• La iniciativa propone aplazar la elección judicial prevista para 2027 hasta junio de 2028
• Se pretende evitar que coincida con elecciones federales para reducir riesgos de politización
• Incluye un nuevo esquema de evaluación con certificación obligatoria y un Comité Único
Plantean retrasar elección para fortalecer el proceso
Diputados y senadores de Morena presentaron una iniciativa de reforma constitucional para posponer la elección de integrantes del Poder Judicial programada para 2027, con la intención de realizarla hasta junio de 2028.
El proyecto, encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar y respaldado por legisladores como Olga Sánchez Cordero, propone que este ejercicio se lleve a cabo de manera independiente a los comicios federales, con el fin de garantizar mejores condiciones de organización y legitimidad.
Separar elecciones para evitar distorsiones
De acuerdo con la propuesta, la coincidencia entre elecciones judiciales y procesos políticos podría afectar la imparcialidad del sistema, al generar confusión entre el electorado y favorecer la politización de los perfiles.
Por ello, se plantea establecer un calendario propio para la elección de jueces, magistrados y ministros, lo que permitiría mayor deliberación pública y una evaluación más enfocada en criterios técnicos.
También se advierte que la concurrencia de procesos electorales incrementa la carga operativa del Instituto Nacional Electoral y puede complicar la logística del proceso.
Nuevo esquema de selección y evaluación
La iniciativa propone sustituir los actuales mecanismos de evaluación por un Comité Único de Evaluación, integrado por tres especialistas designados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Este comité concentraría la revisión de perfiles y la selección de candidaturas, bajo criterios homogéneos y objetivos.
Asimismo, se plantea que los aspirantes deban obtener una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial y presentar exámenes de conocimientos como parte del proceso de selección.
Cambios en requisitos y organización del proceso
El proyecto también contempla eliminar requisitos como promedios académicos específicos y sustituirlos por evaluaciones técnicas estandarizadas que reflejen mejor la capacidad profesional de los aspirantes.
Además, se propone que el Instituto Nacional Electoral sea el encargado de emitir la convocatoria y organizar el proceso, en lugar del Senado.
La reforma implicaría modificaciones a diversos artículos de la Constitución y será analizada en comisiones legislativas antes de su eventual discusión en el Congreso.
