De los prospectos que hoy suenan en Morena cuando se habla de la aún lejana sucesión presidencial de 2030 hay por lo menos dos que no pasarían por el tamiz ni tendrían el visto bueno del líder y fundador de ese movimiento, el presuntamente “jubilado” Andrés Manuel López Obrador.
El primero al que no sólo no apoyaría sino que rechazaría y hasta podría combatirlo internamente, es sin duda Omar García Harfuch, el poderoso secretario de Seguridad y hombre de confianza de la presidenta Sheinbaum, y a quien López Obrador no quiere ni acepta al grado de que ya le impidió ser candidato a Jefe de Gobierno de la CDMX, a pesar de que ganó con 16 puntos de ventaja las encuestas internas de Morena, pero por capricho y orden del entonces presidente se impuso como candidata a la actual Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
La animadversión que siente el expresidente por García Harfuch es de sobra conocida y a la desconfianza que siempre le tuvo, porque lo ubica como “gente de García Luna”, se suma ahora la afirmación de López Obrador y de sus hijos, de que el jefe del Gabinete de Seguridad es quién se encarga de vigilar y espiar a los López Beltrán en sus movimientos, por lo que en la familia del expresidente acusan que Omar “trabaja para el gobierno de los Estados Unidos”.
Pero el popular secretario de Seguridad no es el único a quién Andrés Manuel vetaría, llegado el momento, para la sucesión presidencial en Morena. El otro al que nunca apoyaría el expresidente es Marcelo Ebrard Casaubon. El secretario de Economía de la doctora Sheinbaum tiene más de tres años que no tiene comunicación alguna con López Obrador, para ser precisos desde aquel 6 de septiembre del 2023 cuando Marcelo se rebeló ante el resultado de las encuestas internas que le dieron el triunfo a Sheinbaum y no asistió a la conferencia del World Trade Center donde se presentó a la doctora como la virtual candidata presidencial de Morena.
La ausencia de Marcelo en aquel anuncio fue tomado por AMLO como una falta de lealtad, según ha comentado el exmandatario a cercanos suyos. “Marcelo traicionó mi confianza y confirmó que él solo trabaja para sí mismo y no para el movimiento”, comentó López Obrador a un personaje de su confianza, a quien también le habría enumerado otras “traiciones y deslealtades” que le achaca a Ebrard desde 2006 cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Según Andrés Manuel, Marcelo no lo apoyó después del fraude que él denunció en las elecciones presidenciales de aquel año y por el contrario, lo acusa de haberse aliado con el entonces presidente Felipe Calderón. “No nos ayudó en nada mientras estuvo en el gobierno de la ciudad, se dedicó a trabajar sólo para su imagen y promoviéndose para la Presidencia”, comentó el exmandatario quien también le atribuye a Ebrard el haberse aliado con sus enemigos “Los Chuchos” para que lo impulsaran a la nominación presidencial de 2012, en la cual, por cierto, al final Marcelo dejó pasar a López Obrador, a pesar de que él había ganado 2 de las 3 encuestas que mandó a levantar el PRD.
Incluso le reprocha que mientras él y muchos otros que lo siguieron estaban luchando por fundar a Morena, Marcelo nunca se apareció en los trabajos para la creación y promoción del movimiento porque en ese tiempo se había ido a radicar a Francia, luego de haber recibido amenazas del gobierno de Peña Nieto por el tema de las fallas en la construcción de la Linea 12 del Metro.
En todo caso, lo que ha dejado claro el inquilino de “La Chingada” a quienes han platicado con él, es que no le tiene ninguna confianza a Marcelo Ebrard y no apoyaría en ningún caso sus intenciones de buscar, otra vez, ser candidato presidencial de Morena. “Marcelo no es de fiar y no garantiza la continuidad del movimiento”, dijo tajante López Obrador a quienes han hablado con él en su retiro.
