- La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio por posibles irregularidades en contrataciones del INE, conflictos de interés y triangulación de recursos.
- Guadalupe Taddei rechazó los señalamientos en su contra y atribuyó las publicaciones a intereses políticos; el caso también fue turnado al Órgano Interno de Control del instituto.
- Ricardo Monreal afirmó que Morena no encubrirá posibles actos de corrupción y consideró viable revisar las facultades extraordinarias que el Congreso otorgó a la consejera presidenta en 2024.
ASF investiga posibles irregularidades en contratos del INE
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se difundieran señalamientos sobre posibles anomalías en contratos con proveedores de materiales electorales.
El organismo informó el 23 de octubre que cuenta con elementos e indicios relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.
Las indagatorias abarcan al INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos.
La ASF aseguró que actuará con independencia, objetividad y rigor técnico. Sin embargo, no detalló cuáles son los contratos bajo revisión ni identificó a posibles responsables.
Taddei acude a la Segob y a la ASF
De acuerdo con fuentes electorales citadas en la información original, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tenía previsto acudir a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la ASF.
Hasta el momento de la publicación, no se habían difundido detalles oficiales sobre el propósito de las reuniones.
La visita ocurre en medio de las investigaciones por posibles irregularidades en contrataciones del organismo electoral y de los cuestionamientos sobre presuntos vínculos con proveedores de materiales electorales.
Señalamientos por presuntos conflictos de interés
Las acusaciones se relacionan con contratos para adquirir materiales electorales, como papel de seguridad, tintas invisibles y productos con marcas de agua, así como con posibles vínculos entre antiguos funcionarios del INE y empresas proveedoras.
Entre las compañías mencionadas en las publicaciones periodísticas figuran Corporativo Zeg y Cajas Graf.
También aparecen Jonathan Navarrete Torres, señalado en versiones periodísticas como presunto chofer de Taddei, y Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del instituto.
De acuerdo con la información difundida, Navarrete Torres habría recibido un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg en junio de 2023. García González, por su parte, habría sido representante legal de esa empresa antes de ocupar su cargo en el INE.
Taddei negó que Navarrete Torres hubiera sido su chofer y afirmó que estuvo adscrito a la oficina de la Presidencia del organismo, pero desempeñaba otras funciones.
La consejera presidenta también rechazó tener proveedores favoritos y sostuvo que las empresas cuestionadas ya ofrecían bienes y servicios al INE antes de su llegada, en abril de 2023.
El Órgano Interno de Control revisará los antecedentes
Taddei informó que los antecedentes del caso fueron turnados al Órgano Interno de Control (OIC) del INE para determinar si existieron omisiones o información falsa en las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios señalados.
Según la funcionaria, las personas involucradas declararon no tener participación en empresas relacionadas con los proveedores cuestionados.
Añadió que cada servidor público es responsable de la información que presenta bajo protesta de decir verdad y que corresponde a las instancias competentes verificar su veracidad.
Taddei puso a disposición de las autoridades fiscalizadoras la información sobre las contrataciones y aseguró que el instituto colaborará con las investigaciones sin interferir en ellas.
Por otra parte, la información señala que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a un proveedor de materiales electorales por presuntas prácticas fraudulentas. No se presentan resultados definitivos de esas indagatorias.
Taddei atribuye los señalamientos a intereses políticos
En una entrevista con IMER Noticias, el 23 de octubre, la consejera presidenta sostuvo que las publicaciones en su contra tienen un objetivo político y buscan obligar al instituto a responder públicamente.
Afirmó que existe un intento de desestabilizar al INE y reducir su credibilidad al inicio del proceso electoral 2026-2027.
Taddei también señaló que había solicitado la intervención de la ASF para revisar los procedimientos administrativos del organismo y expresó su confianza en que la fiscalización contribuya a esclarecer los hechos.
Un día antes, durante una sesión del Consejo General, había asegurado que no claudicaría ante los señalamientos, pues consideró que forman parte de una estrategia para debilitar al instituto.
Monreal descarta encubrimientos y pide pruebas
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que su bancada no protegerá a funcionarios que hayan cometido ilegalidades, irregularidades o actos de corrupción.
Sin embargo, subrayó que no se puede responsabilizar a una persona ni exigir su salida sin pruebas. Indicó que corresponde al OIC del INE, a la ASF y a la UIF investigar los señalamientos dentro de sus respectivas atribuciones.
Monreal sostuvo que es necesario esclarecer los hechos sin poner en riesgo la legitimidad del organismo electoral ni anticipar conclusiones sobre la responsabilidad de Taddei.
También recordó que la Cámara de Diputados participa en la designación de las consejerías electorales y de la Presidencia del INE, pero señaló que no le corresponde solicitar la renuncia de la funcionaria sin elementos que sustenten una actuación.
Morena plantea revisar las facultades extraordinarias de Taddei
Monreal consideró viable revisar las atribuciones extraordinarias que el Congreso otorgó a Taddei en 2024, mediante una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Esas facultades le permiten designar funcionarios dentro del organismo electoral.
El legislador aclaró que la decisión original respondió a las circunstancias de aquel momento, pero planteó abrir una reflexión sobre la conveniencia de otorgar atribuciones amplias a quienes encabezan instituciones públicas.
La propuesta, señaló, podría analizarse con los grupos parlamentarios de Morena y de otras fuerzas políticas.
Sheinbaum había solicitado revisar el uso de recursos
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso durante su conferencia matutina del 20 de octubre, cuando anunció que solicitaría a la ASF revisar al INE para determinar si existió un uso indebido de recursos públicos.
Tres días después, la Auditoría confirmó el inicio de una investigación de oficio y señaló que ya contaba con indicios sobre posibles irregularidades.
Las autoridades deberán determinar si hubo anomalías en los contratos, conflictos de interés o conductas que generen responsabilidades administrativas o legales. Por ahora, los señalamientos continúan bajo investigación y no constituyen, por sí mismos, una determinación de culpabilidad.
