En una de esas reglas no escritas del sistema político mexicano, el último periodo de sesiones de una Legislatura del Congreso de la Unión, en un año de elecciones presidenciales, era prácticamente un tiempo muerto. En los meses finales de cada sexenio, por un acuerdo tácito y práctico entre partidos y fracciones parlamentarias, ya no se discutían reformas legales importantes ni se llevaban al pleno iniciativas trascendentes porque esos meses de cierre legislativo en las Cámaras de Diputados y Senadores las campañas presidenciales y la lucha por el poder lo contaminaban todo y dificultaban cualquier tipo de acuerdo, entendimiento o negociación en el Congreso.
Pero como muchas otras cosas de la era priista y panista, en cuanto a usos y costumbres del sistema político, esa regla no sólo cambió en el sexenio que termina, sino que ahora las bancadas de Morena y el presidente López Obrador están aprovechando justo el tiempo de las campañas presidenciales, con toda su carga de polarización y cofnrontación política, para impulsar e imponer, con sus mayorías simples, reformas a leyes secundarias que, por su trascendencia e impacto en temas sensibles para los ciudadanos, ameritarían una discusión y un debate a fondo no sólo entre los parlamentarios, sino también consultar y escuchar a los sectores de la población que se verán afectados y a los expertos en los temas.
Las reformas a la Ley de Amparo, Ley de Amnistía y a la Ley de Pensiones representan cambios legales que impactan temas tan delicados como los derechos humanos, el sistema de justicia y equilibrio entre poderes y el ahorro de los trabajadores para su retiro. Cualquiera de esos tres cambios, por tocar temas tan sensibles y delicados, hubieran ameritado ejercicios de parlamento abierto donde el Congreso, con sus dos Cámaras, escuchara todo tipo de opiniones de expertos en las distintas materias, de organizaciones civiles y de los ciudadanos directamente afectados por cambios legislativos de esta magnitud.
Pero muy lejos de eso, el presidente López Obrador ordenó y los diputados y senadores de Morena obedecieron ciegamente, como siempre lo hicieron en este sexenio, que había prisa por sacar esas reformas legales y que las bancadas oficialistas tenían que hacer valer su mayoría tanto en el pleno como en las comisiones legislativas, para aprobar a como diera lugar y en procesos rápidos o vía fast track, como se dice en el argot legislativo, los ya referidos cambios legales que son de interés prioritario para el presidente y su ambición de continuidad de su movimiento en el poder.
¿Cuál es la razón de tanta prisa y premura para aprobar, sin mayor debate, consultas o discusión cambios tan delicados a las leyes mencionadas? Todo indica que, sabedor de que será muy difícil que los electores le otorguen de nuevo una mayoría legislativa a Morena, aun cuando pudieran ganar la elección presidencial, el presidente López Obrador decidió, en su valemadrismo y pragmatismo de fin de sexenio, que había que usar la aplanadora legislativa para sacar esas tres reformas que están siendo aprobadas en medio de mucha controversia y que, es un hecho, terminarán todas impugnadas por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es decir, que como sabe que, aun manteniendo la presidencia para Morena, no tendrá mayorías ni simples ni absolutas en ninguna de las dos cámaras, el presidente se adelanta y, pensando ya transexenalmente, utiliza a sus bancadas legislativas para blindar y proteger a su candidata, cuando aún ni siquiera se producen las votaciones presidenciales.
De paso, además de blindar a su movimiento para el futuro, el presidente se aprovecha para cobrar venganzas y facturas con reformas como la de la Ley de Amparo, con las que claramente López Obrador se venga del Poder Judicial por haberle frenado, vía las suspensiones provisionales, sus principales obras y reformas constitucionales como la energética, además de pararle en varias ocasiones el Tren Maya por violaciones legales y daños ambientales.
