- Cuatro mexicanos fueron acusados en Estados Unidos de presuntos delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas relacionados con el CJNG.
- La acusación señala un supuesto intercambio de fentanilo y metanfetamina por armas y explosivos adquiridos en República Checa.
- Los cuatro fueron detenidos en junio de 2026 y dos ya fueron extraditados a Florida; de ser declarados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cuatro ciudadanos mexicanos a quienes identifica como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los acusados enfrentan señalamientos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas de fuego.
Los imputados son Edgar Alejandro López Velasco, de 44 años; Noé Díaz Jiménez, de 33; Leobardo Gaxiola López, de 63, alias “Bado”; y José Miguel Alvarado Morales, de 23 años.
De acuerdo con la acusación estadounidense, los cuatro habrían participado en distintas actividades relacionadas con el tráfico de narcóticos y armamento para la organización criminal.
Las autoridades estadounidenses señalan que López Velasco habría actuado como representante de un integrante de alto nivel del CJNG; Díaz Jiménez como presunto traficante de fentanilo y operador de un laboratorio clandestino; Gaxiola López como intermediario en operaciones de drogas y armas, y Alvarado Morales como representante de otro miembro de alto rango de la organización.
Los cuatro fueron detenidos en República Checa en junio de 2026. Posteriormente, López Velasco y Alvarado Morales fueron extraditados a Estados Unidos y comparecieron ante un juez federal en Florida.
En caso de ser declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
Acusan intercambio de drogas por armas y explosivos
La acusación sostiene que, a partir de febrero de 2026, López Velasco y Díaz Jiménez comenzaron a negociar la adquisición de armamento procedente de República Checa.
Según los fiscales estadounidenses, el objetivo era introducir las armas a México para utilizarlas en actos de violencia contra grupos criminales rivales, civiles, policías y elementos militares.
Entre el armamento presuntamente negociado se encontraban ametralladoras, lanzagranadas, morteros y municiones.
A cambio, los acusados habrían utilizado fentanilo y metanfetamina destinados a su distribución en Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses consideran que esta operación forma parte de las actividades que sustentan los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas y armas.
Díaz Jiménez es señalado por operar un laboratorio de fentanilo
Dentro de la acusación, Noé Díaz Jiménez es identificado como presunto traficante de fentanilo y responsable de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de opioides sintéticos en México.
El Departamento de Justicia informó que el 12 de junio de 2026 autoridades mexicanas desmantelaron un laboratorio de opioides sintéticos en Zapopan, Jalisco, que las autoridades estadounidenses relacionan con Díaz Jiménez.
El comunicado no establece que el operativo mexicano haya sido realizado directamente como consecuencia de la investigación estadounidense que derivó en las detenciones en Europa.
Los cuatro fueron detenidos en República Checa
Los cuatro acusados fueron arrestados en República Checa durante junio de 2026 como resultado de la investigación internacional.
López Velasco y Alvarado Morales fueron extraditados posteriormente al Distrito Medio de Florida, donde comparecieron por primera vez ante un juez.
El proceso contra los otros dos acusados continúa conforme a los procedimientos judiciales correspondientes.
El gobierno estadounidense también solicitó el decomiso de las ganancias que presuntamente se hayan obtenido mediante las actividades descritas en la acusación.
Los cargos aún deben ser demostrados ante un tribunal
Los señalamientos forman parte de una acusación presentada por fiscales estadounidenses. Por ello, los cuatro acusados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial.
La Fiscalía de Estados Unidos deberá presentar ante el tribunal las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad de cada uno de los imputados por los delitos que se les atribuyen.
