La vergonzosa liberación de Antonio Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, echó por tierra uno de los muy pocos golpes importantes que había dado el gobierno del presidente López Obrador en el combate al narcotráfico, al haber logrado detener al hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que es el criminal más buscado por el gobierno de Estados Unidos en todo el mundo.
Porque es de pena ajena que, cuando el gobierno pretendía responder a las presiones de la Casa Blanca –por la “insuficiente cooperación en el combate al fentanilo” que acusan desde Washington– el informe policial de la detención que presentó la Fiscalía General de la República, que dirige el Fiscal Alejandro Gertz Manero, para pedir la prisión preventiva oficiosa, haya dado pie a que un juez federal ordenara su liberación por “falta de elementos”, al mostrar la defensa un video que contradecía la narrativa de Ministerio Público que decía que la detención de “Don Rodo” se había realizado “en flagrancia” cuando integrantes de la Guardia Nacional que patrullaban por las calles de Autlán de Navarro, Jalisco, se encontraron con tres hombres armados que los amagaron y luego corrieron y se metieron a una casa, a la que los guardias entraron a perseguirlos y ahí detuvieron al hermano del “Mencho”.
En el video en cuestión, que fue presentado como prueba por la defensa del presunto narcotraficante, se aprecia cuando llega la camioneta de la Guardia Nacional a una calle de una glorieta con acceso controlado y no se ve a ningunos hombres armados que los amaguen, pero lo que sí se aprecia es el momento en el que el comando de guardias armados fuerza la entrada de la casa de “Don Rodo” e ingresa sin orden de cateo a detenerlo y esposarlo. Esa fue la prueba que el Juez Federal del Penal del Altiplano, Rogelio León Díaz Villarreal, valoró para cambiar su declaración inicial de una detención ilegal y argumentar que “por irregularidades en su detención” el señor Oseguera Cervantes debía ser liberado de inmediato.
De nada valió que el presidente López Obrador calificara desde el martes pasado el asunto de la captura de “Don Rodo” como “un asunto de Estado” y le pidiera al juez Díaz Villarreal que concediera más tiempo para que el Ministerio Público Federal presentara más pruebas y evidencia que mostraban inconsistencias y ediciones en el video de la defensa que el juzgador había valorado y validado como algo real, cuando según el gobierno federal se trataba de un video truqueado, con cortes y que no tenía un código de autenticidad, según peritos que presentó la Secretaría de la Defensa Nacional.
La reacción de la FGR y del gabinete de seguridad de López Obrador al enterarse, sorpresivamente de la liberación de “Don Rodo”, ocurrida la madrugada del martes, fue más que furibunda en contra del juez Rogelio León, a quien acusaron de haber dado por real la prueba de los abogados defensores, sin haber escuchado los argumentos y peritajes de la Fiscalía y de las dependencias federales para demostrar que se trataba de un video falso y editado. Fue de tal tamaño la reacción desde Palacio Nacional, que la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de haber “validado la liberación” de Antonio Oseguera Cervantes, aun cuando a los ministros se les había pedido retrasar la salida del presunto narcotraficante, para que se demostrara la invalidez de las pruebas de la defensa.
Incluso Rosa Icela y el presidente hablaron de “un daño grave a la imagen de las instituciones mexicanas” por la decisión del juez de liberar a “Don Rodo”, quien es catalogado por la Defensa como “un operador importante de la logística y la generación de violencia” en la organización criminal que dirige su hermano. Se pone a las instituciones mexicanas en rídiculo internacional, acusaron desde Palacio Nacional, tal y como ocurrió en el caso de la liberación de Rafael Caro Quintero, cuya salida del penal de Puente Grande, ocurrida en agosto de 2013, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Es decir, que al comparar los dos casos de capos liberados por fallos judiciales, en la administración de López Obrador se refirieron a las fuertes fricciones y reclamos que le hizo Estados Unidos a México cuando se dejó libre a Caro Quintero, algo que se entiende, podía ocurrir con el caso del hermano del “Mencho”.
