- La Auditoría Superior de la Federación revisará las contrataciones del IFE, el INE y los organismos electorales estatales entre 2000 y 2025.
- La investigación buscará detectar concentración de proveedores, posibles prácticas ilegales y anomalías en el uso de recursos públicos.
- La ASF identificó operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos de dos grupos empresariales, de los cuales 3 mil 790.3 millones corresponden a organismos electorales locales.
ASF amplía investigación a contrataciones electorales desde 2000
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión histórica de las contrataciones del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), correspondientes al periodo de 2000 a 2025.
La decisión se tomó después de que los trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a distintas entidades federativas revelaran indicios de posibles irregularidades en el ejercicio del gasto público.
El objetivo es identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en las adquisiciones realizadas por las autoridades electorales, así como determinar si existieron acuerdos entre empresas o funcionarios para favorecer determinados contratos.
Tres líneas de investigación
La ASF informó que sus trabajos se concentrarán en tres áreas:
- Investigaciones de oficio: revisión de posibles irregularidades en las contrataciones públicas del INE, el antiguo IFE y todos los OPLE.
- Estudio histórico: análisis de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 para identificar patrones de contratación y concentración de proveedores.
- Auditoría integral: revisión del INE y del gasto federalizado transferido a los organismos electorales de las entidades.
La fiscalización permitirá examinar los procedimientos de adquisición, las relaciones comerciales entre proveedores y las autoridades, así como posibles mecanismos que hayan limitado la competencia en las licitaciones.
Investigan operaciones por 8 mil 870 millones de pesos
El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que fueron identificados dos grupos empresariales con operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026.
De esa cantidad, 3 mil 790.3 millones de pesos corresponden a operaciones con organismos electorales locales.
Entre las posibles anomalías bajo investigación se encuentran esquemas de subcontratación entre empresas de los mismos grupos, proveedores con pocos trabajadores y mecanismos que presuntamente habrían simulado competencia para obtener contratos.
La ASF también analizará si existieron prácticas que favorecieron a determinadas compañías, alteraron las condiciones de las licitaciones o perjudicaron los recursos públicos.
Revisión responde a señalamientos sobre las gestiones del INE
La investigación se desarrolla en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei y de administraciones anteriores.
La presidenta Claudia Sheinbaum había solicitado revisar los contratos del instituto, tanto del periodo de Taddei como de la presidencia de Lorenzo Córdova, y transparentar el uso de los recursos públicos.
La mandataria también señaló que un grupo reducido de empresas habría concentrado durante años la producción de materiales electorales, sin que se realizaran cambios suficientes para evitar esa concentración.
INE prepara denuncia ante la FGR
Por su parte, la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, anunció que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen las presuntas irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes.
La denuncia tendrá carácter general y no estará dirigida inicialmente contra una persona en particular. Incluirá a funcionarios y colaboradores sobre quienes existan indicios o señalamientos.
Cruz García informó que el instituto también revisa todos sus contratos, incluidos los relacionados con la producción de credenciales para votar, cuyo monto supera los mil millones de pesos.
La revisión de la ASF y las acciones del INE buscan esclarecer posibles irregularidades en las contrataciones electorales, identificar a los responsables, en caso de que existan, y determinar si hubo afectaciones al presupuesto público.
