• Congreso capitalino aprueba reforma al artículo 127 para limitar salarios y jubilaciones
• Más de 42 mil pensionados podrían verse impactados por los nuevos topes
• Límite se fija en alrededor de 67 mil pesos mensuales para pensiones del sector público
El Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma constitucional que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas”, mediante cambios al artículo 127 de la Constitución. La medida establece límites a los salarios, jubilaciones y pensiones de funcionarios públicos, con el objetivo de reducir privilegios y promover una mayor equidad en el uso de recursos públicos.
La aprobación se realizó sin la presencia de legisladores del PAN, en el marco de su función como Constituyente Permanente, lo que permite avanzar en la validación de la minuta enviada por el Congreso de la Unión.
Posturas a favor de la reforma
Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron la iniciativa al considerar que las pensiones elevadas representan un uso indebido del poder. La diputada Xóchitl Bravo subrayó que el establecimiento de límites responde a un principio de justicia social y a la necesidad de evitar beneficios desproporcionados financiados con recursos públicos.
“No más pensiones de un millón de pesos mensuales; no más jubilaciones pagadas por el pueblo. Los puestos públicos son encargos; son una responsabilidad frente a la nación, no una puerta de entrada para garantizar una pensión de privilegios de por vida”, afirmó.
En la misma línea, la diputada Elvia Estrada señaló que la reforma busca corregir desigualdades, ya que la mayoría de las personas jubiladas en el país enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas, en contraste con pensiones elevadas en el sector público.
El diputado Ernesto Villarreal, del PT, indicó que en administraciones anteriores se generaron estructuras que favorecieron a unos cuantos con beneficios excesivos, mientras la mayoría accedía a ingresos limitados.
Críticas y preocupaciones de la oposición
Desde Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza respaldó la necesidad de establecer límites, al señalar que algunas pensiones superan hasta en 149 veces el promedio nacional. No obstante, advirtió que la propuesta no garantiza justicia intergeneracional.
“Mi generación trabaja hoy para pagar las pensiones de las generaciones que nos antecedieron, pero no tenemos asegurado cómo se van a financiar nuestras pensiones, ni siquiera tenemos asegurado si nos vamos a pensionar”, expresó.
Por su parte, el diputado del PRI, Omar García, consideró que, aunque el objetivo es válido, modificar acuerdos previos puede generar incertidumbre jurídica.
“Reconocemos que es necesario ajustar las pensiones públicas, entendemos la importancia de evitar excesos y escuchamos la exigencia ciudadana de mayor austeridad. Pero también estamos convencidos de que estos objetivos deben de lograrse sin destruir la certeza jurídica sin pisotear derechos adquiridos y sin abrir la puerta a conflictos constitucionales”, puntualizó.
Impacto nacional y alcance de la reforma
A nivel federal, la modificación al artículo 127 impactaría a más de 42 mil jubilados de instituciones como Pemex, CFE, Nafin, Banobras, Banrural, Bancomext y la extinta Luz y Fuerza del Centro, cuyas pensiones actualmente superan los nuevos límites.
De acuerdo con el nuevo esquema, las jubilaciones del sector público no podrán exceder la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal. Con base en cifras actuales, esto implica un tope aproximado de 67 mil 145 pesos mensuales.
La reforma también establece que las entidades públicas deberán revisar sus contratos y esquemas de pensión para ajustarlos al nuevo marco legal, en un plazo máximo de 90 días.
Excepciones y criterios aplicables
Quedan fuera de esta medida las Fuerzas Armadas, así como las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales, esquemas sindicales complementarios y la pensión no contributiva establecida en la Constitución.
Asimismo, se señala que los beneficios otorgados bajo el régimen anterior se mantendrán en los términos en que fueron reconocidos, aunque deberán sujetarse a los nuevos límites cuando corresponda.
Avance en entidades federativas
La reforma ya ha sido aprobada por congresos estatales como los de Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz, Chiapas y San Luis Potosí, como parte del proceso para su validación constitucional.
En estas entidades, legisladores han destacado que la medida busca eliminar privilegios, fortalecer la austeridad y redirigir recursos públicos hacia programas sociales y prioridades nacionales.
