Con apenas dos años en el cargo y sin haber hecho siquiera el esfuerzo por implementar el nuevo modelo institucional con el que se creó la Fiscalía General de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero se propone desmantelar, desaparecer y cancelar la mayoría de los cambios y avances que propusieron especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, que participaron en el diseño de la “Fiscalía que Sirva” y, con su iniciativa para una nueva Ley Orgánica de la FGR que presentó al Senado, propone volver a una Fiscalía vertical y en la que el titular tenga el control absoluto de las decisiones y elimine equilibrios, transparencia y contrapesos ciudadanos.
La propuesta de ley presentada por Gertz y que se disponen a discutir los senadores en este proceso, ha encendido las alarmas de juristas, expertos y sociedad civil, que ven en la iniciativa para modificar el actual modelo de la Fiscalía, una amenaza de regresión a las épocas de la desaparecida PGR, cuando ni siquiera se logró concretar la transición entre la antigua Procuraduría y la nueva Fiscalía General de la República. Incluso dentro del gabinete del presidente López Obrador, hay un grupo de funcionarios de áreas jurídicas y de seguridad, que no están de acuerdo con las reformas que pretende el fiscal y están operando para que su iniciativa no sea aprobada por la mayoría de Morena.
Y es que, de un plumazo, Gertz Manero propone en su iniciativa de Ley Orgánica desaparecer el Consejo Ciudadano de la FGR, creado para ser un contrapeso y equilibrio al poder del fiscal, elimina la facultad de crear Grupos interdisciplinarios con expertos internacionales para coadyuvar en investigaciones de casos de alto perfil, como ocurrió con el GEI en el Caso Ayotzinapa; desaparece también la Fiscalía Especial para la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas )Fevintra) y plantea también eliminar las instancias y obligaciones de transparencia que hoy tiene la FGR.
Gertz quiere que el fiscal concentre todas las decisiones que se tomen en la Fiscalía y para ello en su propuesta le resta la autonomía que hoy tienen la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales )Fepade), elimina la presencia ciudadana y las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas las reduce, con lo que, en los hechos, desmantela y desecha el modelo institucional con el que se diseño entre 2017 y 2018 y con el que nació la nueva Fiscalía General de la República.
Es como si, en escencia, con las reformas que discutirá el Senado, retrocediéramos a la antigua PGR, cuando ni siquiera se hizo el esfuerzo, en estos dos años que lleva el fiscal Gertz, por implementar todos los cambios que proponía la ley para tener una Fiscalía moderna, con capacidad de investigar los delitos y procurar justicia, con un servicio civil de carrera que la distinguiera de la antigua procuraduría y le diera capacidades técnicas y científicas en la actuación del Ministerio Público.
La propuesta de Ley Orgánica de la FGR no sólo es cuestionada por integrantes de la sociedad civil y expertos en derecho y procuración de justicia que alertan sobre el retroceso que se causaría en un tema prioritario y urgente para la sociedad mexicana, como es el acceso a la justicia, hay también integrantes del gabinete como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que han expresado, en reuniones internas con el presidente López Obrador, serias dudas sobre lo que propone el fiscal Alejandro Gertz, e incluso algunos de esos funcionarios se aprestan para participar en un ejercicio de Parlamento Abierto en el Senado, para manifestar su desacuerdo con la iniciativa de ley y los riesgos que representa.
Veremos como el tema es procesado por la mayoría de Morena en el Senado, que encabeza el líder Ricardo Monreal, y que tanto se escuchan las voces que alertan de un retroceso, no sólo las de la sociedad civil sino también las que vienen del interior de la 4T, en donde hay mucha inconformidad y molestia por la poca efectividad que hasta ahora ha mostrado la Fiscalía General de la República a la que se le acumulan las denuncias sobre delitos de corrupción y otros, sin que se vean avances en las investigaciones y la judicialización de expedientes, como los del Caso Lozoya y Odebrecht, que se mueven “a paso de tortuga” bajo la gestión de Gertz Manero.
