• Reportes indican que los funcionarios de EU trabajaban para la CIA en labores antidrogas
• El accidente dejó cuatro personas fallecidas, incluidos dos agentes mexicanos
• Gobierno federal investiga si hubo irregularidades en la presencia de personal extranjero
Versiones apuntan a vínculo con inteligencia estadounidense
Dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos que perdieron la vida en un accidente carretero en Chihuahua habrían estado vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de acuerdo con reportes de medios internacionales que citan fuentes cercanas al caso.
Según esta información, los agentes participaban en tareas relacionadas con el combate al narcotráfico en la región. Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha confirmado oficialmente su adscripción.
Detalles del accidente y actividades en la zona
El incidente ocurrió el 18 de abril, cuando los funcionarios regresaban de actividades en la sierra de Chihuahua. En el mismo hecho murieron dos integrantes de corporaciones mexicanas: el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes.
Aunque inicialmente se manejó que los estadounidenses formaban parte de un operativo contra laboratorios clandestinos, autoridades estatales aclararon después que su presencia estaba relacionada con labores de capacitación, particularmente en el uso de tecnología como drones, y que no participaron directamente en el despliegue.
Indagan posible violación a normas de seguridad nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno de México no fue informado previamente sobre la presencia de estos funcionarios en dichas actividades, por lo que pidió una revisión exhaustiva del caso.
Indicó que la ley establece que cualquier colaboración con agencias extranjeras debe contar con autorización federal. Por ello, la Fiscalía General de la República y autoridades locales mantienen abierta una investigación para esclarecer las funciones de los agentes y determinar si se incumplieron disposiciones legales.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad.
