- Luisa María Alcalde negó haber elaborado una “lista negra” de periodistas y afirmó que presentó un análisis sobre un supuesto ecosistema de amplificación artificial en redes sociales.
- La funcionaria aseguró que aparecer en el material no implica formar parte de una operación coordinada, ni significa que un periodista o medio financie bots o cuentas anónimas.
- Periodistas y organizaciones cuestionaron la exposición pública de nombres y advirtieron sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y el ejercicio de la crítica.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, rechazó haber elaborado una “lista negra” de periodistas o medios de comunicación durante la emisión del programa “Derecho de Réplica” del 12 de agosto.
A través de un video publicado en redes sociales, la funcionaria explicó que la información presentada en Palacio Nacional correspondió a un análisis sobre un supuesto ecosistema digital que, según el Gobierno de México, amplifica de manera artificial determinados contenidos y tendencias en redes sociales.
Alcalde sostuvo que la aparición de periodistas, medios, políticos o figuras públicas en el material mostrado no significa que esas personas formen parte de una operación coordinada ni que estén involucradas en el financiamiento de cuentas automatizadas.
Funcionaria aclara qué buscaba mostrar el análisis
Alcalde explicó que una noticia, opinión o publicación puede ser difundida inicialmente por un periodista, un medio o un político y posteriormente ser retomada por cuentas anónimas.
Según su explicación, estas cuentas pueden modificar el contenido, vincularlo con determinadas narrativas y reproducirlo de manera masiva para aumentar artificialmente su alcance.
La consejera jurídica afirmó que el objetivo de la presentación era mostrar cómo se desarrolla esa cadena de difusión y no responsabilizar directamente a los autores originales de los contenidos.
Gobierno señala presencia de bots y cuentas anónimas
La funcionaria aseguró que el estudio detectó una red integrada por más de medio millón de cuentas identificadas por el gobierno como bots en distintos países.
De acuerdo con la explicación ofrecida, estas cuentas serían utilizadas para replicar mensajes de manera masiva y generar la impresión de que una determinada postura tiene un respaldo mayor al que realmente existe.
Alcalde sostuvo que el gobierno busca identificar cómo se amplifican artificialmente determinadas conversaciones y determinar si existen recursos económicos detrás de algunas de estas redes.
Alcalde niega que medios financien trolls o bots
La consejera jurídica enfatizó que la presentación no afirmó que los periodistas o medios mencionados financien directamente las cuentas automatizadas o los perfiles anónimos.
“Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político. Eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación”, explicó.
Añadió que el contenido original puede ser retomado posteriormente por cuentas externas que lo editorializan y lo conectan con otras narrativas.
La exposición provocó críticas de periodistas y oposición
La aclaración de Alcalde ocurrió después de las críticas generadas por la presentación de nombres de periodistas, medios, políticos y cuentas digitales durante el programa de “Derecho de Réplica”.
Diversos comunicadores cuestionaron que sus nombres fueran mostrados desde un espacio institucional y señalaron que una exposición de este tipo puede generar presión o estigmatización.
El partido Somos México también criticó la presentación y consideró preocupante que desde espacios oficiales se establezcan relaciones entre periodistas, analistas, opositores y supuestas operaciones digitales contra el gobierno.
La agrupación sostuvo que las autoridades tienen derecho a responder a las críticas, pero deben hacerlo mediante argumentos, datos e información, sin convertir los recursos de comunicación del Estado en mecanismos de señalamiento.
Periodistas mencionados cuestionan la estrategia
Algunos de los comunicadores incluidos en el material difundido por la Consejería Jurídica expresaron públicamente su desacuerdo.
Carmen Aristegui cuestionó la decisión de exhibir nombres de periodistas y medios desde un espacio gubernamental y planteó dudas sobre las consecuencias de ese tipo de señalamientos.
Jorge Orozco también rechazó las referencias realizadas sobre su actividad en redes sociales y solicitó un espacio para ejercer su derecho de réplica.
La periodista Nayeli Roldán defendió la labor periodística como un servicio a la ciudadanía y destacó la importancia de ofrecer información verificada y contextualizada.
El gobierno defiende el derecho a informar sobre redes coordinadas
Alcalde sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo funcionan los mecanismos de amplificación artificial de contenidos en internet.
La funcionaria afirmó que parte del análisis busca distinguir entre una conversación orgánica y una tendencia impulsada mediante cuentas coordinadas o automatizadas.
Sin embargo, la controversia se mantiene debido a que la presentación incluyó nombres concretos de periodistas, medios y figuras políticas, lo que abrió un debate sobre los límites de la comunicación gubernamental y la protección de la libertad de expresión.
El debate continúa sobre libertad de expresión y redes sociales
La discusión se centra ahora en cómo deben investigarse y comunicarse las posibles campañas de manipulación digital.
Mientras el gobierno sostiene que es necesario transparentar la existencia de redes automatizadas y posibles fuentes de financiamiento, periodistas y organizaciones advierten que señalar públicamente a personas desde plataformas oficiales requiere evidencias claras y criterios que eviten confundir la actividad periodística con una operación coordinada.
La polémica también coloca sobre la mesa la necesidad de diferenciar entre la crítica legítima al gobierno, la difusión de información falsa y las posibles campañas organizadas de manipulación digital.