NOTAS INDISCRETAS…A propósito de la lentitud con la que avanzan los casos en la FGR. En Palacio Nacional les llamó mucho la atención que en el único expediente que ha judicializado del Caso Odebrecht y Lozoya, el del ex senador panista Jorge Lavalle, acusado de recibir sobornos de Emilio Lozoya para votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto, la Fiscalía haya pedido “posponer” la audiencia judicial en la que debía comparecer el ex legislador campechano. De 70 personajes mencionados y más de 7 denuncias ya presentadas por la Secretaría de Hacienda y la UIF contra igual numero de personajes, el único caso que había avanzado, el de Lavalle, ¿se pospone sin una razón clara? Eso ha hecho que surjan versiones que se comentan tanto en el gabinete, como en el Senado, de que el fiscal Gertz Manero habría hecho un “pacto” con la bancada del PAN para que votaran a favor de su iniciativa de Ley Orgánica a cambio de alargar y posponer las denuncias ya presentadas, pero aun no judicializadas por la FGR, en contra de varios panistas encumbrados. ¿Pues no que ya habían terminado los tiempos de la politización de la justicia y de la judicialización de la política?..A propósito de panistas, el que ya siente que le llega el agua a los aparejos es el ex senador Roberto Gil Zuarth, las denuncias que presentó en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera, por presuntos actos de corrupción, ante la investigación de sus manejos financieros y una serie de trasnferencias y gastos millonarios que no corresponden a sus ingresos fiscales de los últimos años. Que tan avanzado irá el tema en la Fiscalía Anticorrupción que esta semana Gil Zuarth ya sintió los efectos de la inminente judicialización de su caso, primero con la decisión del PAN de eliminarlo de sus listas de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados, done ya tenía un lugar pero se lo quitaron de último momento por aquello de que lo acusen formalmente y le abran un proceso, y segundo ante la decisión que él mismo tomó de renunciar al cargo de Secretario Técnico de la Alianza Federalista de Gobernadores que en un principio había aceptado pero del que se retiró esta semana, como para desligarse del bloque crítico de los mandatarios opositores. Roberto Gil es abogado y tiene su propio despacho en donde, además de operar asuntos políticos –muchos de ellos contra la 4T—también litiga, así que ahora tendrá que litigar pero para defenderse a sí mismo…Y hablando de Pluris, las listas del PRI y del PAN para las diputaciones de representación proporcional levantaron muchas cejas y dudas de sí con los mismos rostros y nombres de siempre, los dos partidos principales de la oposición, realmente piensan que podrán combatir con éxito a Morena y a López Obrador en las elecciones del 6 de julio. Demasiados “cartuchos quemados” los que llevan los panistas y priistas a una batalla en la que claramente están en desventaja ante el aparato político oficial que se mueve a favor del morenismo. Pero de las dos listas, la blanquiazul y la tricolor, la que más revuelo levantó fue la del PRI. Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente, no sólo se despacho con su propia candidatura pluri, que ahora le permiten los estatutos que él mismo ordenó reformar, para poder ser al mismo tiempo dirigente nacional y diputado, sino que además entregó las posiciones más importantes en las 5 circunscripsiones a su aliado José Murat, con nombres como el de Eduardo Murat y Guadalupe Alcántar, por no mencionar la reelección pluri de Rubén Moreira y la candidatura de su esposa, Carolina Viggiano. Casi apenas algunos priistas mexiquenses, que también son aliados de “Alito” alcanzaron buenos lugares en las listas, además del hijo de Emilio Gamboa, Pablo Gamboa. Adentro del PRI ya hay una especie de revuelta porque denuncian un “agandalle” del grupo que controla al partido y ya incluso hubo renuncias como la del dirigente del PRI en Colima, José Manuel Romero, que a pesar de que se creía parte el grupo de Moreno Cárdenas, lo dejaron fuera de las listas, por lo que le aventó la dirigencia estatal y se regresó a sus negocios como empresario. “Ese PRI habla de nadie. El PAN sí hizo un esfuerzo de inclusión, el PRI se repartió su miseria. Los panistas nacieron en la oposición y saben construir desde ahí, acá en el priismo es complicidad, antes de capacidad”, comentó a esta columna un ex dirigente nacional del viejo partido. Ayer ya había priistas que pedían la renuncia de Moreno Cárdenas, aunque es muy probable que, como siempre pasa en el PRI, no termine pasando nada y los cuates se queden con sus cuotas…Los dados mandan Escalera doble. Buena semana.