La red delictiva que se dedica a despojar de sus propiedades a adultos mayores y familias de escasos recursos, y que según la carpeta de investigación 1965/Nezh/2025 está liderada por el notario José Antonio “R”, quien estaría ligado a la Notaría No. 29 con sede en Nezahualcóyotl, cuenta ya con 10 denuncias por el delito en mención, además de tres más por amenazas y lesiones; las víctimas denunciaron a la dependencia que fueron intimidados y golpeados por “gente” de esa red criminal.
La investigación que continúa realizando la Fiscalía en en Edomex, reveló también que junto con Reyes Duarte, se identificó a un supuesto empresario identificado como Oscar Pedroza como quienes encabezan esta red criminal de despojo, para poder maniobrar obtienen “información sensible” de altos funcionarios y empleados del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).
La red se extiende, según lo asentado en la carpeta de investigación 1965/Nezh/2025, hasta altos mandos del Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México, CUSAEM que es un organismo auxiliar de seguridad pública de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, pues para amedrentar y despojar a los propietarios de las viviendas previamente seleccionadas, utilizan a integrales de esa corporación policiaca, por lo que no se descarta que incluso, funcionarios de la Secretaría de Seguridad en el Edomex, tengan participación en este contubernio.
Las zonas donde más despojos se han denunciado de este grupo se centran en Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, “estamos en el proceso de recuperación del predio pero es difícil porque movieron muchos papeles. Tenemos aquí viviendo 20 años y ahora resulta que de repente aparece un documento notariado que dice que desde el 2024 el verdadero dueño es otra persona que no tenemos idea de quién es”, explica Maricela Ordaz, una de las víctimas de esta red a quien la despojaron de una propiedad en Neza.
Este modus operandi se replica en muchas de las denuncias que ya investiga la Fiscalía en el Edomex, entidad que registra una incidencia superior a nivel nacional por el delito de despojo con más de 7 mil denuncias anuales y donde, según las propias cifras, apenas el 2% logra recuperar su propiedad, “ellos conocen su negocio, saben que no tenemos el dinero para pagar a abogados y que el juicio se tarda años y a eso le apuestan, al desgaste, es difícil que una familia promedio pueda soportar ese embate”, explicó el abogado que defiende varios casos de esta red, Gabino Ocampo.
Así opera esta red de despojo
El modus operandi de esta red consiste en:
Dejar deliberadamente espacios vacíos entre folios y fechas en los libros notariales.
Insertar con posterioridad supuestas operaciones jurídicas simuladas con fechas retroactivas.
Dar fe de compraventas ficticias con años de antigüedad para otorgar una aparente legitimidad a los despojos.
Este esquema opera con facilidad debido a deficiencias sistémicas en el Archivo General de Notarías, el cual permite que los notarios retengan los libros de resguardo por largos periodos, sumado a la nula auditoría regular por parte de la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales.
Contexto y acciones de autoridad
El modus operandi y la estructura criminal
Las investigaciones apuntan a que estas operaciones ilícitas no son hechos aislados, sino esquemas operados por estructuras coludidas con exfuncionarios municipales y fedatarios públicos. Dentro de este entramado, las indagatorias señalan al notario José Antonio Reyes Duarte, titular de la Notaría No. 29 con sede en Nezahualcóyotl, como presunto jefe de la estructura criminal.
Los municipios con mayor incidencia de este delito son Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Para hacer frente a esta crisis inmobiliaria, las autoridades implementaron la denominada Operación Restitución, un operativo que ha derivado en el aseguramiento de más de 2,300 inmuebles en decenas de municipios y la detención de cientos de personas vinculadas al despojo, incluyendo a algunos exfuncionarios.
Sin embargo, especialistas y defensores recalcan que las acciones operativas son insuficientes si no se depura y audita de manera profunda a las notarías públicas del Estado de México, las cuales continúan siendo el eslabón clave para la comisión de este delito patrimonial.
