• La FGR analiza solicitudes de extradición enviadas por Estados Unidos contra 10 mexicanos
• Sheinbaum insiste en que sólo con pruebas contundentes se puede proceder legalmente
• Cuestiona la evidencia presentada y reafirma la defensa de la soberanía nacional
Postura del gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó una posición clara frente a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante su conferencia del 30 de abril, la mandataria sostuvo que cualquier acción debe sustentarse en pruebas sólidas conforme al marco legal mexicano. “Mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía”, afirmó.
Precisó que si la Fiscalía General de la República recibe evidencia “contundente e irrefutable” o encuentra elementos de delito, deberá actuar conforme a derecho. Sin embargo, advirtió que, en ausencia de pruebas claras, las imputaciones tendrían un trasfondo político. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, subrayó.
Proceso legal y revisión de extradiciones
La presidenta informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía para su análisis.
De acuerdo con la legislación mexicana, corresponde a la FGR determinar si existen elementos probatorios suficientes para proceder. Además, abrió una investigación paralela para verificar si las acusaciones cuentan con sustento legal que permita solicitar órdenes de aprehensión.
El gobierno federal reiteró que el sistema penal acusatorio exige pruebas firmes y verificables, por lo que no bastan declaraciones o señalamientos sin respaldo.
Cuestionamientos a las pruebas presentadas
Sheinbaum también puso en duda la evidencia difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, particularmente un documento con presuntos registros de sobornos.
“Esta es la prueba que ponen ellos… ‘Juanito, 30 mil pesos’. Es una hoja de papel”, expresó al mostrar el material. Añadió que los testimonios incluidos en el expediente no identifican a los testigos, lo que genera incertidumbre sobre su validez.
Indicó que no se juzgará anticipadamente el caso, pero insistió en que toda acusación debe sostenerse con pruebas contundentes conforme a la ley mexicana.
Defensa de la soberanía nacional
La mandataria fue enfática al rechazar cualquier tipo de injerencia extranjera en asuntos internos del país. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, declaró.
Reiteró que México mantiene relaciones internacionales bajo principios de igualdad y no subordinación, y que el Estado de derecho debe prevalecer con base en pruebas y procedimientos legales.
Antecedentes y contexto del caso
Las acusaciones de autoridades estadounidenses vinculan a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción conocida como “Los Chapitos”. Según el expediente, habrían facilitado operaciones delictivas y el traslado de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos.
Entre los señalados se encuentran funcionarios en activo y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, quienes enfrentarían cargos por narcotráfico, armas y conspiración, con posibles penas de hasta cadena perpetua en caso de ser procesados en Estados Unidos.
Por su parte, Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones, al asegurar que carecen de sustento y calificarlas como un ataque político.
Referencia al caso Cienfuegos
Sheinbaum recordó el antecedente del general Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 en Estados Unidos y posteriormente liberado en México por falta de pruebas.
Señaló que este caso demuestra la importancia de sustentar cualquier acusación con evidencia sólida antes de proceder judicialmente.
Finalmente, reiteró que será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar la viabilidad legal del caso, con base en pruebas y conforme a la legislación mexicana.
