- Christopher A. Bravo Marín, de 46 años, fue detenido en Minneapolis y enfrenta un cargo federal por presuntamente conspirar para lavar dinero procedente del narcotráfico.
- La acusación señala que habría utilizado su empleo en una empresa de transferencias de dinero para enviar recursos a México y evadir controles contra el lavado de dinero.
- El presunto esquema habría operado durante tres años, con transferencias inferiores a mil dólares y pagos de entre 40 y 50 dólares por cada operación.
Detienen a presunto operador financiero en Estados Unidos
Christopher A. Bravo Marín, ciudadano mexicano de 46 años y residente de Minneapolis, Minnesota, fue detenido el lunes 24 de agosto por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia estadounidense informó que un gran jurado federal del Distrito de Minnesota presentó el pasado 20 de agosto una acusación en su contra por presuntamente lavar al menos 750 mil dólares provenientes del narcotráfico para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Bravo Marín compareció este martes ante un juez magistrado federal en Minneapolis. Está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión.
Habría aprovechado su puesto en una empresa de remesas
De acuerdo con la acusación, Bravo Marín trabajaba para una empresa de transferencias de dinero con sede en Minnesota y habría utilizado sus conocimientos sobre los procedimientos de cumplimiento para evadir los mecanismos de prevención de lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses sostienen que las operaciones se realizaron aproximadamente entre febrero de 2023 y febrero de 2026.
Durante ese periodo, presuntamente colaboró con integrantes de una célula del CJNG para transferir recursos derivados de actividades de narcotráfico hacia operadores del grupo criminal en México.
Dividía las transferencias para evitar controles
La investigación señala que Bravo Marín habría fraccionado las cantidades que debía enviar en múltiples operaciones individuales.
Cada transferencia se mantenía por debajo de los mil dólares, monto que, según la acusación, representaba el límite establecido por la empresa para solicitar y verificar la identificación del cliente.
Para ocultar a los verdaderos remitentes, presuntamente registraba nombres falsos, principalmente de origen hispano.
Los datos de los beneficiarios en México, de acuerdo con las autoridades, eran proporcionados por integrantes del CJNG.
Presuntamente falsificaba firmas y enviaba comprobantes
El acusado también habría utilizado documentación falsa para hacer que las operaciones aparentaran ser legítimas.
Según el Departamento de Justicia, Bravo Marín presuntamente falsificaba las firmas de los supuestos remitentes en los comprobantes de pago.
Después de procesar cada transferencia, habría enviado mediante mensajes de texto capturas de los recibos a sus cómplices, quienes utilizaban esa información para cobrar el dinero en México.
Por cada operación que presuntamente procesaba para el grupo criminal, habría recibido entre 40 y 50 dólares.
Autoridades de EU señalan el papel de intermediarios financieros
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que las organizaciones criminales dependen de intermediarios financieros para trasladar hacia sus líderes las ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas.
El fiscal federal del Distrito de Minnesota, Daniel N. Rosen, sostuvo que el acusado habría contribuido a fortalecer una estructura financiera vinculada con el CJNG al facilitar el traslado de cientos de miles de dólares hacia México.
Travis Pickard, agente especial a cargo de HSI en St. Paul, destacó la coordinación entre las distintas agencias estadounidenses para investigar redes financieras relacionadas con organizaciones criminales transnacionales.
Acusación aún deberá ser acreditada ante un tribunal
El caso se encuentra en una etapa inicial del proceso judicial y las acusaciones contra Bravo Marín deberán ser demostradas ante un tribunal federal.
El cargo que enfrenta contempla una pena máxima de 20 años de prisión en caso de que sea declarado culpable.
Las autoridades estadounidenses continúan con la investigación para determinar si existen otros participantes y establecer el alcance de las operaciones financieras presuntamente vinculadas con el CJNG.
