- La audiencia inicial del exgobernador de Baja California continúa tras más de cinco recesos decretados por la jueza de control.
- La FGR lo acusa de presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando por su posible participación en una red de huachicol fiscal.
- Un juez federal le concedió una suspensión para evitar que permanezca incomunicado o sea víctima de tortura durante el proceso.
Audiencia se prolonga por más de un día
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continúa este sábado compareciendo ante una jueza de control como parte del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una organización dedicada al huachicol fiscal.
La audiencia inicial se realiza por videoconferencia y ha registrado al menos cinco recesos desde que comenzó el viernes 17 de julio a las 13:00 horas.
La diligencia es encabezada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien ordenó un primer receso hasta las 19:00 horas del viernes. Posteriormente, durante la madrugada y la mañana de este sábado, se decretaron nuevas pausas, siendo la más reciente entre las 08:00 y las 09:00 horas.
Tras ese último receso, la audiencia fue reanudada y continúa con la presentación de argumentos por parte de la Fiscalía y la defensa.
FGR presenta acusaciones por delincuencia organizada y contrabando
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) expone los elementos que sustentan la investigación contra Ruffo Appel y otros coimputados.
La dependencia sostiene que el exmandatario estatal habría participado en una organización dedicada al contrabando de combustibles mediante un esquema conocido como huachicol fiscal, considerado por las autoridades como uno de los casos más relevantes detectados en el país.
La investigación también está relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación de combustibles realizadas por la empresa Ingemar, S.A. de C.V., fundada por Ruffo Appel, de la cual es socio mayoritario.
Los delitos que se le imputan son:
- Delincuencia organizada.
- Contrabando.
Operativo de seguridad permanece en la FEMDO
Mientras se desarrolla la audiencia, continúa un fuerte dispositivo de seguridad en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la Ciudad de México.
En el lugar permanecen unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina, ante la posibilidad de que la autoridad judicial determine la imposición de la prisión preventiva oficiosa.
En caso de que la defensa solicite la ampliación del plazo constitucional para definir la vinculación a proceso y ésta sea concedida, Ruffo Appel podría ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
Juez concede amparo para evitar incomunicación y tortura
De forma paralela al proceso penal, un secretario en funciones de juez del Juzgado Séptimo de Distrito en Baja California, con sede en Ensenada, otorgó una suspensión de plano al exgobernador.
El amparo fue promovido por su defensa tras su detención, ocurrida el pasado jueves en Ensenada, donde reclamó presuntas violaciones a sus derechos, entre ellas:
- Privación ilegal de la libertad.
- Incomunicación.
- Tortura.
- Malos tratos.
- Afectaciones a su integridad personal.
No obstante, el juzgado únicamente concedió la suspensión para ordenar que las autoridades encargadas de su custodia garanticen que Ruffo Appel no permanezca incomunicado ni sea sometido a actos de tortura.
La suspensión no modifica el proceso penal
La resolución judicial tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales del exgobernador mientras permanece bajo custodia.
El amparo no representa un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal, tampoco invalida la detención ni suspende la audiencia inicial, la cual continúa mientras la jueza determina su situación jurídica.
En las próximas horas se espera que la autoridad judicial resuelva las medidas cautelares que enfrentará el exmandatario y determine si será vinculado a proceso por los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República.
