- La SCJN desechó por improcedente el último recurso presentado por Emilio Lozoya para recuperar la residencia.
- El inmueble de Lomas de Bezares está valuado en más de 51.7 millones de pesos y la extinción de dominio quedó firme.
- La FGR sostiene que la propiedad fue adquirida con recursos de procedencia ilícita relacionados con el caso Agronitrogenados.
La Suprema Corte consideró improcedente el recurso promovido por el exdirector de Pemex para revertir la extinción de dominio del inmueble, valuado en más de 51 millones de pesos.
La propiedad queda definitivamente para la nación
La residencia que perteneció al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, quedó definitivamente en manos del Estado mexicano luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el último recurso presentado por su defensa.
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, determinó que el recurso de revisión era improcedente, por lo que la resolución que establece la extinción de dominio del inmueble permanece firme.
La decisión fue difundida en el listado de resoluciones del máximo tribunal y corresponde al expediente 4819/2026. El acuerdo también ordenó notificar la determinación a la parte demandante y al tribunal colegiado que remitió el asunto a la Corte.
Inmueble está valuado en más de 51 millones de pesos
La residencia, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, tiene un valor estimado de 51 millones 701 mil 973 pesos.
El litigio por la propiedad se prolongó durante varios años. La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que el inmueble fue adquirido en 2012 con recursos de procedencia ilícita relacionados con presuntos sobornos recibidos por Lozoya.
De acuerdo con la investigación de la FGR, parte de esos recursos estuvieron vinculados con las operaciones realizadas alrededor de la compra de la planta de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), durante el periodo en que Lozoya encabezaba Pemex.
La autoridad también señaló que el dinero habría sido transferido mediante operaciones financieras relacionadas con la empresa Tochos Holding Limited, a través de la cual se habrían canalizado recursos provenientes de distintos pagos ilícitos.
Tribunal ya había confirmado la extinción de dominio
Antes de que el asunto llegara a la SCJN, un tribunal colegiado había confirmado la extinción de dominio de la propiedad. La resolución estableció que el inmueble estaba relacionado con recursos de procedencia ilícita.
La FGR informó previamente que, tras un litigio de varios años, obtuvo una resolución favorable que permitió que la propiedad pasara a favor del Estado.
El expediente analizado por la Suprema Corte involucraba, entre otros aspectos, la posible aplicación retroactiva del artículo 22 constitucional y de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en casos relacionados con delitos cometidos con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, la Corte determinó que el recurso de revisión no cumplía con los requisitos legales para ser estudiado, por lo que fue desechado.
La propiedad estuvo bajo disputa desde 2020
La residencia fue asegurada inicialmente por la FGR en mayo de 2020. Ese primer aseguramiento quedó posteriormente sin efecto debido a inconsistencias procesales.
En octubre de ese mismo año, las autoridades volvieron a asegurar el inmueble mientras avanzaban las investigaciones relacionadas con el caso de Lozoya.
La FGR sostuvo que la propiedad formaba parte del esquema mediante el cual se habrían utilizado recursos ilícitos para adquirir bienes durante el periodo en que Lozoya estuvo al frente de Pemex.
Con la decisión de la Suprema Corte, la extinción de dominio queda firme y la residencia pasa definitivamente al patrimonio del Estado mexicano.
¿Qué relación tiene el inmueble con el caso Agronitrogenados?
La FGR ha señalado que los recursos utilizados para adquirir la residencia estaban relacionados con los pagos que Lozoya habría recibido de manera ilícita y que posteriormente fueron canalizados mediante operaciones financieras.
La investigación federal vinculó parte de esos recursos con el caso Agronitrogenados y también con operaciones relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht.
La resolución de la SCJN se refiere específicamente a la propiedad y no representa, por sí misma, una determinación adicional sobre la responsabilidad penal de Lozoya en los distintos procesos que se han seguido en su contra.
