- La Comisión Anticorrupción aprobó iniciar un juicio político contra Samuel García por presunta triangulación de recursos públicos.
- El gobernador fue citado a comparecer ante el Congreso de Nuevo León el próximo 23 de junio.
- Samuel García rechazó las acusaciones y aseguró que los hechos ya fueron investigados y archivados por autoridades estatales.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, tras considerar procedente una denuncia relacionada con una presunta red de triangulación de recursos públicos y posibles actos de corrupción.
La solicitud fue promovida por Morena y ahora dará paso a un procedimiento legislativo en el que el mandatario estatal podrá presentar su defensa ante el Poder Legislativo local.
Lo que decidió el Congreso
Con seis votos a favor de diputados del PRI, PAN y una legisladora de Morena, y un voto en contra de Movimiento Ciudadano, la Comisión Anticorrupción avaló iniciar formalmente el procedimiento.
Además, se instruyó notificar al gobernador para que responda a las acusaciones y ejerza su derecho de defensa. Samuel García podrá comparecer personalmente, presentar documentación por escrito o designar representación legal.
Como parte del proceso, fue citado para rendir un informe ante el Congreso local el próximo 23 de junio.
Acusaciones por presunto desvío de recursos
La denuncia señala una supuesta triangulación de recursos públicos a favor de empresas y despachos vinculados con familiares del gobernador.
De acuerdo con las acusaciones, recursos estatales habrían sido canalizados hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, cuyos accionistas serían familiares directos de García Sepúlveda.
Posteriormente, el dinero habría sido transferido a otras compañías, entre ellas una empresa inmobiliaria identificada como Saga Tierras y Bienes Inmuebles, que presuntamente recibió más de mil millones de pesos.
Según los señalamientos, parte de esos recursos habría sido enviada posteriormente a cuentas en el extranjero, incluyendo operaciones en Estados Unidos.
Investigación y debate político
Los promoventes del juicio político argumentan que existen elementos suficientes para presumir posibles afectaciones al interés público y justificar una investigación más amplia.
Durante la discusión, legisladores de Morena señalaron que el gobernador debe rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos y responder a los cuestionamientos planteados.
Por su parte, diputados de Movimiento Ciudadano calificaron el procedimiento como una acción con fines políticos y cuestionaron la solidez de las pruebas presentadas, al considerar que gran parte de los señalamientos se sustentan en investigaciones periodísticas.
Samuel García rechaza los señalamientos
Tras difundirse las acusaciones, Samuel García negó haber cometido irregularidades y aseguró que los hechos ya fueron revisados por autoridades estatales.
El mandatario afirmó que la Fiscalía de Nuevo León investigó previamente los señalamientos y concluyó con una resolución de no ejercicio de la acción penal.
A través de redes sociales, sostuvo que las acusaciones carecen de sustento y calificó el caso como una reedición de denuncias que, según dijo, ya fueron desestimadas por las autoridades competentes.
¿Qué sigue en el proceso?
El procedimiento continuará en el Congreso de Nuevo León, donde se analizarán las pruebas presentadas por ambas partes.
En caso de avanzar, corresponderá a las instancias competentes determinar si existen responsabilidades que ameriten sanciones. La eventual destitución o inhabilitación del gobernador no depende del Congreso, sino de una resolución emitida por las autoridades judiciales correspondientes.
