• La Fiscalía concluye que no hay elementos para justificar una detención provisional
• México solicitará a EE.UU. ampliar la información y sustento de las acusaciones
• El caso sigue en análisis y se revisará nuevamente con nuevos datos
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que, por el momento, no procede la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de los otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó que la solicitud enviada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no incluye pruebas suficientes que justifiquen la urgencia de aplicar esta medida cautelar.
Revisión jurídica de la solicitud
El funcionario detalló que la detención provisional con fines de extradición representa una medida excepcional que limita derechos, por lo que solo puede autorizarse cuando existen fundamentos sólidos, evidencia clara y una necesidad inmediata plenamente acreditada.
“No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar por qué de la urgencia de la detención provisional”, afirmó.
Asimismo, indicó que en una primera evaluación no se encontraron elementos que acrediten la comisión de delitos que ameriten una acción inmediata por parte de las autoridades mexicanas.
México pedirá información complementaria
Ante este escenario, la FGR solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que gestione ante el gobierno de Estados Unidos la entrega de pruebas, documentos e informes que respalden las acusaciones.
La institución aclaró que el proceso actual no corresponde a una solicitud formal de extradición, sino únicamente a una petición de detención provisional con fines de extradición.
Investigación abierta y nuevo análisis
La Fiscalía reiteró que mantiene abiertas las investigaciones sobre los hechos señalados en territorio nacional, conforme a la legislación vigente y bajo los principios del Estado de derecho.
También advirtió que la difusión pública del caso podría afectar el debido proceso.
Una vez que se reciba la información adicional por parte de las autoridades estadounidenses, se llevará a cabo una segunda revisión para determinar si la solicitud cumple con los requisitos legales establecidos en el tratado bilateral de extradición.
