- El empresario acudió a la CIDH tras perder litigios fiscales en tribunales mexicanos.
- Señala hostigamiento fiscal, judicial y mediático para limitar su libertad de expresión.
- Las autoridades fiscales estiman adeudos superiores a 70 mil millones de pesos.
El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se declara víctima de persecución política, luego de que sus empresas perdieran juicios fiscales iniciados hace casi dos décadas en México.
Presentación del caso en Washington
La denuncia fue expuesta en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D. C., durante una reunión con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión. En un video difundido en redes sociales, el empresario afirmó que decidió acudir a instancias internacionales por lo que considera un acoso reiterado desde espacios oficiales, particularmente en conferencias matutinas del gobierno federal.
Argumentos de la denuncia
En un comunicado, Grupo Salinas indicó que la petición solicita a la CIDH declarar la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordenar garantías de no repetición para proteger la independencia judicial, la libertad de expresión y el derecho de propiedad. El grupo sostiene que existe un uso político del aparato fiscal y un trato discriminatorio con fines coercitivos, no recaudatorios.
Antecedentes fiscales
Los adeudos fiscales de empresas como Elektra y TV Azteca escalaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el año pasado negó los últimos recursos legales. Con ello, se habilitó el cobro de impuestos que, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), superan los 70 mil millones de pesos.
Tras esos fallos, el empresario había anunciado que llevaría su caso a foros internacionales, paso que concretó con la presentación ante la CIDH.
Postura del gobierno
Desde el Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la exigencia del pago de impuestos se realiza conforme a la ley y ha acusado al empresario de mantener una confrontación política con su administración.
La presentación ante la CIDH abre una nueva etapa del diferendo, ahora en el ámbito internacional, mientras continúan las tensiones entre el grupo empresarial y el gobierno mexicano.
