• Gobernadora anuncia unidad especial sin detallar participación de agentes extranjeros
• Gobierno federal exige esclarecer posible violación a la Constitución
• Senado y partidos políticos reaccionan ante el caso y piden transparencia
La polémica por el operativo de seguridad realizado en Chihuahua, en el que presuntamente participaron agentes estadounidenses, continúa escalando luego de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván evitara ofrecer explicaciones directas y optara por anunciar una investigación interna.
Silencio oficial y anuncio de investigación
En una conferencia de prensa breve y sin aceptar preguntas, la mandataria estatal informó la creación “inmediata” de una unidad especializada para investigar el despliegue ocurrido entre el 17 y 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos. En estos hechos murieron cuatro personas, incluidos dos ciudadanos estadounidenses, así como elementos de seguridad estatales.
Campos Galván señaló que, para no comprometer el proceso, su gobierno no emitirá más posicionamientos públicos. La indagatoria estará a cargo de la fiscal Wendy Chávez Villanueva, quien será la responsable de comunicar los avances.
Postura federal y debate sobre soberanía
Desde el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que cualquier participación de agentes extranjeros en territorio nacional debe apegarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Reiteró que la soberanía es un principio que no puede negociarse y confirmó que se solicitó información puntual al gobierno estatal.
Asimismo, se instruyó reforzar los lineamientos para la cooperación internacional en materia de seguridad, recordando que estos procesos deben ser coordinados por el Ejecutivo federal.
En el Senado, el legislador Ignacio Mier señaló que el caso debe analizarse desde la legalidad, por lo que consideró indispensable aclarar si existió autorización oficial, el alcance de la participación extranjera y las condiciones en las que se llevó a cabo el operativo.
Versiones oficiales y contexto del operativo
El gobierno de Chihuahua ha sostenido que los ciudadanos estadounidenses involucrados no actuaron directamente en el operativo, sino que tenían funciones de asesoría. Según esta versión, las acciones fueron ejecutadas por autoridades mexicanas.
La investigación se centrará en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en El Pinal, considerado por la administración estatal como un golpe relevante contra el crimen organizado.
Reacciones políticas y escenario abierto
El caso generó posicionamientos encontrados. Mientras dirigentes del PAN y PRI respaldaron a la gobernadora y defendieron la cooperación internacional en materia de seguridad, el gobierno federal mantiene su postura de que cualquier acción de este tipo debe apegarse estrictamente al marco legal.
En este contexto, el Senado analiza la posibilidad de llamar a comparecer a la mandataria estatal para esclarecer los hechos y verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales.
El caso permanece abierto y mantiene el foco en el equilibrio entre la cooperación internacional en seguridad y el respeto a la soberanía nacional.
