CNDH señala omisiones graves en la investigación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que autoridades de Jalisco incurrieron en omisiones graves durante la investigación del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, lo que derivó en violaciones a los derechos humanos relacionados con la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.
Mediante la Recomendación 11/2026, el organismo concluyó que la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no realizaron de manera adecuada el procesamiento técnico de evidencias encontradas en el predio.
Entre las irregularidades identificadas se encuentran deficiencias en la identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado de indicios, así como fallas en la preservación del lugar donde fueron localizados objetos y restos humanos.
Como parte de la recomendación, la CNDH solicitó que ambas instituciones realicen, en un plazo máximo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones detectadas.
Deficiencias en el manejo de evidencias
La investigación del organismo nacional detectó múltiples fallas en la gestión de las pruebas recabadas en el inmueble.
Entre los problemas señalados destacan:
- Falta de aseguramiento adecuado de la cadena de custodia de varios objetos y restos localizados.
- Evidencias que no fueron clasificadas ni integradas correctamente en los dictámenes periciales.
- Tres vehículos asegurados en el predio fueron sustraídos meses después, lo que evidenció fallas en la vigilancia del lugar.
Además, se documentó un retraso injustificado en el análisis de muestras biológicas recolectadas en el rancho. Aunque fueron entregadas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en septiembre de 2024, su comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas se realizó hasta marzo de 2025.
Alteración del sitio durante las diligencias
La CNDH también advirtió irregularidades en el control del lugar durante las investigaciones.
El 20 de marzo de 2025 se permitió el ingreso de diversas personas al inmueble mientras aún se realizaban trabajos periciales. Aunque el acceso pretendía ser controlado, el número de participantes provocó la pérdida de control del área, lo que derivó en la alteración del sitio y de posibles indicios.
El organismo concluyó que esta situación evidenció deficiencias en la preservación de la escena y en la conducción de las diligencias ministeriales, responsabilidad atribuida a la Fiscalía estatal.
Hallazgos previos y primeras acciones de seguridad
Las indagatorias de la CNDH se remontan a septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional puso a disposición de las autoridades a 10 personas detenidas, además de armas, vehículos y diversos indicios relacionados con posibles actividades delictivas en el rancho.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2024, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses localizaron un lote óseo y diversos objetos, aunque varios de estos no fueron asegurados ni documentados correctamente.
Aunque el caso pasó posteriormente a manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la recomendación emitida por la CNDH se dirige únicamente a las autoridades estatales que realizaron el procesamiento inicial del sitio.
Colectivos denuncian abandono del caso
A un año del hallazgo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco realizó excavaciones en los alrededores del rancho para conmemorar el aniversario del descubrimiento del lugar.
En marzo de 2025, integrantes del colectivo localizaron más de mil 300 objetos personales, entre zapatos, mochilas y prendas de vestir que podrían pertenecer a personas desaparecidas.
Sin embargo, los activistas aseguran que muy pocas familias han logrado identificar pertenencias de sus familiares, lo que evidencia los escasos avances en la identificación de víctimas.
Denuncias sobre reclutamiento forzado y posibles centros de exterminio
Integrantes del colectivo sostienen que el Rancho Izaguirre habría sido utilizado como centro de reclutamiento criminal y posible sitio de exterminio, donde presuntamente los cuerpos eran incinerados o disueltos con sustancias químicas.
También advierten que el problema podría extenderse a otros predios de la región, donde presuntamente operarían instalaciones similares utilizadas por grupos delictivos.
Personas detenidas e investigaciones abiertas
De acuerdo con los reportes oficiales, hasta el momento se ha informado sobre:
- 10 personas sentenciadas por desaparición agravada y homicidio.
- Tres policías detenidos por presunta participación en los hechos.
- Investigaciones contra el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
- La captura de presuntos operadores de reclutamiento identificados como José Gregorio y Alma Rosa.
Pese a estas acciones, colectivos de búsqueda sostienen que el caso sigue sin esclarecer el destino de numerosas víctimas.
Un caso emblemático de la crisis de desapariciones
El Rancho Izaguirre se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la crisis de desapariciones en México.
Para las familias buscadoras, el predio representa no solo un sitio de posibles crímenes, sino también un ejemplo de las fallas institucionales en la investigación de desapariciones.
Mientras continúan las excavaciones y las investigaciones, las organizaciones de búsqueda mantienen la exigencia de verdad, justicia e identificación de las víctimas.
