Como lo hicieron en su momento con el expresidente Peña Nieto, al que persiguieron por todo el país y hasta por varias partes del mundo, y después con el expresidente López Obrador, al que primero apoyaron y después terminaron repudiando y acusándolo de no haber querido llegar a la verdad que les prometió por proteger a los militares, ahora los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa han empezado a cuestionar a la presidenta Claudia Sheinbaum que también les ofreció en campaña retomar las investigaciones sobre la desaparición de sus hijos.
Y a unos días de que se cumplan 11 años de aquella noche triste de Iguala, donde criminales del narco, con el apoyo de policías municipales de Iguala y Huitzuco, sumada a la inacción del Ejército y la Policía Federal que supieron del secuestro de los estudiantes, pero no hicieron nada para evitarlo, el movimiento de Ayotzinapa, que ha sobrevivido ya a dos sexenios y van por el tercero, comenzarán a subir el tono de su discurso y a endurecer sus acciones ante la falta de avances en las indagatorias en este primer año de gobierno de la doctora Sheinbaum.
A pesar de que la presidenta les ha dedicado ya cinco reuniones en los que ella personalmente dialoga con ellos y les da a conocer los avances de sus investigaciones, los padres de los 43 y los normalistas de Ayotzinapa ya se preparan para conmemorar un año más sin tener la certeza de cuál fue el destino final de sus hijos y compañeros, a pesar de que el caso ha acumulado ya miles de fojas de carpetas de investigación, interrogatorios, testigos protegidos, órdenes de aprehensión, encarcelamientos y liberaciones, sin que los padres acepten las verdades oficiales que intentaron construir primero el procurador Jesús Murillo Karam, en el sexenio peñista, y luego Alejandro Encinas, en el sexenio obradorista.
Ni la llamada “verdad histórica”, que decía que a los estudiantes los levantaron criminales del cártel de Guerreros Unidos, que los asesinaron para después prenderles fuego a sus cuerpos en el basurero de Cocula, ni la otra “verdad oficial” que acusó a casi 30 militares de distintos rangos de ser responsables también de la desaparición y les libraron órdenes de aprehensión, aunque después la Fiscalía General de la República pidió al juez retirar 16 de esas órdenes, para terminar procesando solo a 14 integrantes de la Defensa, entre ellos dos generales, han logrado satisfacer ni convencer a los padres de los normalistas y todo su movimiento que este 26 de septiembre volverán a salir a las calles a exigir una verdad completa que difícilmente podrá ser alcanzada incluso en las nuevas investigaciones de este sexenio.
Porque al final los expedientes judiciales de este caso han sido tan manoseados, revisados, replanteados e incluso vueltos a realizar, que a estas alturas, 11 años después, no habrá fiscal, ministerio público o policía que pueda armar el rompecabezas completo de aquella noche en la que lo único que hoy se sabe con certeza, es que la desaparición de los normalistas fue una acción conjunta y coordinada entre el crimen organizado y las instituciones de los tres niveles de gobierno de aquel momento, que se confabularon para desaparecer evidencias de la masacre de estudiantes, otorgando con ello la razón final a quienes siempre plantearon que “fue el Estado (coludido o al servicio del narco)” el responsable de esa desaparición forzada.
A Claudia Sheinbaum el conflicto de Ayotzinapa le estalló en la cara en plena campaña presidencial, cuando los padres de los normalistas y sus abogados ya habían roto lanzas con López Obrador y descalificaban las investigaciones con las que el expresidente les había prometido, demagógicamente, que les dirían dónde estaban finalmente sus hijos. Y cuando los integrantes de este aguerrido y politizado movimiento comenzaron a perseguir a la candidata oficial, ésta no tuvo más remedio que ofrecerles, como promesa de campaña, que ella reabriría el caso y llegaría “hasta la verdad” para lo cual conformaría un nuevo equipo de investigación.
Hoy, a tres días de un aniversario más y después de cinco encuentros entre los padres y la presidenta y sus investigadores, la impaciencia del movimiento de los 43 empieza a percibirse en el tono con el que se refieren a los avances que ha logrado hasta ahora el equipo de Sheinbaum, los cuales calificaron como “escuetos” tras salir de su último encuentro con la mandataria el pasado 4 de septiembre. ¿Cuánto tiempo más le tendrán paciencia a la doctora ante las dificultades que plantea desenmarañar una investigación tantas veces reabierta y revisada? Veremos el tono de las protestas de este próximo viernes.
