- FinCEN pidió a instituciones financieras identificar y reportar posibles esquemas de fraude relacionados con la contratación de trabajadores indocumentados.
- Las autoridades estadounidenses sostienen que algunos mecanismos de pago podrían ser utilizados para el lavado de dinero, la evasión fiscal y otras actividades ilícitas.
- El gobierno de Donald Trump busca fortalecer el control migratorio mediante una mayor supervisión del sistema financiero.
El gobierno de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió una alerta dirigida a bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras para reforzar la vigilancia sobre operaciones relacionadas con la contratación de migrantes indocumentados.
La medida forma parte de una estrategia federal que busca detectar posibles esquemas de fraude laboral, evasión fiscal, robo de identidad y actividades financieras que, según las autoridades, podrían estar vinculadas con organizaciones criminales.
FinCEN pide reportar operaciones sospechosas
En el aviso emitido por el Departamento del Tesoro, FinCEN señaló que las instituciones financieras desempeñarán un papel clave para identificar y reportar movimientos de dinero asociados con la contratación irregular de trabajadores sin autorización para laborar en Estados Unidos.
La dependencia sostiene que algunos esquemas utilizados para el pago de salarios podrían facilitar el ocultamiento de recursos, el lavado de dinero o el financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, la trata de personas y otras redes criminales transnacionales.
“El presidente Trump ha hecho más que nadie para asegurar las fronteras de nuestra nación. Parte de ese esfuerzo incluye proteger la integridad del sistema financiero estadounidense”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Alertan sobre fraude fiscal y robo de identidad
De acuerdo con FinCEN, algunos empleadores utilizan estructuras de nómina fraudulentas para ocultar la contratación de trabajadores indocumentados, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción, la hotelería y los servicios.
Las autoridades estadounidenses advirtieron que estas prácticas pueden incluir el uso indebido de números de Seguro Social, robo de identidad, evasión de impuestos y la creación de empresas fantasma para ocultar pagos y evitar obligaciones fiscales.
Como ejemplo, la agencia recordó un caso en el que dos ciudadanos extranjeros operaron durante varios años un esquema de contratación irregular que provocó pérdidas superiores a 38 millones de dólares para el gobierno estadounidense.
Más supervisión sobre el uso del ITIN
Entre las recomendaciones emitidas, FinCEN solicitó a las instituciones financieras prestar especial atención a las cuentas o solicitudes de crédito abiertas mediante un Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN), en lugar de un número de Seguro Social o un permiso válido de trabajo.
La dependencia aclaró que el uso de un ITIN no constituye por sí mismo una irregularidad, pero indicó que debe considerarse como un posible factor de riesgo dentro de los procesos de análisis y verificación financiera.
Asimismo, pidió que cualquier actividad sospechosa relacionada con estos esquemas sea reportada mediante la clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” en los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR).
Estrategia vinculada al control migratorio
La medida forma parte de la Orden Ejecutiva 14406, denominada “Restaurando la Integridad del Sistema Financiero Estadounidense”, impulsada por la administración federal para vincular el control migratorio con la supervisión financiera.
Mientras las autoridades sostienen que el objetivo es combatir el fraude, la evasión fiscal y el uso indebido de documentos de identidad, organizaciones defensoras de migrantes han advertido que estas acciones podrían incrementar la vigilancia sobre comunidades migrantes y ampliar el papel de instituciones privadas en tareas relacionadas con la aplicación de políticas migratorias.
Según datos de FinCEN, durante 2025 las instituciones financieras reportaron más de 2 mil 500 millones de dólares en operaciones sospechosas relacionadas con esquemas de fraude en nóminas y contratación irregular de trabajadores.
