El brutal asesinato de tres jóvenes surfistas extranjeros en las playas de Baja California, dos hermanos australianos y un amigo estadounidense que apenas rebasaban los 30 años, ha puesto los reflectores sobre lo que está pasando en ese estado donde la violencia del narcotráfico ha vuelto con toda su crudeza e impunidad, en medio de denuncias públicas y abiertas sobre la existencia de un “narcogobierno” encabezado por la gobernadora morenista, Marina del Pilar, a quien su antecesor en el cargo, el también senador por Morena, Jaime Bonilla, ubica como “la jefa de un cártel que le disputa la plaza a los otros cárteles del narcotráfico” que ya existían en la entidad norteña.
La ejecución de los hermanos Jake y Callum Robinson, y de su amigo estadunidense Cater Rohad, asesinados de un tiro en la cabeza por un grupo criminal que, según la fiscal estatal, “les querían robar las llantas” de su camioneta, representa un acto de brutalidad, pero también de la impunidad con la que actúa el crimen organizado en un estado en el que la violencia narca regresó con toda su fuerza a partir del actual gobierno morenista. A los tres jóvenes que visitaban las playas de Rosarito para prácticar el surf, los asesinaron y desaparecieron arrojándolos a un pozo, donde fueron encontrados este fin de semana por las autoridades, luego de que se reportara su desaparición desde el pasado viernes.
Aunque las cifras que maneja el gobierno estatal y el Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan supuestas disminuciones en homicidios dolosos y feminicidios, la realidad que viven cotidianamente los bajacalifornianos y la percepción de inseguridad del 63% en el estado, según la encuesta Envipe del Inegi, contradicen a las cifras oficiales. El Centro de Estudios Económicos de Tijuana (CEET) ha dicho en un análisis de la situación en la entidad que la inseguridad ha creado un fenómeno de “policrisis” y el “estancamiento casi secular” de la economía de Baja California por lo que denominaron “la peor crisis de los últimos cinco años con un avance anual del 12 por ciento, lo que se traduce en 109 mil 721 delitos en enero de 2023, a dos años del inicio del gobierno de Marina del Pilar.
Desde enero de 2021, cuando se registró una baja en la incidencia de delitos en Baja California con 7,098 casos durante el periodo de pandemia, en comparación con 2020 que registró 7,831 casos, la incidencia delictiva registrada durante el mes de enero ha aumentado un 40% para 2024. Según datos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, con base en informes de la Fiscalía General del Estado, para 2022 se registraron 7,143 casos de delitos, cifra que fue en ascenso para 2023 cuando se registraron 8,010 casos, aumentando en un 24% para 2024 con 9,929 casos registrados.
“Los datos de inseguridad que escalaron a niveles preocupantes, llegan a esa confluencia de calamidades que podemos definir de policrisis, acentuando el estancamiento económico de más de dos décadas”, dijo el Centro de Estudios Económicos de Tijuana, al mencionar que en 2022 se tuvo el mayor cierre de empresas desde el 2008 y la inseguridad ha sido uno de los factores de que se vayan las empresas de Baja California “tal como lo muestra la salida de casi 520 millones de dólares en tres trimestres”, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera.
Delitos comunes como la violación de mujeres registran cifras históricas con un 32.5% de aumento, mientras que los robos en la vía pública y secuestros, alcanzaron también su máximo nivel con una elevación del 18.3 por ciento, mientras los secuestros un 20 por ciento. En cuanto al desempeño de la Fiscalía General del Estado, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Roberto Quijano, afirma que sigue sin arrojar resultados satisfactorios. Baja California ocupa los últimos lugares a nivel nacional en la persecución y presentación de delincuentes ante un juez, siendo la Fiscalía número 28 de 32 a nivel nacional.
Todo eso ocurre mientras a la gobernadora morenista la acusan de tener vínculos directos con el narcotráfico. Desde la tribuna del Senado, su antecesor en la gubernatura y actual senador por el PT, Jaime Bonilla, acusó en septiembre del año pasado que su sucesora “encabeza un cártel del narcotráfico” y dijo que Marina del Pilar “desde su administración le disputa la plaza a otras organizaciones delincuenciales”. En aquella ocasión, al igual que en videos que sube regularmente a sus redes sociales, el ex gobernador Bonilla le ha pedido al presidente López Obrador “que ponga los ojos en Baja California ya que no tenemos un gobierno”. A la gobernadora, repite en varias publicaciones el empresario y amigo de López Obrador, “no le importa el oficio político, y le interesan más los Tik Toks, las fiestas, bailar y cantar, como se ha visto desde hace dos años”.