Con la reforma a la Ley de Amnistía el tema es aún más perverso. Porque aunque no se sabe para qué quiere tener ese enorme poder de liberar delincuentes sentenciados o presuntos delincuentes bajo proceso, va quedando claro que AMLO quiere sacar de la cárcel a algunos personajes que le puedan servir como “testigos” para armar casos y expedientes judiciales contra quien él quiera. El mismo mandatario ayer reveló que uno de los primeros que podría amnistiar y pedir su liberación es el peligroso secuestrador de la banda de Los Zodiacos, Israel Vallarta, quien no ha sido sentenciado por el secuestro de Hugo Alberto Wallace, pero tiene en su haber al menos otras 7 denuncias por secuestros comprobados y juzgados.
¿Para que quiere el presidente al secuestrador Vallarta, al que su gobierno ha tratado de ayudar desde el inicio del sexenio y buscar su liberación? Ayer mismo en la mañanera, reveló que el delincuente tiene información que involucra a Genaro García Luna, en cuya gestión al frente de la Seguridad federal fue detenido Israel Vallarta. Lo que ya no dijo el presidente, pero también parece ser su intención con este cambio a la Ley de Amnistía, es que Vallarta también podría acusar e involucrar a un periodista crítico de este gobierno como es Carlos Loret de Mola. ¿Para eso quiere tener el superpoder de amnistiar delincuentes López Obrador? ¿Para vengarse de sus adversarios, opositores y críticos?
La tercer reforma controversial que se procesó con prisas y sin consultas amplias, es la de la Ley de Pensiones. Mientras la oposición y algunos especialistas hablan de una “confiscación” de las cuentas de retiro de los trabajadores (especialmente los que tiene cuentas abandonadas, inactivas o que no han cobrado), el presidente y las bancadas de Morena sostienen que la decisión de tomar ese dinero que pertenece a los trabajadores es con la “buena intención” de crear un Fondo, el de las Pensiones del Bienestar, que ayude a complementar y aumentar los montos de jubilación para trabajadores de más bajos ingresos. La duda que causa todo tipo de suspicacia es ¿por qué eso era urgente y prioritario en estos momentos en que ya se acaba el sexenio y por qué no podía esperar a que empezara la nueva legislatura y el próximo gobierno federal en septiembre próximo?
Está claro, pues, que las cuentas alegres que venden la mayoría de las encuestadoras, que siguen anticipando un triunfo contundente y holgado para Morena en la Presidencia, no son para nada las mismas en la elección de diputados y senadores al Congreso de la Unión. Vaya, como ya se les cayó también su llamado “Plan C”, ahora el presidente recurrió, en la agonía de su gobierno, al “Plan G”, de garrote con el que impuso su mayoría legislativa para sacar leyes que, aunque puedan ser controvertidas y declaradas inconstitucionales, son un acto de venganza y prepotencia del mandatario saliente.
NOTAS INDISCRETAS… Cada vez más fuerte es el tono con el que se acusan y se contestan el presidente López obrador y su “amigo”, el empresario Ricardo Salinas Pliego. Ayer ante la acusación que hizo en su mañanera de que el dueño de TV Azteca censura y “les da línea” a los conductores de sus programas y noticieros, Salinas Pliego respondió acusando de “mentiroso” al mandatario: “Da pena verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO ni el #bañagatos de @jesusrcuevas le hacen honor a la investidura presidencial. Y la ‘lealtad a ciegas’ que AMLO le exige a sus colaboradores, en nuestra filosofía de contratación y trabajo simplemente no existe. Nosotros en Grupo Salinas somos hombres libres y actuamos por convicción personal, y no por instrucciones de ‘arriba’. Vámonos a trabajar pues, que estos #Gobiernícolas no se mantienen solos y les gusta mucho vivir bien… del dinero de la gente!”, escribió el empresario en sus redes sociales. Como diría El Buki, ¿A dónde vamos a parar en este pleito al que no se le ve salida o negociación alguna? Al menos no por el momento… Se lanzan los dados. Tocó Escalera Doble.
