• La SCJN establece como obligatorio el uso de la UMA para indemnizaciones civiles por muerte
• El fallo se basa en la prohibición constitucional de usar el salario mínimo como referencia
• Se advierte impacto en montos de compensación y en finanzas de instituciones públicas
Resolución unifica criterio en todo el país
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las indemnizaciones por responsabilidad civil en casos de fallecimiento deberán calcularse utilizando la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y no el salario mínimo.
La decisión, aprobada por unanimidad, deriva de la necesidad de unificar criterios tras diferencias entre las anteriores salas del máximo tribunal, por lo que ahora se convierte en jurisprudencia obligatoria.
Sustento legal del fallo
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama explicó que el uso del salario mínimo para estos fines contraviene lo establecido en el artículo 123 de la Constitución, que prohíbe emplearlo como índice o medida para objetivos distintos a su función laboral.
En ese sentido, la Corte reafirmó que la UMA es el parámetro adecuado para cuantificar obligaciones de carácter civil, incluidas las indemnizaciones por muerte.
Efectos económicos y operativos
El fallo también considera el impacto financiero que implicaría utilizar el salario mínimo como base. Se expuso que instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social habrían tenido que incrementar en más de 140% los pagos por indemnizaciones si se aplicara ese criterio.
Este escenario, según lo planteado en el pleno, podría comprometer recursos de organismos públicos como el IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE, además de afectar a aseguradoras responsables de cubrir estos pagos.
Debate sobre implicaciones para las víctimas
Aunque la resolución fue respaldada por todos los ministros, se expresaron preocupaciones sobre posibles efectos en los montos que recibirán las familias afectadas.
Algunos integrantes del pleno señalaron que podrían generarse indemnizaciones menores, lo que abre un debate sobre el equilibrio entre sostenibilidad financiera y el derecho a una reparación adecuada. También se planteó que los casos deberán analizarse de forma individual y que los congresos locales podrían intervenir para ajustar la legislación.