Pero Bonilla, quien tuvo fuertes diferencias y un rompimiento político con su sucesora por investigaciones a su gobierno, no es el único que ha apuntado hacia una vinculación desde el gobierno de la morenista con el narcotráfico. Información que dan fuentes de agencias estadunidenses desde San Diego, California, afirma que el exfiscal de Baja California con la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, Ricardo Iván Carpio Sánchez, se volvió testigo protegido en los Estados Unidos y estaría dando información sobre “colaboradores de la gobernadora que pactaron con grupos del crimen organizado como el CJNG, para financiar su campaña y obtener protección del gobierno estatal, así como golpear a grupos contrarios”.
Si a eso se añade la información que se escucha en las áreas de inteligencia de la Defensa Nacional, sobre presuntos vínculos del esposo de la gobernadora, Carlos Torres, con grupos delincuenciales, el tema se vuelve más que delicado. Justo hace tres días, el exgobernador Jaime Bonilla afirmó en sus redes sociales que Torres había sido detenido por la DEA en territorio estadounidense, aunque la información fue desmentida con una publicación en el Facebook del marido de la gobernadora, quien por cierto es actualmente candidato a la reelección como senador por el Partido del Trabajo.
Veremos en qué termina toda esta historia de inseguridad y violencia que está afectando ya no sólo a los bajacalifornianos, que la viven cotidianamente, sino ahora también a los turistas extranjeros que visitan ese estado. Está claro que a la gobernadora Del Pilar la seguridad se le fue de las manos y ha perdido el control del tema más sensible para la principal frontera común con los Estados Unidos. Y de lo que tanto dicen de ella, de su administración y de su esposo, será cuestión de ver si se comprueban esos oscuros vínculos que no sólo se denuncian en México, por gente de su mismo movimiento político, sino ahora también en Estados Unidos.
NOTAS INDISCRETAS… Dicen que la soberbia es muy mala consejera y a la candidata Claudia Sheinbaum hace rato que las encuestas que le dan ventajas tan amplias la han hecho caer, si no en la soberbia, sí en el exceso de confianza. Porque juzgue usted lo que les respondió ayer la abanderada de la 4T a los consejeros del Banco BBVA que la invitaron ayer a participar en reunión anual: “¿Ya se coció el arroz en materia electoral?”, le preguntaron los banqueros. Y su respuesta destilo o soberbia o exceso de confianza: “Bueno, falta el trámite del 2 de junio, la verdad es que hemos recibido un reconocimiento muy grande en todo el país”. ¿O sea que para la candidata oficialista el voto libre y secreto y la decisión que a partir de ello tomen los mexicanos es un mero trámite? Qué manera tan insensible de desvalorizar el voto ciudadano, porque aunque la mayoría de las encuestas pronostiquen su triunfo, a la doctora Sheinbaum no se le debe olvidar la historia de otro candidato presidencial, allá por el año 2006, que ya se sentía presidente y se veía sentado en la silla porque las encuestas, la gran mayoría de aquel momento, le anticipaban una ventaja de más de 10 puntos. Fue tal la soberbia de aquel candidato que incluso se daba el lujo de desairar invitaciones o peticiones de empresarios, de gobernadores y hasta de la entonces lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, que le solicitaban verlo para apoyar su campaña. “Diles que los recibo el 3 de julio”, les contestaba el candidato puntero que ya daba por hecho su victoria el 2 de julio de aquel año. Pero ¡oh, sorpresa!, que las encuestas fallaron y la elección se cerró tanto que la diferencia por la que perdió la elección fue de 0.54% de los votos, es decir menos de un punto, metiendo al país en una espiral de incertidumbre e inestabilidad, sobre todo porque el aludido candidato no quiso reconocer su derrota y alegó un fraude que nunca pudo probar y que lo llevó después a tomar por varios meses el Paseo de la Reforma y a caer en la ridiculez de autonombrarse “presidente legítimo”. Así que ni “trámite” ni nada, lo que mandan son los votos en las urnas y no las encuestas, muchas de ellas a modo y pagadas por su comité de campaña. Por cierto si la doctora quiere saber más de esa historia que le pregunte a su líder y jefe político, a ver si así se le baja un poco la soberbia… Y hablando de candidatos, el panista Mauricio Vila, presenta hoy su solicitud de licencia definitiva al cargo de gobernador de Yucatán, para salvar su candidatura plurinominal al Senado de la República, luego del que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le diera un ultimátum para que se definiera si quería ser gobernador o candidato al Senado, porque al ocupar ambas posiciones estaba violentando la ley. Así que, como no se puede chiflar y comer pinole, el góber yucateco prefirió no arriesgar el hueso futuro y hoy se despide de sus paisanos para cumplir con la ley electoral y con el mandato de los magistrados electorales… Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.
