• La diligencia era contra 12 funcionarios señalados por omisiones en inspecciones forenses.
• La audiencia ya se había aplazado previamente, sin nueva fecha definida.
• Fiscalía investiga fallas de agentes ministeriales, policías y peritos del IJCF.
La audiencia de imputación contra 12 funcionarios implicados en el caso del Rancho Izaguirre fue suspendida nuevamente, esta vez debido a la ausencia de personal judicial, que se encontraba de vacaciones. La diligencia estaba prevista para este lunes en los juzgados de control y juicio oral de Puente Grande, Jalisco.
Según confirmó Cecilia Ayala, abogada de tres peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), ni ellos ni el resto de los implicados fueron citados formalmente. A pesar de ello, los abogados acudieron para dejar constancia de su presencia.
Esta es la segunda ocasión en que se aplaza esta audiencia. La primera había sido programada para el 29 de mayo, pero también fue cancelada sin explicación. En julio, las partes involucradas acudieron varias veces a los tribunales buscando información, y en una de esas visitas hallaron un documento con una nueva fecha: 4 de agosto. Sin embargo, la audiencia volvió a suspenderse.
Desde mayo pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco judicializó el caso por presuntas irregularidades en los peritajes realizados en el predio ubicado en Teuchitlán, Jalisco, señalado como posible centro de reclutamiento y adiestramiento criminal.
Los funcionarios investigados incluyen agentes del Ministerio Público, policías investigadores, peritos criminalistas y personal del IJCF, además de un servidor público con nivel de subdirección. De acuerdo con el fiscal estatal, Gerardo de la Cruz, hubo omisiones en la conducción de las investigaciones y en la ejecución de diligencias.
El fiscal también afirmó que al menos cuatro peritos no cumplieron con los procedimientos adecuados, y se indaga la responsabilidad del funcionario que los coordinaba. Hasta ahora, no se ha confirmado la nueva fecha para la reprogramación de la audiencia.
Respecto al acompañamiento de colectivos de búsqueda o comisiones de derechos humanos, De la Cruz reconoció que no han participado en el caso, aunque no descartó su integración en futuras etapas del proceso.
