- La consejera del INE negó haber presentado una denuncia contra un funcionario del organismo electoral.
- Aseguró que el documento difundido contiene una firma falsa y no fue autorizado por su oficina.
- Anunció que acudirá ante las autoridades para denunciar la posible comisión de delitos.
Consejera del INE rechaza autoría de denuncia
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Gómez Puga, rechazó haber promovido una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el administrador del organismo, José Octavio García, relacionada con presuntas irregularidades en contratos públicos.
Durante un mensaje público, la funcionaria aclaró que el documento difundido en distintos espacios no fue elaborado, firmado ni presentado por ella o por integrantes de su equipo de trabajo.
“Deseo señalar de manera clara, categórica e inequívoca que dicho escrito no fue elaborado, suscrito, autorizado ni presentado por mi persona ni por mi oficina”, afirmó.
Además, sostuvo que la firma plasmada en el escrito es falsa y no corresponde a su puño y letra ni a su voluntad jurídica.
Presentará denuncia por posible delito
Frida Gómez Puga informó que interpondrá una denuncia formal para que las autoridades investiguen la posible falsificación de documentos oficiales y firmas.
La consejera advirtió que este tipo de prácticas no solo afectan su imagen como servidora pública, sino también la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
“Este tipo de actos generan una afectación grave a la confianza pública, al debate democrático y a la integridad del Instituto Nacional Electoral”, expresó.
Asimismo, señaló que cualquier comunicación oficial de su consejería se realiza exclusivamente mediante los canales institucionales y conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Documento señalaba presuntas irregularidades en el INE
La denuncia apócrifa, que presuntamente fue recibida por la FGR el pasado 11 de mayo, acusaba al administrador del INE de posibles delitos como ejercicio ilegal del servicio público, encubrimiento y cohecho.
El documento hacía referencia a supuestas anomalías en la adjudicación de contratos durante el proceso electoral 2023-2024, particularmente relacionados con la empresa Comercializadora JVLY.
También se mencionaban observaciones derivadas de auditorías vinculadas con adquisiciones y materiales utilizados para actividades de capacitación electoral.
Piden esclarecer origen del documento
La consejera electoral manifestó su confianza en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
La polémica surge en medio de cambios administrativos dentro de la estructura del INE, situación que ha generado atención sobre distintos movimientos internos en el organismo electoral.
Finalmente, Gómez Puga hizo un llamado a combatir la desinformación y a proteger la legalidad institucional para preservar la confianza pública en las autoridades electorales.