La propia Fiscalía de Gertz Manero anunció que impugnará el fallo del juez Díaz de León al acusar que no le dio tiempo suficiente al MP para poder analizar y mostrar las ediciones y cortes que presentaba el video que cuestionaba el informe policiaco de la detención presentado por las autoridades. Y aunque la Fiscalía está en su derecho de impugnar el fallo judicial y tendría la oportunidad de demostrar que el juez Rogelio León Díaz se equivocó al dictar esa liberación, este caso sin duda se contaminó también de la feroz guerra política que sostienen el gobierno de López Obrador y el Poder Judicial de la Federación.
Y de paso, en el cierre de su sexenio y cuando está más ocupado de meterse a las campañas presidenciales y empujar el triunfo de su candidata Claudia Sheinbaum, al presidente López Obrador se le abre un nuevo frente con los Estados Unidos, desde donde han estado presionando, con comunicados y declaraciones de funcionarios de alto nivel ante su Congreso, porque acusan que “México sí coopera en el tema de la emergencia por el fentanilo en el territorio estadunidense, pero no hace lo suficiente y su participación en esta lucha podría incrementarse”.
Veremos al final, en la guerra de acusaciones y golpeteos entre el Poder Judicial, el presidente López Obrador y su brazo jurídico que es la FGR, de quién fue el error o la mentira que permitió liberar a Antonio Oseguera Cervantes, si fue otro fallo del equipo del fiscal Alejandro Gertz Manero, que lamentablemente ha cometido muchos en los casos de más alto perfil de este gobierno, o si se equivocó el juez Díaz Villarreal al haber dado por buena una prueba falsa de los abogados del hermano del capo del narcotráfico más buscando del mundo.
NOTAS INDISCRETAS… Otra cosa en donde hay dos partes que se echan la culpa es en la extraña y sorprendente terminación anticipada de la 65 Legislatura federal. Ayer que el presidente recibió a sus bancadas oficialistas en Palacio Nacional, los coordinadores morenistas prácticamente dieron por concluida su gestión legislativa a la que le quedan todavía 4 meses, pues constitucionalmente concluye hasta el próximo 31 de agosto. De hecho el encuentro exclusivo del presidente con sus diputados y senadores, fue manejado como la “despedida” entre el mandatario y los legisladores de Morena, el PT y el Partido Verde. Y es que, al parecer la “línea” desde Palacio Nacional, esa que siempre siguieron ciega y servilmente los congresistas del oficialismo, es que ya no se discuta ni se vote ninguna iniciativa más, porque incluso el presidente ayer culpó a la oposición, a la que se refirió como “los conservadores”, de que no se hayan aprobado varias de las 20 iniciativas y reformas que presentó al inicio de este año como “prioritarias” para el cierre de su administración. Y ayer el diputado morenista, Sergio Gutiérrez Luna, nos decía en el noticiero “A la Una con Salvador García Soto” que ellos ya daban por concluida la legislatura “porque no vemos ni creemos que la oposición vaya a aceptar un periodo extraordinario” para discutir las reformas pendientes. Sin embargo, también ayer en ese noticiero radiofónico, el senador del PAN, Damián Zepeda, decía que es falso que las bancadas de oposición se opongan a la convocatorio de un periodo extraordinario, y decía que si Morena lo proponía, aceptarían debatir y votar varias de las iniciativas del presidente, aunque se refirió a varias que los panistas consideran “positivas” como la reducción de la Jornada Laboral, la universalidad de la salud, entre otras. “Yo reto a los coordinadores de Morena y al presidente López Obrador a que nos convoquen a un extraordinario y yo me comprometo a convencer a los panistas para que acepten y entremos a votar varias propuestas del presidente, no con las que quiere someter o controlar al Poder Judicial o a los órganos autónomos, pero sí otras que nosotros en el PAN siempre estuvimos dispuestos a aprobar, que las votamos a favor en comisiones, y que Morena por indicaciones del presidente prefirió frenar su discusión para dar prioridad a los caprichos del presidente”, dijo al aire el senador Zepeda. ¿Y entonces, quién es el que le saca al parche y no quiere ya periodos extraordinarios o, más bien, quién es el que tiene prisa por que los senadores y diputados ya se vayan a hacer campaña a sus estados y ayuden a las candidatas y candidatos de Morena?… Los dados mandan Escalera Doble. Mejora el tiro.
