgo de que madre e hijo sean enviados al sur del país o deportados a Venezuela, lo cual agravaría la violación de sus derechos. Recordó que, desde 2020, la Ley de Migración prohíbe la detención de familias y menores de edad migrantes, lo que hace esta acción aún más preocupante.
Liseth lleva seis meses viviendo en México junto a su pareja, quien es mexicano. Su hijo está inscrito en una escuela local. A pesar de ello, las autoridades migratorias no consideraron estas condiciones al momento de su detención.
El hermano de Liseth anunció que presentará una denuncia formal contra los funcionarios que participaron en la detención, mientras el IMUMI insistió en que este caso refleja una práctica sistemática de criminalización hacia las personas migrantes, incluso cuando su intención es regresar a su país.
La organización exigió al comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, adoptar medidas que garanticen la protección de familias migrantes y dejen atrás la política de detención. “Es momento de construir una política migratoria centrada en los derechos humanos, especialmente cuando se trata de niñas y niños”, concluyó.
