- La gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor revisar posibles contratos del Gobierno de Baja California con empresas incluidas en la lista de la OFAC.
- Los expedientes localizados deberán enviarse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para determinar las acciones correspondientes.
- Como medida preventiva, los proveedores señalados por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas no podrán participar en licitaciones estatales mientras no regularicen su situación jurídica.
Oficialía Mayor revisará los contratos
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ordenó realizar una revisión exhaustiva para determinar si empresas recientemente incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tuvieron contratos con el Gobierno estatal.
La instrucción contempla que la Oficialía Mayor localice los antecedentes contractuales y remita los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que sean analizados conforme a la legislación aplicable.
La medida ocurre después de que la OFAC anunció el 29 de septiembre sanciones contra 21 personas y 25 entidades vinculadas, según el Departamento del Tesoro estadounidense, con redes del Cártel de Sinaloa.
Gobierno reconoce que existen contrataciones
De acuerdo con un oficio de la Oficialía Mayor fechado el 29 de septiembre, una búsqueda en los archivos físicos y digitales permitió localizar diversas contrataciones formalizadas con algunas de las personas y empresas incluidas en la lista de la OFAC.
El documento señala que las contrataciones fueron realizadas conforme a la legislación estatal y que, al momento de los procedimientos, se verificó que los proveedores no estuvieran inhabilitados o sancionados en los registros correspondientes.
La propia administración estatal sostiene que los contratos deben analizarse con base en la situación jurídica y la información disponible cuando fueron celebrados.
Nuevos proveedores señalados no podrán participar en licitaciones
Como medida preventiva, el Poder Ejecutivo estatal determinó que las personas físicas o morales señaladas por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas no podrán participar como proveedoras del Gobierno de Baja California mientras no aclaren formalmente su situación jurídica ante las instancias correspondientes.
Marina del Pilar señaló que la revisión deberá determinar si existe alguna vulneración o riesgo operativo o patrimonial y, en caso de detectar irregularidades, se deberá actuar conforme a la ley.
Gobierno descarta acceso de proveedores a bases de datos
Respecto a los contratos relacionados con seguridad pública, el Gobierno de Baja California explicó que correspondieron a equipamiento, suministros e infraestructura técnica para fortalecer las operaciones.
La administración estatal aseguró que la custodia y administración de los sistemas y bases de datos institucionales están exclusivamente a cargo del personal autorizado de las corporaciones de seguridad. Por ello, descartó una vulneración a la información de la ciudadanía.
También aclaró que la Fiscalía General del Estado cuenta con autonomía constitucional, presupuestal y administrativa para realizar sus propios procesos de contratación y resguardo documental.
Revisión determinará si hubo irregularidades
La gobernadora sostuvo que la nueva información debe ser revisada por las instancias correspondientes y que no deben trasladarse automáticamente a contratos anteriores las circunstancias jurídicas conocidas en 2026.
La administración estatal señaló que el objetivo es revisar los documentos, determinar posibles riesgos y, si se encuentra alguna irregularidad, proceder conforme a la legislación vigente.
