- El INE alista un convenio con la FGR, SSPC, UIF, CNI y CNBV para revisar la integridad de quienes busquen competir en las elecciones de 2027.
- La ASF identificó posibles vínculos entre empresas proveedoras de material electoral y personas relacionadas con el instituto, por lo que mantiene abiertas investigaciones.
- El PAN pidió a la FGR solicitar alertas migratorias contra Guadalupe Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas por presuntas irregularidades.
INE busca impedir que el crimen organizado llegue a las candidaturas
El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara un convenio de colaboración con cinco instituciones federales para fortalecer la revisión de los aspirantes a cargos de elección popular en el proceso electoral 2026-2027.
El acuerdo contempla la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El objetivo es intercambiar información para identificar posibles vínculos de los aspirantes con la delincuencia organizada u otras actividades criminales.
Los partidos políticos y las personas que busquen una candidatura independiente podrán entregar voluntariamente sus listas de aspirantes, siempre que cuenten con su consentimiento informado.
El INE enviará las solicitudes a las autoridades correspondientes, que evaluarán los posibles riesgos mediante sus propios criterios y procedimientos.
La firma del convenio, prevista inicialmente para el viernes 6 de noviembre, fue pospuesta debido a cambios de agenda de algunos funcionarios convocados.
José Alfredo Hernández Casillas solicitó un amparo ante posible detención
El empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por sus vínculos comerciales con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, promovió en febrero de 2026 un amparo ante el temor de que existiera una orden de aprehensión o comparecencia en su contra.
El recurso fue presentado después de que presuntos agentes ministeriales acudieran a su domicilio en enero.
Una jueza le concedió inicialmente una suspensión provisional, pero posteriormente negó la definitiva y sobreseyó el juicio al determinar que las autoridades informaron que no existía una orden de captura en su contra.
El expediente fue archivado en julio, después de que concluyera el procedimiento judicial.
De acuerdo con documentos de la Plataforma Nacional de Transparencia, Hernández Casillas estuvo relacionado con contratos por más de 12.4 millones de pesos para adquirir material electoral destinado a procesos en la Ciudad de México.
Empresas vinculadas al empresario recibieron 49 contratos
Entre 2018 y 2025, al menos seis empresas relacionadas con Hernández Casillas obtuvieron 49 contratos del INE y de organismos electorales locales.
Las adjudicaciones sumaron aproximadamente mil 450 millones de pesos para la compra de urnas, boletas, mamparas y otros materiales electorales.
Entre las compañías señaladas se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Formas Finas Fernando Fernández, Comercializadora Grupo Selati y Seriplast de México.
De acuerdo con los registros citados, Cajas Graf acumuló contratos por más de 656 millones de pesos, mientras que Corporativo Zeg recibió al menos 123 millones entre 2019 y 2024.
La ASF revisa estas contrataciones ante posibles irregularidades y conflictos de interés.
ASF identifica relaciones entre proveedores y personas vinculadas al INE
La Auditoría Superior de la Federación informó que encontró conexiones corporativas entre empresas proveedoras de material electoral, entre ellas ZEG, Graf, Formas Finas y Seriplast.
En su revisión identificó a cinco personas relacionadas con ZEG y Graf, además de posibles vínculos entre representantes empresariales y antiguos trabajadores del INE.
Entre los señalados aparecen personas identificadas como Jonathan “N”, quien habría sido apoderado de ZEG, y Alejandro “N”, relacionado con esa compañía y con Formas Finas.
La ASF advirtió que estos antecedentes justifican profundizar las investigaciones para determinar si existieron conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales.
La indagatoria, iniciada el 23 de octubre, comprende al INE, los organismos electorales locales, proveedores y servidores públicos relacionados con las contrataciones.
Los hermanos Hernández Casillas y sus antecedentes en dependencias federales
Una investigación presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, señala que los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas tuvieron vínculos laborales con el Registro Nacional de Población (Renapo) y posteriormente con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
De acuerdo con la información difundida, ambos participaron en actividades de esas instituciones durante la década de 1980.
Posteriormente incursionaron en el negocio de materiales electorales mediante empresas como Cartonera Plástica, cuyo primer registro como proveedora electoral se ubica en 1999.
En 2005, esta compañía obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México, adjudicación que estuvo relacionada con señalamientos de irregularidades y presuntos sobornos.
Empresas habrían concentrado más de 2 mil millones de pesos en contratos
Según los datos presentados por el Gobierno federal, las compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos de 23 organismos electorales locales entre 2015 y 2023.
Las autoridades señalaron que presuntamente utilizaban distintas razones sociales para simular competencia en las licitaciones y posteriormente recurrían a otras empresas para suministrar los materiales contratados.
Aunque las compañías continúan relacionadas con el sector de las adquisiciones públicas, las investigaciones buscan determinar si existieron mecanismos para favorecerlas y concentrar las adjudicaciones.
PAN pide alerta migratoria contra Guadalupe Taddei y empresarios
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron a la fiscal general, Ernestina Godoy, gestionar alertas migratorias contra Guadalupe Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Los legisladores Federico Döring y Paulina Rubio argumentaron que la medida evitaría que los señalados abandonen México mientras avanzan las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos y adquisiciones del INE.
También pidieron que las indagatorias no se limiten al congelamiento de cuentas bancarias, sino que permitan determinar posibles responsabilidades penales.
El PAN recordó que su dirigencia nacional presentó una denuncia ante la FGR por los presuntos actos de corrupción relacionados con el organismo electoral.
Hasta el momento, las solicitudes de alerta migratoria corresponden a exigencias de los legisladores y no representan una medida judicial confirmada contra las personas señaladas.