Por lo pronto, hubo un movimiento del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, que no les cayó nada bien a los padres de los normalistas: la integración de su abogado de los últimos 11 años, Vidulfo Rosales, como secretario de estudio y cuenta del ministro Aguilar. Apenas hace unos días se informó de la incorporación formal de Vidulfo a la Corte, con un sueldo de 118 mil pesos, y ayer los padres cuestionaban que “con Vidulfo o sin él no vimos avances en 10 años”, al tiempo que anunciaron a su nuevo abogado Isidoro Vicario Aguilar, y aclararon que no están contentos con lo que les ha informado hasta ahora la presidenta.
Es decir que si Morena y López Obrador creyeron que llegando ellos al poder se acabaría el conflicto que ellos mismos ayudaron a hacer crecer a nivel nacional e internacional, claramente se equivocaron. Los padres van por su tercer presidente y, como ya lo dejaron claro, no les importa el color o la ideología de quien gobierne, si no les da lo que ellos han demandado por 11 años –y podrían seguir por varios más–, que es una verdad complicada y casi inalcanzable que hoy pesa sobre los hombros de la presidenta, a quien no tardan en empezar a cuestionar y a confrontar también.
NOTAS INDISCRETAS… Y hablando de relaciones idílicas, la que tienen hasta ahora el gobierno de la doctora Sheinbaum y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, podría empezar a cambiar a partir del caso de los dos jóvenes colombianos que desaparecieron desde el pasado 16 de septiembre y ayer fueron encontrados muertos y con los cuerpos desmembrados, en un paraje del Estado de México. El propio Petro ya había anticipado la posible causa de la desaparición de sus ciudadanos en el mensaje que publicó el fin de semana pidiéndole apoyo a la presidenta de México, a quien por cierto no le hizo ningún favor llamándola “compañera combatiente del M19” porque esa frase le dio la vuelta al mundo refiriéndose al pasado radical de la doctora que ya había sido revelado por el mismo Petro en su visita a México para la toma de posesión de Sheinbaum. Hasta ahora la presidenta no ha confirmado ni negado su militancia en la guerrilla colombiana, a pesar de que se conoce su cercanía con Petro por la forma en que se saludaron efusivamente el 1 de octubre de 2024. El caso es que el indiscreto presidente colombiano, en su post del sábado pasado ya atribuía la desaparición de los jóvenes cantantes colombianos B King y Regio Clown, y cuyos nombres reales eran Bayron Sánchez y Jorge Herrera, al narcotráfico y su violencia que han proliferado en América Latina “por el excesivo consumo de drogas de los Estados Unidos”. Y como si Petro ya supiera en qué andaban sus dos jóvenes colombianos, ayer se confirmó, por las autoridades de la Fiscalía del Estado de México y la FGR que ambos colombianos habían sido ejecutados por la “Familia Michoacana” y que los dos vendían droga. Y aunque también había errores en su mensaje, como decir que Bayron y Jorge “desaparecieron en Sonora tras salir de un concierto”, el señor Petro se refirió a sus dos ciudadanos como “jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”. A ver cómo explica ahora que eso no era lo único que hacían en México sus dos “jóvenes hermosos”… Por cierto que no tardan en salir las colectivas de Madres de desaparecidos en México a preguntar por qué cuando se trata de jóvenes colombianos o extranjeros el gobierno federal sí actúa rápido y ofrece ayuda a otros gobiernos para encontrarlos, y cuando los desaparecidos son jóvenes mexicanos, entonces no hay ni ayuda ni compasión del gobierno. Y el reclamo tendrá mucho de razón, porque de acuerdo con una investigación del ITESO de Guadalajara, que revisó las edades de todos los desaparecidos en el país, oficialmente 120 mil, encontró que el 42% eran jóvenes de entre 14 y 29 años de edad. ¿Para esos “jóvenes hermosos” no hay presidenta que ayude a encontrarlos o que al menos se conduela del horrible dolor de sus madres, familiares y amigos? Es pregunta… los dados mandan Capicúa. Se vuelve a lanzar el tiro.
