Más de la mitad de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados recibieron recursos públicos por más de 100 millones de pesos destinados a oficinas de atención ciudadana y asistencia legislativa, sin acreditar su uso ni la existencia de dichos espacios.
Recursos sin justificar
Una revisión interna detectó que 126 de los 253 diputados morenistas cobran mensualmente 74 mil 558 pesos por ambos conceptos, lo que equivale a 745 mil 580 pesos por legislador entre enero y octubre de 2025. En total, la suma no comprobada asciende a 101 millones 288 mil pesos.
Además, el 60% de los diputados tampoco ha presentado su informe anual de labores, pese a recibir 58 mil 297 pesos adicionales para ese propósito, lo que viola el artículo 8 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, que los obliga a mantener comunicación permanente con sus representados mediante una oficina física o virtual y a rendir informes públicos.
Monreal exige rendición de cuentas
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, detectó la irregularidad y envió una circular interna el pasado 19 de septiembre para exigir a cada diputado acreditar la ubicación de su oficina de enlace o devolver los recursos recibidos.
En el oficio, dirigido también a la coordinación administrativa del grupo parlamentario, Monreal recordó que los apoyos legislativos no son discrecionales, sino que deben ser comprobados ante la Cámara.
“Dentro de las obligaciones de las y los diputados está mantener un vínculo permanente con sus representados a través de una oficina de enlace legislativo física o virtual”, puntualiza la circular firmada por Monreal.
Simulación digital
Ante la advertencia, varios legisladores morenistas comenzaron a crear portales de internet improvisados para simular oficinas virtuales de atención ciudadana. Estas páginas fueron elaboradas de manera apresurada y sin evidencia de brindar servicios reales a la población.
Fuentes de la bancada confirmaron que los enlaces web han sido enviados a la coordinación administrativa de Morena como intento de justificación para evitar sanciones o devoluciones.
Consecuencias y recorte presupuestal
Monreal advirtió que quienes no logren comprobar el uso del dinero deberán reintegrar los recursos al erario, pues los fondos de atención ciudadana están sujetos a revisión.
El coordinador señaló que esta exigencia también responde a la necesidad de ajustar el gasto legislativo de cara al presupuesto de 2026, que incluirá un recorte general en el Congreso.
