- Reforma por unanimidad: La Cámara de Diputados aprobó, con 419 votos, tipificar el reclutamiento criminal como un delito específico.
- Penas de hasta 25 años: Las sanciones van de 10 a 20 años de prisión y pueden aumentar de 15 a 25 años cuando se empleen amenazas, violencia, coacción o abuso de poder.
- Protección a menores: El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado forzado. La reforma fue enviada al Senado para continuar el proceso legislativo.
Establecen sanciones específicas por reclutamiento criminal
La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de combatir el reclutamiento de personas para incorporarlas a grupos criminales.
El dictamen establece penas de 10 a 20 años de prisión, además de multas, para quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas para organizaciones delictivas mediante medios impresos, electrónicos o cualquier otro mecanismo.
Cuando el reclutamiento se realice mediante intimidación, amenazas, coacción, violencia física o moral, o abuso de poder, las penas aumentarán de 15 a 25 años de prisión.
La reforma también contempla sanciones adicionales cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, sean migrantes o cuando los responsables sean servidores públicos o integrantes y exintegrantes de corporaciones de seguridad o de las Fuerzas Armadas, conforme a los supuestos establecidos en el dictamen.
Buscan cerrar vacíos legales
Durante la discusión, legisladores señalaron que la falta de una figura penal específica había dificultado identificar, registrar e investigar el reclutamiento forzado.
La diputada de Morena Elena Edith Segura Trejo explicó que estos casos suelen investigarse bajo otros delitos, como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada. Esta situación, indicó, puede fragmentar las investigaciones y dificultar que se sancione específicamente la captación de personas para actividades criminales.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, destacó que la reforma busca establecer reglas claras para que las autoridades federales y estatales actúen de manera coordinada.
También señaló que las investigaciones podrán iniciarse de oficio cuando las autoridades tengan conocimiento de posibles hechos delictivos, sin esperar necesariamente una denuncia de la víctima.
Alertan sobre engaños y falsas ofertas de empleo
Legisladores advirtieron que los grupos criminales utilizan distintos métodos para captar personas, entre ellos falsas ofertas de trabajo, anuncios impresos, redes sociales, amenazas y violencia.
El diputado del PAN José Guillermo Anaya Llamas subrayó la necesidad de perseguir a quienes organizan y ejecutan el reclutamiento, además de fortalecer la protección de las víctimas.
Señaló que las familias enfrentan graves consecuencias cuando desconocen el paradero de sus hijos y reclamó herramientas legales eficaces para combatir estas prácticas.
Denuncian reclutamiento de menores desde los siete años
La diputada del PT Lilia Aguilar Gil alertó que el reclutamiento forzado afecta a estados como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas.
En el caso de Chihuahua, afirmó que incluso niños de siete años pueden ser incorporados a actividades vinculadas con grupos criminales, incluida la siembra de amapola en zonas serranas.
La legisladora sostuvo que los menores reclutados bajo amenazas o coacción deben ser reconocidos como víctimas y no tratados automáticamente como delincuentes.
Durante el debate también se mencionaron estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México y UNICEF, según las cuales entre 145 mil y 255 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
Reforma pasa al Senado
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la minuta fue enviada al Senado de la República para continuar el proceso legislativo.
El dictamen establece, además, un plazo de 180 días naturales para que los congresos estatales armonicen sus leyes con las nuevas disposiciones.
Con la reforma, los legisladores buscan fortalecer la persecución penal del reclutamiento criminal, mejorar la coordinación entre autoridades y reforzar la protección de niñas, niños, adolescentes y otras personas en situación de vulnerabilidad.
