- La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
- Establece penas de 15 a 25 años, que pueden llegar hasta 42 años con agravantes.
- La ley unifica criterios en todo el país, permite denuncias anónimas y ordena perseguir el delito de oficio.
Nueva ley federal contra la extorsión
La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención. En votación posterior, fue avalada por unanimidad la versión final con modificaciones enviadas por el Senado. Esta legislación crea por primera vez un tipo penal uniforme para todo el país y fija una penalidad base de 15 a 25 años de prisión, con multas de 300 a 500 UMA.
Hasta 42 años de cárcel con agravantes
La norma contempla 34 agravantes divididas en distintos niveles. Estas incluyen cobro de piso, extorsión a candidatos, afectaciones económicas graves, participación de servidores públicos, uso de armas y casos donde haya violencia. Si se configura alguna de estas circunstancias, la pena puede incrementarse hasta 42 años. También incorpora como agravantes la extorsión contra migrantes, menores de edad y los llamados “montachoques”.
Responsabilidad de servidores públicos
La ley endurece las sanciones a funcionarios que faciliten, permitan o no denuncien actos de extorsión. Servidores públicos que encubran o toleren este delito podrán recibir penas de 15 a 25 años, mientras que quienes omitan denunciar enfrentarán sanciones de entre 10 y 20 años. El Senado eliminó la modificación impulsada por Ricardo Monreal que originalmente reducía estas penas.
Delito perseguido de oficio y denuncias anónimas
El dictamen establece que la extorsión será perseguida de oficio, por lo que la autoridad podrá iniciar investigaciones sin necesidad de una denuncia formal. También permite denuncias anónimas a través del 089 y autoriza el uso de técnicas especiales de investigación, incluida la intervención de comunicaciones con control judicial. Asimismo, restringe beneficios preliberacionales a personas sentenciadas por este delito.
Nuevas obligaciones para centros penitenciarios
La ley ordena a los penales bloquear dispositivos electrónicos y sanciona a internos que utilicen celulares con penas de seis a 12 años. Estas sanciones se aplicarán también a personal penitenciario que facilite el ingreso de equipos.
Creación del Centro de Atención a Denuncias de Extorsión
La normativa instruye la creación del Centro de Atención a Denuncias de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Deberá entrar en operaciones en un plazo máximo de 180 días para recibir reportes, coordinar acciones e impulsar investigaciones.
Ajustes y obligaciones de estados
Los congresos locales tendrán 180 días para armonizar sus códigos y adoptar el nuevo tipo penal federal. Además, jueces podrán revisar sentencias vigentes a la luz de las nuevas disposiciones. El Senado también incorporó ajustes en derechos humanos, perspectiva de género y precisión de las conductas extorsivas.
Un delito en crecimiento
Durante el debate, legisladores señalaron que la extorsión es el único delito que no ha logrado disminuir en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum. En los primeros seis meses del año se registraron 5,887 víctimas, un aumento de 7% frente al año anterior. Según cifras oficiales, 2025 es el año con más casos desde que existen registros.
