- Brenda Quevedo seguirá el proceso en libertad: el juez retiró el resguardo domiciliario y el brazalete electrónico, aunque permanecen otras medidas cautelares.
- La decisión no representa una absolución: el proceso por el caso Wallace continúa abierto y todavía no existe una sentencia definitiva.
- El caso lleva casi dos décadas: Quevedo fue detenida en 2007 y permaneció más de 17 años en prisión preventiva antes de obtener el cambio de medida cautelar en 2024.
Brenda Quevedo Cruz podrá continuar en libertad el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, luego de que un juez federal ordenara retirar la prisión domiciliaria y el brazalete electrónico que utilizaba desde 2024.
La resolución fue emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, después de una audiencia que se prolongó durante aproximadamente 12 horas.
El juez determinó que las circunstancias que en su momento justificaron las medidas cautelares habían cambiado y que actualmente existen condiciones menos restrictivas para garantizar que Quevedo permanezca sujeta al proceso.
La decisión no significa que haya sido absuelta ni que el caso haya concluido. La acusación penal continúa vigente y todavía no existe una sentencia definitiva.
Qué cambia para Brenda Quevedo
Con la resolución judicial, Quevedo ya no tendrá que permanecer en su domicilio ni portar el dispositivo electrónico de geolocalización.
También se retirará la vigilancia permanente que elementos de la Guardia Nacional mantenían en el inmueble donde permanecía bajo resguardo.
Sin embargo, deberá cumplir otras medidas cautelares mientras continúa el proceso. Entre ellas se encuentra la obligación de acudir periódicamente a la Unidad de Medidas Cautelares para firmar, así como la prohibición de acercarse a la parte acusadora.
Además, no podrá salir del país sin autorización de la autoridad judicial.
Defensa argumentó que ya no existe el mismo riesgo
Durante la audiencia, los abogados de Quevedo presentaron decenas de datos de prueba para demostrar que las condiciones existentes cuando se impuso el resguardo domiciliario habían cambiado.
La defensa sostuvo que, durante el tiempo que permaneció bajo esta medida, Quevedo cumplió con las restricciones impuestas y mantuvo un comportamiento adecuado.
También señaló que cuando tuvo autorización para abandonar temporalmente su domicilio por motivos médicos, regresó posteriormente y cumplió con las condiciones establecidas.
Con estos argumentos, sus abogados buscaron acreditar que actualmente no existe un riesgo de fuga que justifique mantener una medida de mayor restricción a su libertad.
La defensa también expuso argumentos relacionados con su situación familiar y sus necesidades de atención médica.
La acusación cuestionó el retiro de las restricciones
Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y asesores jurídicos de la familia Wallace se opusieron a la modificación de las medidas cautelares.
Sostuvieron que el riesgo procesal no había desaparecido y argumentaron que todavía podrían existir riesgos para integrantes de la familia Wallace.
También recordaron que Quevedo fue detenida en Estados Unidos en 2007, después de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra, como uno de los elementos que, a su consideración, debía tomarse en cuenta para evaluar un posible riesgo de fuga.
Pese a estos argumentos, el juez concluyó que las circunstancias habían cambiado y consideró suficientes las medidas cautelares menos restrictivas.
Permaneció más de 17 años en prisión preventiva
Quevedo fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y posteriormente extraditada a México en septiembre de 2009.
Desde entonces permaneció privada de la libertad durante más de 17 años bajo prisión preventiva, sin que el proceso penal llegara a una sentencia definitiva.
El 24 de junio de 2024 se modificó por primera vez su situación cautelar y se le permitió continuar el proceso desde su domicilio, aunque con vigilancia y un brazalete electrónico.
Más de dos años después, el juzgado determinó que tampoco era necesario mantener esas restricciones.
El proceso por el caso Wallace todavía no termina
La resolución judicial únicamente modifica las condiciones bajo las cuales Quevedo enfrentará el proceso. No determina si es culpable o inocente de los delitos que se le atribuyen.
El expediente está relacionado con el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
El proceso penal se ha prolongado durante casi dos décadas y ha estado acompañado de recursos legales, cuestionamientos sobre la investigación y denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos.
Organismos de derechos humanos han señalado irregularidades
La defensa de Quevedo ha sostenido durante años que existieron violaciones graves a sus derechos durante la investigación y el proceso penal.
En 2020, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que su privación de la libertad había sido arbitraria y señaló vulneraciones a sus derechos.
Posteriormente, en 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que documentó violaciones al debido proceso y señaló actos de tortura física y sexual contra Quevedo.
En 2025, la CNDH emitió otra recomendación relacionada con presuntas violaciones a los derechos humanos de familiares de la acusada.
El caso también ha llegado a instancias internacionales y actualmente se encuentra bajo análisis de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Qué sigue para Brenda Quevedo
Tras la decisión judicial, Quevedo podrá continuar su proceso fuera de prisión y sin vigilancia domiciliaria permanente, pero deberá respetar las medidas cautelares que permanecen vigentes.
El proceso penal continuará hasta que la autoridad judicial determine si existen elementos suficientes para establecer su responsabilidad o, en su caso, dictar una resolución favorable.
Mientras tanto, la defensa mantiene sus acciones legales para buscar una resolución definitiva del expediente y ha insistido en los señalamientos relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos.
