- Latinus difundió grabaciones en las que José Alfredo Hernández Casillas advierte que resguardó información sobre Taddei en Europa, Estados Unidos y Canadá.
- Los videos exhiben desacuerdos por 62 plazas del INE y la presunta contratación de una masajista personal de una exfuncionaria.
- Las revelaciones coinciden con investigaciones de la UIF y la solicitud del INE para que la ASF revise sus contratos de la última década.
Contratista amenaza con revelar información sobre Taddei
El periodista Carlos Loret de Mola presentó en Latinus nuevos videos que muestran el deterioro de la relación entre Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor vinculado con la empresa Cajas Graf.
De acuerdo con la investigación, las grabaciones fueron realizadas por el propio contratista como respaldo ante posibles represalias. Incluso aseguró que conservaba declaraciones y materiales en Europa, Estados Unidos y Canadá.
En uno de los videos, Hernández Casillas lanza una advertencia directa a Taddei y sostiene que, si algo le sucedía, también saldría perjudicada ella y el organismo electoral.
Conversaciones revelan un acuerdo de silencio con Gobernación
En otra grabación, el empresario hace referencia a un asunto confidencial relacionado con la Secretaría de Gobernación (Segob).
Hernández Casillas reprocha que se hubiera roto un acuerdo para no divulgar información sobre ese tema y menciona que desconocía por qué se había hablado de ello.
Sin embargo, los materiales difundidos no aclaran cuál era el asunto ni quiénes más estaban involucrados.
Señalan irregularidades en 62 plazas del INE
Los videos también exponen conversaciones sobre 62 plazas que habrían sido creadas o gestionadas durante la administración de Iliana Araceli Hernández Gómez, exdirectora de capacitación electoral y señalada como parte de una presunta red de irregularidades con proveedores.
Hernández Casillas aseguró que únicamente reconocía dos de esas plazas y rechazó que todas estuvieran bajo su control.
Además, afirmó que algunas posiciones fueron dadas de baja en diciembre.
Acusan contratación de masajista de exfuncionaria
En otra parte de las grabaciones, el contratista señala que Iliana Hernández habría incorporado a la nómina del INE a una mujer que anteriormente le proporcionaba servicios de masajes.
Según su testimonio, la trabajadora prestaba servicios personales a la exfuncionaria desde que esta se desempeñaba en Oaxaca y posteriormente obtuvo un puesto dentro del organismo electoral.
Hernández Casillas aseguró que la mujer continuaba trabajando en el instituto y pidió revisar su contratación.
UIF bloquea cuentas relacionadas con proveedores electorales
Las revelaciones se producen después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporara a 40 personas, 25 físicas y 15 morales, a su Lista de Personas Bloqueadas por operaciones financieras consideradas de riesgo.
Aunque diversos reportes periodísticos señalaron que Guadalupe Taddei y los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas estarían entre los afectados, la UIF no confirmó públicamente sus identidades.
La dependencia también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El bloqueo de cuentas es una medida administrativa preventiva y no representa, por sí mismo, una declaración de culpabilidad.
INE pide a la ASF revisar contratos de la última década
El 5 de noviembre, el Consejo General del INE aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026.
La propuesta contempla conservar documentación, revisar el padrón de proveedores y habilitar mecanismos para recibir denuncias sobre posibles irregularidades.
La consejera Carla Humphrey respaldó la revisión y pidió que ningún aspecto quede fuera de la fiscalización.
Asimismo, el instituto aprobó medidas para garantizar la continuidad de los contratos necesarios para organizar las elecciones federales de 2027.
Las nuevas grabaciones amplían los señalamientos sobre presuntas amenazas, manejo de plazas y posibles irregularidades en las contrataciones del INE, mientras avanzan las investigaciones financieras y las revisiones institucionales.