¿Y entonces? Si los que se ven como dos de los aspirantes más moderados y competitivos para Morena en 2030 no son bien vistos por el “tlatoani”, ¿quiénes quedarían como cartas para la sucesión en el partido gobernante que sí vea bien el amado líder. La respuesta son solo nombres de personajes del ala radical del morenismo: desde Ariadna Montiel, la actual dirigente del partido gobernante; hasta la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, o incluso la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada. Y ya si se quiere pensar en un hombre, Martí Batres, director del ISSSTE estaría más que apuntado.
Más allá de los vetos de AMLO o del papel que vaya a jugar la presidenta Sheinbaum en la sucesión, lo que estará en juego en la batalla interna en Morena por el 2030, que arrancará pasando las elecciones del 2027, es la lucha intestina entre los moderados, que cada vez son menos, contra los radicales o duros del morenismo, que cada vez tienen más fuerza y control en el partido gobernante. Al país no le conviene ahondar en el radicalismo de la izquierda morenista y a ellos, como marca, tampoco les hace ningún favor, sobre todo con la presión estadounidense para alinear a toda América Latina hacia la derecha.
En fin, que falta tiempo aún, pero por lo pronto, si López Obrador influirá, como de hecho lo sigue haciendo, en la próxima sucesión presidencial, hoy no sabemos todavía por quién se decantaría el líder máximo; aunque sí ya sabemos quiénes son los dos aspirantes que nomás no dejaría pasar el habitante de La Chingada.
NOTAS INDISCRETAS…
Históricamente en la política mexicana, desde la era del PRI y del PAN, y mucho menos bajo los sexenios de Morena, es algo común que un político de este país salga a reconocer públicamente que se equivocó y a ofrecer explicaciones a los ciudadanos. Por eso es destacable lo que hizo ayer el gobernador emecista de Jalisco, Pablo Lemus, quien, ante la crisis política que le generó su desatención al problema del agua puerca y contaminada que reciben los habitantes de la capital de su estado y que se le agravó con la represión brutal contra la marcha ciudadana del pasado domingo, decidió salir a rectificar en un video que subió a sus redes sociales, en el que reconoce que su policía se excedió en el uso de la fuerza y cometió abusos y violaciones graves contra los manifestantes que lo único que exigían era su derecho a recibir agua potable y de calidad, como lo dice la Constitución mexicana y lo confirman criterios de la Suprema Corte de la Nación. “Antes que Gobernador soy persona y en la vida hay que saber reconocer y corregir. Todas las personas detenidas por la manifestación ya recuperaron su libertad. Personalmente he revisado decenas de videos de la manifestación frente a Casa Jalisco y debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias, que en el momento más crítico se salió de control. Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia (…) Como Gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto. Siempre hemos dicho que el que la hace la paga y eso también aplica para los de adentro”, dijo Lemus al anunciar una investigación interna sobre la actuación excesiva de la policía. Al final también aseguró que no se privatizará el servicio de agua potable, ni se aumentarán tarifas o se contratará más deuda, mientras negaba que se vaya a concesionar el servicio a una empresa israelí. Lo dicho, no es común ni costumbre de los políticos mexicanos salir a reconocer públicamente sus fallas y errores. Se ve claro que a Lemus la crisis política por el tema del agua y la represión le pegó fuerte, pero también se ve todavía más claro que mientras a nivel federal la presidenta Sheinbaum y sus directores de Conagua y de Semarnat y Profepa no asumen ninguna responsabilidad en el problema del agua contaminada que reciben los habitantes de la segunda ciudad más grande del país, al menos el emecista tuvo el valor de rectificar, mientras otros ni siquiera reconocen los problemas…Y hablando de gobernadores, el de Oaxaca, Simón Jara, sigue avanzando su propuesta de promover una nueva Constitución para su estado. Jara argumenta que cambiar el texto constitucional de su entidad sería “un acto de reivindicación para los pueblos, porque se reconoce la grandeza de los 16 pueblos originarios y del pueblo afromexicano, además de fortalecer sus derechos y garantizar que el Estado respete su autonomía y sus decisiones”. Por eso el mandatario confirma que ya hay en el Congreso del Estado una propuesta