El título de esta columna, además de una frase, es una descripción que le escuche hace poco más de un año a una política de Morena y actual integrante del gabinete presidencial cuando, en un desayuno, le preguntaron si creía que Luisa María Alcalde sería llamada a ocupar algún cargo en el equipo de la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum. “No lo creo –dijo la enterada mujer del obradorismo— Ni es muy cercana ni de confianza de la doctora, pero además Luisa no es de mucho trabajo ni da buenos resultados en los cargos”.
La descripción de aquel momento me vino a la mente ayer al confirmarse la salida de la actual dirigente de Morena, quien dejará su cargo en las próximas horas y será relevada, como ella misma lo dijo públicamente, por decisión de la presidenta. Porque, según Alcalde, quien subió un video la semana pasada enojada y en tono molesto ante los rumores y versiones insistentes de su salida, Sheinbaum era “la única” que podía removerla de la presidencia de ese partido si la invitaba a irse a otro cargo público, adjudicándole en los hechos y con total imprudencia, el papel de “jefa política” del partido gobernante a la presidenta.
Y es que la trayectoria política de Luisa Alcalde está marcada más por el impulso y el apoyo del ex presidente López Obrador, que ya sabemos privilegiaba la lealtad sobre la capacidad o el conocimiento, que por sus méritos, logros o resultados en el quehacer político y público. La amistad tan cercana que tuvo con el abogado Arturo Alcalde y con Bertha Luján, hizo que el ex presidente adoptara políticamente a las dos hijas del matrimonio a las que impulsó fuertemente desde su Presidencia.
Luisa pasó de ser la imagen juvenil en los spots de Morena, en los inicios del partido en 2015, a convertirse en diputada federal plurinominal de Movimiento Ciudadano, también con el apoyo de López Obrador que en ese entonces estaba aliado con Dante Delgado. Sus antecedentes en el obradorismo se remontaban al 2005 y 2006 cuando participó en las marchas contra el desafuero y luego en la toma del Paseo de la Reforma tras la cerrada elección presidencial de aquel año y el apretado triunfo de Felipe Calderón, que fue desconocido por Obrador y calificado de “fraude”.
Con la llegada al poder de Andrés Manuel la suerte le sonrió a la menor de las hijas de los Alcalde, quien con apenas 31 años y sin mayor experiencia política fue nombrada secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, un ámbito que conocía a través de su padre, experimentado abogado laborista que ahora tenía una hija justo en la dependencia que lleva los conflictos laborales y sindicales en el país.
Cinco años pasó al frente de la STyPS y le tocó participar en la Reforma Laboral que llevó a cabo el Congreso, como parte de las exigencias que Estados Unidos le impuso a México en la renegociación del actual TMEC en 2018. Senadores que en ese momento estaban el cargo y que participaron en la elaboración, discusión y aprobación de las nuevas leyes laborales, que entre otras cosas garantizaron el derecho a la libre sindicalización y la obligatoriedad de realizar elecciones democráticas y por voto directo de los trabajadores para elegir a los líderes sindicales, comentaban en esa época que “Luisa se para el cuello con los cambios laborales, pero nunca se involucró a fondo en el proceso, todo lo hicimos en el Senado y ella rara vez se presentaba a los trabajos”.
En una ocasión, siendo secretaria del Trabajo, visitó la mina de Pasta de Conchos, donde murieron 63 mineros atrapados en 2006, durante el gobierno de Vicente Fox y cuando Felipe Calderón aún era el secretario de Energía. Encabezó una reunión con directivos del Grupo México y con técnicos e ingenieros extranjeros que coordinaban las labores para el rescate de los cuerpos que quedaron sepultados desde aquel año. Terminada la reunión, las madres y esposas de los mineros, que no habían sido invitadas al encuentro a puerta cerrada, la esperaron para exigir que también dialogara con ellas.
Alcalde aceptó verlas unos minutos y les explicó en que iban los avances para intentar el rescate y cuando, antes de irse, las mujeres una foto con ellas, la secretaria se negó a tomársela porque “no se vayan a enojar los empresarios”, en alusión a la presencia de los directivos del Grupo México, empresa de Germán Larrea, que en 2007, autorizado por el gobierno de Felipe Calderón, decidió suspender las labores de búsqueda y rescate de los mineros atrapados, con el argumento de que era imposible llegar hasta donde estaban, y luego, en noviembre de 2018, antes de la llegada de López Obrador, ordenó sellar las bocas de la mina con concreto.
