— La detención de Berenice «N» reabre el expediente de Camargo, donde 19 personas fueron asesinadas en enero de 2021.
— El exgobernador presentó a los GOPES cinco meses antes de los crímenes, con 150 agentes, helicópteros, drones y vehículos blindados para enfrentar a grupos criminales.
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.— En agosto de 2020, el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presentó públicamente a los GOPES como una nueva fuerza de élite para combatir a la delincuencia organizada. Cinco meses después, integrantes de esa corporación participaron en la masacre de 19 personas en Camargo. Hoy, más de cinco años después, las detenciones relacionadas con aquel crimen continúan.
La más reciente ocurrió el 26 de octubre, cuando agentes de la Policía de Investigación capturaron en la colonia Albañiles de Altamira a Berenice «N», alias La China o La Sheena, exintegrante de la Policía Estatal vinculada con los GOPES.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que la aprehensión responde a una orden judicial por su probable participación en homicidio calificado, relacionado con los hechos del 22 de enero de 2021. La detenida quedó a disposición de una autoridad judicial, sin que el comunicado precisara su presunta intervención individual.
En Camargo fueron asesinados 16 ciudadanos guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos. Las víctimas transitaban hacia Estados Unidos cuando ocurrió el ataque.
Sus cuerpos aparecieron baleados y calcinados en una Chevrolet Silverado, localizada en una brecha del ejido Santa Anita. Cerca del vehículo también fue encontrada una Toyota Sequoia incendiada.
Las indagatorias establecieron la intervención de policías estatales, incluidos integrantes de los GOPES, tanto en el ataque como en las acciones posteriores para modificar la escena del crimen.
El anuncio de Cabeza de Vaca
La Dirección de Operaciones Especiales fue creada mediante decreto del 8 de julio de 2020, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con autonomía técnica, operativa y de gestión.
Un mes después, el 7 de agosto, Cabeza de Vaca encabezó su presentación en el Complejo Estatal de Seguridad Pública de Ciudad Victoria.
El mandatario anunció una fuerza de 150 agentes seleccionados y capacitados, apoyada por tres helicópteros, drones, binomios caninos, 25 vehículos blindados y bases operativas en Reynosa y Ciudad Victoria.
En aquella ceremonia declaró:
«A los delincuentes les decimos que en Tamaulipas violar la ley y atentar contra la paz de nuestro estado, poniendo en riesgo la seguridad de nuestra gente, tendrá una respuesta inmediata y enérgica del Estado».
El propósito anunciado era intervenir en operaciones de alto riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta frente a las organizaciones criminales. Sin embargo, la actuación de agentes de esa misma estructura quedó documentada posteriormente en los homicidios de Camargo.
Condenas y testimonios
El proceso penal permitió reconstruir cómo policías estatales interceptaron los vehículos en los que viajaban las víctimas. Uno de los participantes declaró que, después del primer ataque, se emitieron órdenes para matar a los sobrevivientes.
Los testimonios mencionaron a Horacio Rocha Nambo, comandante de los GOPES, y a Mayra Elizabeth Santillana, coordinadora regional de la Policía Estatal, como mandos operativos relacionados con los hechos. Ambos desempeñaban esos cargos durante el gobierno panista.
También se documentaron acciones para ocultar las circunstancias de los asesinatos y alterar la escena.
En 2023, once agentes recibieron condenas de 50 años de prisión por los homicidios. Otro policía fue sentenciado a 19 años por delitos distintos.
Las sentencias no cerraron el expediente. En septiembre de 2026 fue recapturado José Arturo Alfaro Acuña, exintegrante de la corporación, y en octubre se produjo la detención de Berenice «N».
Un historial de señalamientos
Antes y después de la masacre, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron presuntos abusos de autoridad, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza atribuidos a integrantes de los GOPES.
En Ciudad Mier, habitantes denunciaron en enero de 2021 incursiones policiales violentas y la desaparición de dos personas. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo también documentó acusaciones contra elementos estatales.
Estos antecedentes corresponden a denuncias que deben diferenciarse de las responsabilidades penales ya acreditadas en Camargo.
La CNDH emitió en octubre de 2024 la Recomendación 168VG/2024, en la que documentó graves violaciones al derecho a la vida y uso ilegítimo de la fuerza, además de afectaciones a familiares de las víctimas, incluidos menores de edad.
El organismo recomendó atención médica y psicológica, compensaciones, reparación integral y medidas para evitar hechos similares.
Al cumplirse cinco años de la masacre, en enero de 2026, la Fundación para la Justicia y otras organizaciones advirtieron que las familias todavía esperaban verdad, reparación y el esclarecimiento de las decisiones tomadas por la cadena de mando.
El fin de los GOPES
La corporación fue disuelta operativamente y sustituida por las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal. Su estructura administrativa quedó formalmente extinguida en noviembre de 2024.
No existe información judicial que acredite una orden o participación directa de Cabeza de Vaca en los homicidios. El cuestionamiento institucional se concentra en los controles y la supervisión de una fuerza especial creada durante su gobierno.
La detención de Berenice «N» vuelve a conectar aquella presentación de agosto de 2020 con las consecuencias judiciales de enero de 2021: una unidad anunciada para proteger a la población terminó involucrada en el asesinato de 19 personas, mientras las investigaciones y los reclamos de las familias siguen abiertos.
