• Iniciativa fija castigos de 40 a 70 años de prisión y multas en UMAs
• Busca que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidio
• Incluye agravantes, pérdida de derechos y atención integral a víctimas
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dio a conocer una iniciativa de reforma para fortalecer el combate al feminicidio en México, con el objetivo de homologar este delito en todas las entidades y establecer sanciones más severas.
Cambios constitucionales para unificar el delito
La propuesta contempla modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a emitir una Ley General en materia de feminicidio. Con ello, se pretende establecer criterios uniformes en la tipificación del delito, sus sanciones y los protocolos de investigación en todo el país.
La fiscal subrayó que el feminicidio debe reconocerse como una grave violación a los derechos humanos, lo que obliga al Estado a responder con medidas estructurales en los ámbitos legal, institucional y de política pública.
Sanciones más altas y criterios de género
El proyecto establece penas de entre 40 y 70 años de prisión, además de multas de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización. En casos de tentativa, la sanción será de entre la mitad y dos terceras partes de la pena prevista.
Asimismo, se incorporan nueve razones de género para acreditar el delito, como antecedentes de violencia, presencia de agresión sexual, relaciones de poder, incomunicación de la víctima o condiciones de vulnerabilidad.
También se contemplan 21 agravantes que pueden incrementar la sanción, por ejemplo, cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, esté embarazada o tenga discapacidad, así como cuando el crimen sea cometido por un servidor público o frente a familiares.
Investigación obligatoria desde el inicio
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, incorporando la perspectiva de género en cada etapa del proceso.
Además, se establece que el delito será perseguido de oficio y que tanto las sanciones como la reparación del daño serán imprescriptibles.
Consecuencias legales para agresores
La propuesta contempla que los responsables pierdan derechos como la patria potestad, la tutela y la custodia de menores, así como cualquier beneficio legal o patrimonial vinculado con la víctima o sus familiares.
También quedarían sin acceso a derechos sucesorios o bienes relacionados directa o indirectamente con la víctima.
Fortalecimiento institucional y apoyo a víctimas
El proyecto prevé la creación de unidades especializadas en las fiscalías, con personal capacitado en investigación, atención a víctimas y medidas de protección.
Se busca asegurar la continuidad de las investigaciones y mejorar la coordinación entre instituciones.
Asimismo, se plantea garantizar atención integral a víctimas directas e indirectas, incluyendo servicios de salud, apoyo psicológico, asesoría jurídica y seguridad social, especialmente para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