de reforma integral a la Constitución de Oaxaca que, afirma, “se construyó a partir de la voz y la participación de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños”. En un estado con tantos contrastes culturales y sociales, además de problemas de seguridad, como Oaxaca, la nueva Constitución, según el gobernador, propone fortalecer a las policías municipales y a los ayuntamientos para que tengan mejores herramientas para poner orden y mantener la paz, fortaleciendo a los gobiernos municipales para que en conjunto se puedan implementar mejores acciones en materia de seguridad. De hecho, el tema de la nueva Constitución tabasqueña fue abordado por el gobernador Jara con la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, que el pasado fin de semana estuvo de visita en la capital oaxaqueña…Y hablando de Oaxaca y del gobernador, vaya que Salomón Jara tendría que revisar la actuación de su consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero. Y es que el abogado que debiera resolverle problemas al gobierno estatal, más bien se dedica a creárselos. Vásquez Sagrero no sólo acumula varios fracasos en los tribunales a la hora de litigar los asuntos del estado, sino que además fue él quien impulsó a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Berenice Ramírez, quien tuvo que ser depuesta en agosto de 2025 por problemas de endeudamiento e incapacidad en el cargo. Al consejero jurídico oaxaqueño también lo han señalado de tener participación o conocimiento de la red de despojo que opera desde el Instituto de la Función Registral del estado, y su nombre aparece en las investigaciones sobre el tema. Y para colmo, Geovany Vásquez se ha convertido en un censor y hostigador de la prensa crítica en Oaxaca y hasta de activistas y opositores. El ejemplo más reciente de ello fue la embestida mediática y declarativa contra el corresponsal de EL UNIVERSAL en ese estado, Juan Carlos Zavala, quien publicó un reportaje documentado en el que exhibía las investigaciones a varios funcionarios de la Consejería Jurídica por el tema de los despojos. Lejos de salir a dar una aclaración por los señalamientos de corrupción a sus colaboradores, el consejero Geovany utilizó la conferencia mañanera del gobernador para estigmatizar y denostar al periodista, intentando con ello desacreditar su reportaje. Quizás por eso en un video que grabó antes de ser brutalmente asesinado el pasado mes de julio en la ciudad de Oaxaca, el periodista Alejandro Leyva mencionaba el nombre del consejero jurídico Vásquez Sagrero y lo responsabilizaba de cualquier ataque o agresión en su contra. Con ese consejero, el gobernador Jara para qué quiere enemigos…En la Ciudad de México y en más de 17 estados del país, trabajadores del IMSS salieron a las calles para denunciar las malas condiciones laborales que enfrentan por la falta de medicamentos e insumos para hacer su trabajo, y también por el cacicazgo y charrismo del dirigente nacional del Sindicato del IMSS, Rafael Olivos Hernández, a quien acusan de no representar los intereses de los trabajadores y de haber incluso amenazado y censurado a quienes denunciaban las malas condiciones en que opera el Seguro Social. Los contingentes fueron nutridos en la Ciudad de México, donde a los trabajadores del IMSS se sumaron grupos de la CNTE, del Sindicado del Metro, del Sindicato de Pemex y de los electricistas, mientras que en los estados de la República también se vieron marchas numerosas que documentan la crisis que vive el IMSS y todo el sector salud por la falta de presupuesto y el desabasto de medicamentos. Ayer la presidenta Sheinbaum dijo que atenderán las demandas y peticiones de los trabajadores del Seguro Social, pero negó que exista “una crisis en todo el sector salud”. Sería bueno que la doctora saliera un poco de su burbuja y, nomás por no dejar, acudiera un día a ser atendida en un hospital o clínica de cualquier institución pública. Y aun cuando ya comenzó a recorrer los hospitales y clínicas públicas y a platicar directamente con sus trabajadores y directivos, que le expusieron las mismas quejas que hoy tienen en la calle a los sindicalizados del IMSS, la Presidenta se niega a reconocer que sí hay una crisis grave en la salud pública. Dicen que para resolver un problema, primero hay que empezar por reconocerlo, pero a la doctora, en su mundo de caramelo donde “Vamos muy bien”, simplemente se niega a reconocer la crisis; así difícilmente podrá resolverla…Los dados mandaron Escalera Doble. Subida automática.
