- El máximo tribunal determinó que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
- La resolución deja sin efectos la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025.
- Tras el fallo, el presidente estadounidense llamó al Congreso a impulsar una reforma para eliminar este derecho.
La Corte Suprema ratifica la protección constitucional
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas que se encuentran en el país de manera irregular o con visas temporales. El tribunal concluyó que este derecho está protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y no puede modificarse mediante un decreto presidencial.
En su resolución, la mayoría de los magistrados sostuvo que “los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'”, por lo que “son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda”.
La decisión reafirma una interpretación constitucional vigente desde hace más de 150 años, según la cual prácticamente toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, con excepciones limitadas, como los hijos de funcionarios diplomáticos.
Una votación dividida en el máximo tribunal
El fallo fue aprobado por cinco votos contra cuatro. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, respaldada por jueces de tendencias conservadoras y liberales.
En el documento, Roberts destacó la importancia histórica del derecho a la ciudadanía al señalar:
“La ciudadanía, entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy mantenemos esa promesa”.
Por su parte, el juez Brett Kavanaugh expresó un desacuerdo parcial al cuestionar una interpretación amplia de la cláusula de ciudadanía, aunque tampoco respaldó la orden ejecutiva impulsada por Trump. Además, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch votaron en contra de la decisión mayoritaria.
El fallo también retoma el precedente establecido en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark (1898), que consolidó el principio de ciudadanía por nacimiento en el país.
La orden de Trump queda sin efecto
Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió eliminar la ciudadanía automática para los hijos de migrantes en situación irregular. Esa propuesta se convirtió en una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, el mismo día en que inició su segundo mandato.
La medida, denominada “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense”, instruía a las agencias federales a dejar de reconocer como ciudadanos a determinados niños nacidos en Estados Unidos 30 días después de su entrada en vigor.
De acuerdo con estimaciones analizadas por la Corte, la disposición habría afectado aproximadamente a 255 mil menores cada año.
El máximo tribunal concluyó que cualquier persona nacida en territorio estadounidense y sometida a las leyes del país entra dentro del alcance de la ciudadanía por nacimiento, por lo que la orden ejecutiva queda anulada.
Familias impugnaron el decreto
La impugnación fue presentada por familias afectadas que argumentaron que la orden privaba de manera ilegal a sus hijos de un derecho garantizado por la Constitución y por la legislación federal.
Previamente, un tribunal federal en New Hampshire había concedido una medida cautelar al considerar que los demandantes tenían altas probabilidades de demostrar que la orden violaba la Decimocuarta Enmienda y la ley federal 8 U.S.C. § 1401(a).
La decisión de la Corte Suprema también tiene consecuencias para miles de menores nacidos en familias con distintos estatus migratorios, ya que mantiene su acceso a derechos y beneficios como el Seguro Social y los servicios de salud.
Trump insiste en cambiar la ley
Donald Trump asistió personalmente en abril a la audiencia pública donde la Corte Suprema analizó la legalidad de su orden ejecutiva, un hecho poco común para un presidente en funciones.
El mandatario ha sostenido que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada de forma incorrecta y ha afirmado que Estados Unidos es el único país que concede automáticamente la ciudadanía por nacimiento, una afirmación que ha sido desmentida debido a que alrededor de una treintena de países mantienen ese principio jurídico.
Asimismo, Trump ha defendido que la enmienda, aprobada tras la Guerra Civil para revertir el fallo “Dred Scott contra Sanford” de 1857 y garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes, únicamente buscaba beneficiar a ese grupo.
Tras conocerse la resolución judicial, calificó la decisión como “lamentable” y pidió al Congreso impulsar una legislación que elimine la ciudadanía por nacimiento.
“El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!”, escribió en Truth Social.
El presidente también aseguró que su objetivo aún puede concretarse mediante una ley del Congreso y sostuvo:
“Podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación —con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso—. ¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!”.
