• Morena sostiene que el caso no es por narcolaboratorios, sino por intervención extranjera
• Maru Campos denuncia trato desigual frente al caso de Rubén Rocha Moya
• FGR investiga participación de agentes extranjeros y cita a decenas de funcionarios
La confrontación política en torno al caso Chihuahua se intensificó luego de que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusara a la gobernadora Maru Campos de mentir sobre las investigaciones relacionadas con un operativo contra narcolaboratorios en el que murieron dos agentes estadounidenses.
A través de redes sociales, Montiel afirmó que el fondo de la investigación no es el combate al narcotráfico, sino la posible intervención de agentes extranjeros en territorio nacional sin autorización del gobierno federal. En ese sentido, señaló que esto implica una violación a la Constitución y a la soberanía del país. “La Gobernadora miente… eso es traición a la Patria. Usted debe ser juzgada”, expresó.
La dirigente morenista también subrayó que en México se han desmantelado más de dos mil 500 laboratorios clandestinos, por lo que insistió en que el foco del caso no está en ese tipo de operativos, sino en la legalidad de la participación extranjera.
Postura de la gobernadora de Chihuahua
Por su parte, Maru Campos ha defendido la actuación de su administración y cuestionó lo que considera un trato desigual por parte de las autoridades y actores políticos. Al referirse al caso, reiteró: “A uno se habla mal por desmantelar un laboratorio… y al otro se le defiende a capa y espada”, en alusión al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La mandataria estatal insistió en que su gobierno ha actuado en favor de la seguridad y sostuvo que los hechos deben evaluarse con base en resultados. Además, evitó pronunciarse sobre la licencia de Rocha Moya, pero reiteró que su administración responderá conforme a derecho a los requerimientos de la Fiscalía General de la República.
Investigación federal y contexto del caso
La FGR mantiene abiertas las indagatorias sobre el operativo en Chihuahua, particularmente por la posible participación de agentes vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sin autorización oficial. Como parte de este proceso, se ha citado a declarar a cerca de 50 personas.
Los hechos se remontan al 19 de abril de 2026, cuando dos agentes estadounidenses y dos elementos de seguridad mexicanos murieron tras un operativo contra laboratorios clandestinos. Posteriormente, el gobierno federal confirmó que no tenía conocimiento previo de la participación extranjera.
El caso ha generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre soberanía nacional, ya que el marco legal mexicano restringe la intervención de agentes extranjeros en tareas de seguridad.
Reacciones políticas y polarización
El senador Gerardo Fernández Noroña respaldó la postura de Morena y calificó a la gobernadora como “traidora al pueblo y traidora a la patria”.
En contraste, dirigentes del PAN cerraron filas con Maru Campos. Jorge Romero, líder nacional del partido, calificó como “ridículo” comparar este caso con el de Rubén Rocha Moya. Por su parte, Ricardo Anaya sostuvo que existe un trato diferenciado, al asegurar que se critica a una gobernadora por combatir al crimen mientras se protege a otros actores señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Diferencias con el caso Rocha Moya
Ambos casos han sido atraídos por la FGR, pero presentan diferencias sustanciales. El de Chihuahua se centra en un operativo irregular con participación extranjera no autorizada, lo que abre un debate sobre soberanía y seguridad nacional.
En cambio, el caso de Rubén Rocha Moya deriva de acusaciones formales en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que involucra procesos de cooperación internacional y posibles solicitudes de extradición.
Mientras en Chihuahua aún se busca determinar responsabilidades, en el caso de Sinaloa ya existen señalamientos directos contra funcionarios, aunque continúan en proceso de revisión y sustento probatorio.
