- La Suprema Corte atrajo un asunto relacionado con la Estafa Maestra para resolver una contradicción de criterios entre tribunales.
- Los expedientes incluyen investigaciones por posibles afectaciones de aproximadamente 110 y 400 millones de pesos.
- El máximo tribunal deberá determinar si la ASF puede promover amparos contra resoluciones que incidan en investigaciones por posibles daños al erario.
Suprema Corte entra al debate sobre las facultades de la ASF
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer un asunto relacionado con el caso conocido como la Estafa Maestra, en el que deberá analizar si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene legitimación para promover juicios de amparo contra determinadas resoluciones judiciales.
La decisión fue aprobada por unanimidad mediante la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 980/2026, presentada por integrantes del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte.
El caso llegó a la Corte debido a que tribunales colegiados han emitido criterios diferentes sobre la posibilidad de que la ASF utilice el juicio de amparo para impugnar decisiones que puedan afectar el desarrollo de investigaciones relacionadas con recursos públicos.
Dos interpretaciones sobre el papel de la Auditoría
Algunos tribunales han considerado que la ASF no tiene legitimación para promover estos amparos porque las resoluciones judiciales no afectan directamente su patrimonio.
Esta postura se relaciona con el artículo 7 de la Ley de Amparo, que establece los casos en los que las personas morales oficiales pueden recurrir a este mecanismo para defender su patrimonio dentro de una relación jurídica con particulares.
Otro Tribunal Colegiado, en cambio, sostuvo que la ASF puede intervenir como coadyuvante del Ministerio Público e impugnar determinadas resoluciones relacionadas con investigaciones sobre posibles afectaciones a recursos públicos, aun cuando el daño no recaiga directamente en el patrimonio de la Auditoría.
La Suprema Corte deberá determinar si existe una contradicción entre estos criterios y, de ser así, establecer cuál debe prevalecer.
Investigación por posible afectación de 110 millones de pesos
Uno de los expedientes está relacionado con Enrique González Tiburcio, quien fue subsecretario de Ordenamiento Territorial de la entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de presuntas irregularidades relacionadas con convenios celebrados en enero de 2016 con la Universidad Autónoma Indígena de México.
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, los contratos habrían generado una afectación económica cercana a 110 millones de pesos.
El 24 de mayo de 2024 se confirmó el auto de no vinculación a proceso. La ASF intentó impugnar esa resolución mediante un juicio de amparo, pero un tribunal determinó que la decisión no representaba una afectación directa al patrimonio de la Auditoría.
Otro expediente involucra 400 millones de pesos
El segundo asunto corresponde a José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas, y José Roberto Torres Gutiérrez.
El expediente deriva de un convenio firmado el 3 de abril de 2015 entre la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Politécnica de Chiapas para realizar trabajos relacionados con los comedores comunitarios.
Según el Ministerio Público Federal, el convenio involucró 400 millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino de cerca de la mitad de los recursos.
Durante el proceso, un juez de control excluyó diversos medios de prueba. Posteriormente, un tribunal determinó que la ASF no tenía legitimación para promover un amparo, debido a que no acreditó una afectación directa a su patrimonio.
Tribunal ya había reconocido facultades de la ASF en otro caso
La contradicción de criterios también está relacionada con una resolución emitida en otro expediente, que no corresponde a la Estafa Maestra.
En ese asunto, un Tribunal Colegiado consideró que la ASF sí contaba con legitimación e interés jurídico para promover un amparo relacionado con una investigación derivada de una auditoría practicada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La indagatoria se originó por posibles irregularidades en una licitación para contratar servicios integrales de limpieza e higiene.
En ese caso, el tribunal consideró que la ASF podía intervenir como coadyuvante del Ministerio Público e impugnar determinadas decisiones relacionadas con el no ejercicio de la acción penal.
¿Qué deberá resolver la Suprema Corte?
El expediente será turnado a una ministra o ministro, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia.
La SCJN tendrá que determinar si existe una contradicción entre los criterios de los tribunales y, en su caso, establecer la interpretación que deberá prevalecer sobre la legitimación de la ASF para promover juicios de amparo.
La resolución definirá el alcance de la participación de la Auditoría en investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y podrá establecer un criterio aplicable a casos similares.