De hecho, en los cinco años que Luisa María Alcalde coordinó los trabajos de CFE para lograr el rescate de cuerpos no se logró avanzar ni se rescató ningún resto, y fue hasta junio de 2024 cuando se logró llegar hasta los primeros restos de un minero; luego ya en 2025 en el actual gobierno se logró rescatar a más mineros y apenas el pasado viernes se informó de la recuperación de otro cuerpo más de un minero, para un total de 26 cuerpos rescatados de los 65 mineros que murieron en aquella lamentable tragedia.
Tras su paso por la Secretaría del Trabajo, y en medio de versiones de conflictos de interés por la participación del despacho de su padre en temas laborales, Luisa María fue promovida otra vez por el ex presidente, que la envío en junio de 2023 a la Secretaría de Gobernación a sustituir a Adán Augusto López, que se iba como “corcholata” en busca de la candidatura presidencial de Morena. Su paso de más de un año en Segob fue, por decir lo menos, gris y sin resultados importantes en temas sustantivos de la secretaria como la búsqueda de desaparecidos, amén de que nunca dialogó con la oposición ni tenía interlocución con actores políticos o con el Congreso.
De hecho, Luisa María Alcalde ordenó modificar los criterios para la integración del padrón nacional de personas desaparecidas y pidió revisar el censo oficial que en ese momento registraba 112 mil mexicanos en calidad de desaparecidos. En marzo de 2024, la entonces secretaria de Gobernación declaró que la nueva cifra de desaparecidos oficial en el país era de 99 mil 729 personas y que “la mayoría de las desapariciones reportadas y registradas son ausencias voluntarias”.
La maniobra y las declaraciones insensible de la titular de Segob molestaron y fueron criticadas por los colectivos de Madres Buscadoras y por especialistas que denunciaron un intento de “rasurar” los padrones de víctimas de desaparición para reducir la cifra oficial a partir de simples indicios de localización. Fue tal la polémica que la entonces Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, que llevaba ya seis años en el cargo, renunció intempestivamente en agosto de 2024 y varios meses después declaró que había dejado el cargo “por diferencias sustantivas” con los nuevos criterios de Alcalde y del gobierno de López Obrador que buscaban la reducción de los registros.
Pero como su lealtad seguía siendo, no del 90 sino del 100%, a pesar de sus nulos resultados y de su fracaso como interlocutora política, Luisa María no sólo terminó el pasado sexenio despachando en Bucareli sino que, otra vez de la mano del ex presidente, fue propuesta para ocupar la dirigencia nacional de Morena en donde se supone, haría mancuerna con el hijo del ex presidente y presunto “heredero político” del movimiento fundado por su padre, Andrés Manuel López Beltrán.
La relación entre ambos comenzó a tener fricciones y choques tras los resultados negativos que entregaron en los comicios locales de Veracruz y Durango donde Morena, si bien mantuvo posiciones importantes, retrocedió en municipios gobernados en la entidad veracruzana, por rupturas y pleitos que fueron aprovechados por el PT, mientras que en Durango Luisa y Andy no pudieron con la operación del gobernador priista Esteban Villegas. A partir de esos resultados y tras una polémica entrevista en la que López Beltrán se quejaba de que le dijeran “Andy”, las diferencias entre ambos se hicieron públicas y notorias y el propio Andy llegó a acusar en privado a Luisa de meterle el pie en temas del partido, como en aquel Consejo Nacional que convocó a finales de julio de 2025, mientras él estaba de vacaciones en Japón.
Ayer, con el único mérito de haber avanzado en la afiliación masiva de militantes de Morena, aprovechando los programas sociales y sus padrones de beneficiarios, arreciaron las versiones de que Luisa María Alcalde dejará la presidencia morenista para dar paso a la llegada de la actual secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, tal y como lo publicamos en esta columna desde el pasado 5 de marzo. Se habló también de la salida de Andy López Beltrán, todo en medio de la llegada de Citlali Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones del partido, por decisión de la presidenta Sheinbaum.
Veremos si otra vez, como lo hizo el sexenio pasado, Luisa vuelve a caer parada y la premian con otro cargo público, a pesar de sus malos resultados. Lo que es un hecho es que el padrinazgo de su mentor político ya no le alcanzó para seguir en el partido y que, como la describió aquella compañera militante suya, Alcalde vuelve a dejar su actual cargo en medio de señalamientos de “poco trabajo y menos resultados”.
