• Autoridades despliegan operativo en Mazapil pese a no existir denuncias oficiales
• Mineros denuncian amenazas del crimen organizado en medio de conflicto laboral
• Fiscalía llama a presentar denuncias para poder iniciar investigaciones
La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó el despliegue de un operativo de vigilancia en la mina Camino Rojo, ubicada en el municipio de Mazapil, luego de que surgieran versiones sobre posibles amenazas contra trabajadores. Sin embargo, el fiscal Cristian Camacho Osnaya aseguró que no existe ninguna denuncia formal que respalde estos señalamientos.
El funcionario explicó que la movilización de fuerzas de seguridad se realizó como medida preventiva tras la difusión de información sobre una presunta intervención del crimen organizado en actividades laborales y sindicales dentro del complejo minero. Aun así, reiteró que “no hay denuncias de extorsión ni de algún otro delito en esta mina ni en otras del estado”.
Acciones preventivas y coordinación institucional
El tema fue abordado en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno. En ese espacio se acordó reforzar la vigilancia en la zona minera, pese a la ausencia de denuncias formales.
Además, la Fiscalía informó que mantiene comunicación con el Clúster Minero de Zacatecas para dar seguimiento a la situación y exhortar a trabajadores y empresas a reportar cualquier irregularidad que permita abrir investigaciones.
Denuncias de trabajadores y conflicto laboral
En contraste con la postura oficial, trabajadores afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero han denunciado presuntas amenazas del crimen organizado, las cuales, aseguran, han impactado procesos internos como la definición de la titularidad del contrato colectivo de trabajo.
De acuerdo con testimonios, desde noviembre de 2024 solicitaron apoyo de fuerzas federales para garantizar seguridad durante un proceso de votación sindical, sin obtener respuesta efectiva. Incluso, señalaron que autoridades estatales no contaban con personal suficiente para resguardar dichas actividades.
Pese a estos señalamientos, tribunales federales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ratificaron la titularidad del contrato colectivo a favor del Sindicato Nacional Minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. No obstante, la empresa operadora Orla Mining no ha reconocido dicho resultado.
Riesgos en el entorno y antecedentes de violencia
El caso ha generado preocupación debido al contexto de inseguridad en la región. Incluso, un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC advirtió que, aunque se garantizó el voto libre, existió un “efecto disuasivo” derivado de meses de amenazas.
La propia empresa ha reconocido limitaciones para enfrentar posibles riesgos relacionados con la presencia del crimen organizado en sus operaciones, lo que refleja la vulnerabilidad del sector minero en ciertas zonas del país.
Además, existen antecedentes de hechos violentos en la región, como el asalto a un convoy de transporte de minerales ocurrido en noviembre de 2024 en la carretera Zacatecas–Saltillo, donde un grupo armado robó cargamentos de oro y plata sin que hasta ahora haya detenidos.
Postura de autoridades
El fiscal estatal reiteró que, hasta el momento, la institución no ha recibido denuncias que confirmen la participación de grupos delictivos en la mina Camino Rojo. No obstante, indicó que se mantendrá el monitoreo y el contacto con empresas del sector.
Subrayó que la denuncia formal es indispensable para iniciar investigaciones y deslindar responsabilidades en torno a los hechos señalados.
