- Familiares de los 43 acusaron que 17 autobuses con estudiantes normalistas fueron retenidos en la caseta de Tlalpan.
- La reunión prevista con autoridades federales fue suspendida tras los bloqueos denunciados por los manifestantes.
- Exigen nuevas líneas de investigación, extradiciones pendientes y el fin de la criminalización del movimiento.
Denuncian bloqueo a estudiantes rumbo a la Ciudad de México
Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que autoridades impidieron el ingreso a la Ciudad de México de 17 autobuses que trasladaban a normalistas, situación que derivó en la cancelación de una reunión programada este viernes con dependencias federales.
El encuentro contemplaba la participación de representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía especial encargada del caso Ayotzinapa.
De acuerdo con los familiares, durante la semana se han registrado diversos operativos y revisiones que han dificultado el traslado de estudiantes que pretendían participar en actividades de protesta y visibilización relacionadas con el caso.
María Concepción Rodríguez, madre de Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, cuestionó las medidas implementadas contra los estudiantes y familiares.
“¿Cómo es posible que a los 17 autobuses no los dejaron pasar? El día lunes que no dejaron pasar hasta llevaron a sus perros, entrenadores, ¿qué somos nosotros para que nos lleven perros? Eso nunca había pasado, ¿por qué ahora Derechos Humanos nos hizo esa jugada? Como padres de los 43, aquí vamos a seguir, vamos a seguir ¡porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos!”.
Reclaman falta de resultados a casi 12 años de la desaparición
Durante un acto realizado en el Antimonumento de los 43, en Paseo de la Reforma, los familiares insistieron en que la investigación continúa sin ofrecer respuestas definitivas sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
Isidoro Vicario, representante legal de los padres y madres, explicó que la reunión cancelada tenía como propósito presentar una serie de exigencias orientadas a fortalecer las investigaciones y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Según señaló, las demandas estaban enfocadas en obtener información relevante que permita conocer qué ocurrió con los jóvenes y dónde podrían encontrarse.
Acusan criminalización y rechazan vínculos políticos
Los familiares también denunciaron que han sido objeto de señalamientos y descalificaciones por parte de distintos actores políticos y gubernamentales.
Mario González, padre de César Manuel González, rechazó que el movimiento tenga relación con partidos políticos o grupos de oposición.
“No hemos recibido dinero de ningún pinche partido. No somos priistas, ni panistas, ni morenistas, porque desgraciadamente, el primer morenista que nosotros confiábamos y se montó en el movimiento de los padres nos falló y ese fue López Obrador que desafortunadamente, se tomó fotos con la camisa de los rostros de nuestros hijos”.
El padre de familia aseguró que el desgaste emocional acumulado durante casi 12 años sigue siendo profundo debido a la falta de justicia.
“El dolor sigue, ya no tenemos estómago para soportarlo, ya las tripas las tenemos desechas. Y más aún con el gobierno que no nos quiere dar la justicia. Más aún que todavía nos criminalizan a nosotros y los criminales están adentro del gobierno. Las pruebas las tienen que buscar el fiscal, no nosotros”.
Los familiares reiteraron que sus acciones responden únicamente a la búsqueda de verdad y justicia.
“Se nos acusa de vándalos, violentos, y particularmente ahora se nos señala que somos de la ultraderecha. Manifestamos que las madres y padres somos personas trabajadoras del campo que no tenemos ideologías. Nos mueve el amor a nuestros hijos”.
Solicitan reabrir líneas de investigación
Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, afirmó que aún existen elementos que no han sido investigados de manera exhaustiva y que podrían aportar información relevante para el caso.
Por ello, los familiares solicitaron a la FGR revisar nuevamente diversas líneas de investigación que, aseguran, fueron abandonadas durante años.
Entre ellas mencionaron información derivada de interceptaciones de comunicaciones registradas durante la noche de la desaparición de los estudiantes, así como posibles traslados de algunos jóvenes a otros puntos de la región.
Además, pidieron la creación de una comisión de trabajo integrada por familiares y asesores jurídicos para analizar documentos y expedientes relacionados con el caso.
Exigen extradiciones y el regreso del GIEI
Los padres y madres también solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las gestiones con autoridades estadounidenses para concretar la extradición de exfuncionarios señalados en las investigaciones, entre ellos Tomás Zerón y José Ulises Bernabé.
Asimismo, exigieron el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y reclamaron acceso total a la información que consideran indispensable para avanzar en la búsqueda de la verdad.
Los familiares sostuvieron que, a casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, aún persisten obstáculos que impiden el esclarecimiento completo de los hechos y reiteraron que continuarán movilizándose hasta obtener respuestas.