NOTAS INDISCRETAS…Todo indica que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, será puesta en la picota por el gobierno federal, tras el caso de los dos agentes de la CIA que resultaron muertos, junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación, en un accidente de auto cuando participaban en labores de detección de laboratorios de droga clandestinos en la sierra chihuahuense. El que los agentes estadunidenses estuvieran participando en operativos de investigación en territorio mexicano, sin el conocimiento o autorización del gobierno federal, o al menos eso es lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum, a la que agarraron en curva el lunes cuando le preguntaron por los hechos y dijo no está informada, es un tema más que delicado porque supone una acción inconstitucional aceptada por el estado de Chihuahua en su territorio. Tanto el NYT como el Washington Post han confirmado que sí se trató de dos agentes de la CIA los que murieron en el accidente, mientras que periodistas locales dicen que se trata de agentes estadunidenses adscritos al Consulado de Estados Unidos en Monterrey y que realizan investigaciones no sólo en Chihuahua, sino también en Nuevo León y en otros estados fronterizos. A estas alturas, la versión oficial de la Fiscalía de Chihuahua, de que los dos agentes estadunidenses no participaban en ningún operativo formal y que “sólo le pidieron ride” al director de la Agencia estatal, ha quedado totalmente desmentida y es un hecho que desde Morena ya empiezan a perfilar una comparecencia obligada para llamar a cuentas a la gobernadora y que explique si autorizó la presencia y participación estadunidense en su estado en operativos antinarcóticos, aunque la misma Maru Campos anoche ya pedía audiencia con la presidenta Sheinbaum para explicarle lo que dijo será “un informe detallado de la Fiscalía estatal”. Si ya la gobernadora panista de Chihuahua estaba en la mira de Morena, que se apresta a arrebatarle el estado en las elecciones estatales de 2027, con este tema seguramente buscarán debilitar aún más a la mandataria panista que, según dicen en Chihuahua, parece ya haber entregado el estado sin siquiera meter las manos…El reciente reportaje de El Universal, sobre el financiamiento de la fundación Bloomberg Philantrophies a organizaciones civiles mexicanas puso sobre la mesa algo que en los pasillos del poder se comenta desde hace años, pero pocos se atreven a documentar: la mano extranjera que se esconde detrás de los cambios de políticas públicas en México. Según los documentos a que tuvo acceso El Gran Diario de México, la fundación Bloomberg Philanthropies habría inyectad, alrededor de 300 millones a El Poder del Consumidor de Alejandro Calvillo, para impulsar cambios regulatorios, impuestos y restricciones al consumo. Si ya la cantidad de dinero parece mucha, cuando se revisan los temas en los que esa organización ha influido en los últimos años, el asunto se vuelve aún más interesante: el etiquetado frontal (2018-2020), el impuesto a bebidas azucaradas (desde 2013), las restricciones a publicidad infantil (2014-2024), la ofensiva contra el tabaco (2021-2023) y ahora el empuje contra alcohol y vapeadores (2024-2026), son algunos de los temas en los que EL poder del Consumidor tuvo gran influencia haciendo lobbyng con políticos, congresistas y funcionarios federales, curiosamente siempre en el mismo sector de la salud. El patrón se repitió en cada caso e incluso los mismos actores: financiamiento, campañas, “evidencia”, litigio y después presión. Un modelo bien aceitado que no solo influye en la opinión pública, sino que termina moldeando leyes, impuestos y regulaciones. Pero lo verdaderamente de este modus operandi es lo que sugieren los documentos: triangulación de recursos, intermediarios para evadir reglas de cabildeo y pagos a exfuncionarios que antes de autorizar los cambios fueron ellos mismos quienes diseñaron las mismas políticas que después modificaban. Es decir, una maquinaria completa y entonces el tema ya no parece tan sanitario y se torna mucho más político. ¿Quién define en realidad la agenda regulatoria en México? ¿El Estado mexicano o una red de organizaciones financiadas desde el extranjero? Y mientras todo eso pasa el Congreso de la Unión parece mirar hacia otro lado. Las Cámaras de Diputados y Senadores, los que votan impuestos y regulaciones, guardan un silencio que suena a complicidad. Y es que quienes integran Comisiones legislativas de Salud, Economía y Hacienda, lejos de pedir explicaciones callan y el silencio también habla. Y arriba, en Palacio Nacional, la duda es inevitable: ¿está al tanto la presidenta Claudia Sheinbaum de estos flujos de dinero, de estas alianzas y de su impacto en decisiones públicas? Porque si lo sabe, es una política asumida. Y si no, es que alguien opera por debajo del radar. En cualquier caso todo esto ya no se trata de salud pública sino de poder…Ruedan los dados. Escalera Doble y seguimos subiendo.
