- Guadalupe Taddei afirmó que el INE no puede investigar ni cancelar candidaturas por posibles nexos criminales.
- La propuesta plantea crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.
- El INE pidió delimitar claramente sus funciones para no comprometer su imparcialidad.
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, afirmó que el organismo electoral no puede asumir funciones de investigación ni decidir la cancelación de candidaturas por presuntos nexos con el crimen organizado, como plantea una iniciativa de reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal.
La titular del INE advirtió que convertir al instituto en una autoridad encargada de evaluar la “integridad” de aspirantes pondría en riesgo su imparcialidad y lo colocaría en el centro de disputas políticas.
INE advierte riesgos en la reforma sobre integridad de candidaturas
Durante un posicionamiento público, Taddei explicó que la propuesta legislativa busca crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE.
Dicha comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales y tendría como objetivo coordinar información entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.
Sin embargo, la consejera presidenta dejó claro que el instituto no cuenta con facultades legales ni herramientas técnicas para investigar posibles vínculos criminales de aspirantes a cargos públicos.
“El INE no puede ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política”, sostuvo.
Taddei insiste en que el INE no es autoridad ministerial ni judicial
Guadalupe Taddei subrayó que el Instituto Nacional Electoral tiene una función estrictamente administrativa enfocada en garantizar elecciones transparentes, legales y equitativas.
Por ello, reiteró que la responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar posibles delitos corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales, judiciales y de seguridad pública.
“La función del INE no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar antecedentes de las y los aspirantes”, puntualizó.
Además, indicó que el organismo electoral no posee metodologías de inteligencia, mecanismos de investigación ni capacidades operativas para determinar si existe un “riesgo razonable” relacionado con actividades ilícitas.
Reforma electoral plantea revisión voluntaria de candidaturas
La iniciativa presentada por el Ejecutivo propone que partidos políticos y candidaturas independientes puedan entregar voluntariamente listas de aspirantes para ser revisadas por autoridades competentes.
Posteriormente, dichas instancias emitirían alertas o evaluaciones de riesgo, información que sería comunicada al INE bajo estrictos criterios de confidencialidad.
No obstante, Taddei aclaró que la decisión final sobre registrar o mantener candidaturas no puede recaer en el instituto, ya que eso afectaría su carácter neutral.
También destacó que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo analizar, modificar y definir el alcance de esta reforma electoral.
INE pide delimitar funciones para evitar riesgos institucionales
La consejera presidenta señaló que cualquier modificación legal debe establecer límites claros sobre las atribuciones del INE para evitar conflictos institucionales y riesgos para el personal electoral.
Explicó que, de no delimitarse correctamente las funciones, trabajadores del instituto podrían ser percibidos como investigadores o responsables directos de cancelar candidaturas.
Taddei sostuvo que el INE está dispuesto a colaborar con el Congreso aportando experiencia técnica y operativa para enriquecer el debate legislativo, siempre respetando el marco constitucional.
Reforma también contempla nulidad por intervención extranjera
La iniciativa presidencial también propone incorporar una causal de nulidad electoral relacionada con la intervención extranjera en procesos electorales mexicanos.
En ese escenario, el INE tendría que desarrollar lineamientos y mecanismos específicos para detectar y sancionar posibles casos de financiamiento o injerencia extranjera durante las campañas.
Taddei enfatizó que la defensa de la democracia y la legalidad debe ser una responsabilidad compartida entre todas las instituciones del Estado mexicano.
