- La Suprema Corte validó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas creada por el INE.
- La revisión será voluntaria y confidencial; sus resultados no impedirán por sí mismos el registro de una candidatura.
- El mecanismo permitirá consultar información de fiscalías, autoridades de inteligencia y organismos financieros sobre posibles riesgos vinculados con actividades delictivas.
Suprema Corte respalda mecanismo de revisión del INE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la operación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), creada para realizar evaluaciones preventivas sobre personas que buscan competir por cargos de elección popular.
El Pleno resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada el 2 de junio de 2026.
El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, fue aprobado por unanimidad.
La Corte determinó que el mecanismo no establece un nuevo requisito para ser candidato ni modifica las condiciones legales de elegibilidad.
La evaluación requiere consentimiento del aspirante
La revisión no se aplicará automáticamente a todas las personas que busquen una candidatura.
Para iniciar el procedimiento se necesita el consentimiento de la persona aspirante y la participación del partido político que la postula.
La evaluación tiene carácter preventivo e informativo. Su objetivo es identificar un posible “riesgo razonable” relacionado con actividades delictivas, pero el resultado no equivale a una acusación penal ni determina que una persona haya cometido un delito.
La Corte también estableció que los resultados no son vinculantes para decidir si una candidatura puede registrarse.
¿Qué información revisará el INE?
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas podrá solicitar información a diversas instituciones para elaborar una evaluación de riesgo.
Entre las autoridades que pueden participar se encuentran:
- Fiscalía General de la República (FGR).
- Fiscalías estatales.
- Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Las instituciones realizan sus respectivos análisis y entregan la información a la Comisión del INE.
Posteriormente, el organismo electoral devuelve los resultados a los partidos políticos, que decidirán si consideran esa información al momento de seleccionar y registrar a sus candidatos.
¿El resultado puede impedir una candidatura?
No de manera automática.
Uno de los puntos centrales de la resolución de la SCJN es que la evaluación no constituye una causa de inelegibilidad.
Por ello, un reporte que identifique un posible riesgo no significa que la persona quede fuera de la contienda electoral ni que el INE pueda negar por esa sola razón su registro.
La información funciona como un elemento preventivo para que los partidos conozcan posibles riesgos antes de definir sus postulaciones.
PRI cuestionó el mecanismo ante la Corte
El PRI impugnó la reforma al considerar que podía afectar el derecho de las personas a ser votadas y vulnerar la presunción de inocencia.
El partido argumentó que una persona que rechazara someterse a la revisión podría ser objeto de sospechas o señalamientos públicos, lo que podría convertirse en una forma indirecta de afectar su candidatura.
La Suprema Corte desestimó esos argumentos al considerar que la participación es voluntaria y que el resultado de la evaluación no determina por sí mismo la procedencia de un registro.
Ministros discutieron límites a la investigación
Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y el ministro Giovanni Figueroa Mejía plantearon establecer mayores límites al alcance de las revisiones.
Aguilar Ortiz propuso concentrar el mecanismo en posibles vínculos con delincuencia organizada, al considerar que investigar cualquier tipo de delito podría ampliar demasiado el universo de información que tendrían que revisar las autoridades.
La propuesta no fue aprobada.
La ministra Loretta Ortiz sostuvo que el mecanismo no debe limitarse a la delincuencia organizada y puede considerar información relacionada con otros delitos, como corrupción o robo.
También se propuso limitar información no judicializada
El ministro Giovanni Figueroa planteó que las autoridades de seguridad e inteligencia sólo pudieran reportar determinados indicios cuando estos hubieran sido presentados ante un juez para solicitar la vinculación a proceso de la persona evaluada.
La intención era establecer una mayor protección frente al uso de información que todavía no hubiera sido sometida a una revisión judicial.
La propuesta tampoco obtuvo el respaldo de la mayoría del Pleno.
La Corte mantuvo así el mecanismo en los términos establecidos por la reforma: como una herramienta preventiva, voluntaria e informativa que no determina por sí misma la responsabilidad penal ni la elegibilidad de una persona.
Comisión del INE ya opera
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas comenzó a operar a partir de la reforma publicada en junio de 2026.
El mecanismo podrá utilizarse durante el proceso electoral cuando los partidos y las personas aspirantes acepten participar.
Con la resolución de la Suprema Corte, la Comisión podrá continuar con las evaluaciones previstas en la legislación, bajo un esquema en el que los resultados serán entregados a los partidos para que estos determinen si los consideran al definir sus candidaturas.
