- La FGR sostiene que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna habrían encabezado una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos, con capacidad para importar, transportar, almacenar y distribuir combustible de manera ilegal.
- En una bodega presuntamente arrendada por Manuel Roberto Farías en Ciudad de México fueron aseguradas armas, expedientes de personal naval y documentos clasificados como reservados y confidenciales.
- La Fiscalía afirma que la red habría utilizado complicidades en aduanas, empresas fachada y triangulaciones financieras para facilitar el ingreso del combustible y ocultar el origen de los recursos obtenidos por su comercialización.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos detalles de la investigación contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna por su presunta participación en una estructura dedicada al llamado huachicol fiscal.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, explicó que las indagatorias apuntan a una operación mucho más amplia que el contrabando realizado por una sola persona. Según la Fiscalía, los hermanos conocidos como “Los Primos” habrían formado parte de una red con capacidad para controlar distintas etapas del ingreso y comercialización ilegal de hidrocarburos.
El caso está relacionado con el aseguramiento, en 2025, de un buque que transportaba alrededor de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
Cateo en una bodega de Ciudad de México
Como parte de las investigaciones, agentes de la FGR realizaron un cateo en una bodega que, de acuerdo con la Fiscalía, era arrendada por Manuel Roberto Farías Laguna.
En el inmueble fueron localizados objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y documentos correspondientes a altos mandos de la Secretaría de Marina.
También se encontraron documentos identificados por la Fiscalía como información de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial, además de armas que presuntamente no contaban con el registro correspondiente.
Hasta ahora, la FGR no ha dado a conocer el contenido específico de los documentos asegurados ni ha establecido públicamente qué relación directa tendrían con cada una de las operaciones investigadas.
Presunta influencia en aduanas y movimientos de personal
De acuerdo con Ernestina Godoy, los hermanos Farías y sus presuntos colaboradores habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina.
La fiscal señaló que Manuel Roberto Farías habría gestionado directamente algunos de esos nombramientos y promociones.
La hipótesis de la FGR es que estos movimientos habrían permitido construir una red de complicidades para facilitar el ingreso de cargamentos de hidrocarburos a territorio mexicano.
Así habría funcionado el contrabando
La Fiscalía explicó que los buques vinculados con la operación presuntamente partían principalmente de Texas, Estados Unidos, cargados con hidrocarburos.
Para modificar el tratamiento fiscal de los productos, los cargamentos eran declarados presuntamente como aceites o aditivos, en lugar de reportarlos como hidrocarburos sujetos a otro esquema tributario.
Según la investigación, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos por permitir el ingreso de los embarques.
La FGR también sostiene que las inspecciones realizadas en algunos casos eran simuladas o superficiales. La red habría recurrido a reportes de volúmenes alterados y otras maniobras para conseguir la liberación del combustible sin una revisión exhaustiva.
Además, se habrían establecido horarios específicos para el arribo de los buques y mecanismos destinados a desactivar cámaras de vigilancia, con el objetivo de evitar registros de las descargas.
Empresas fachada daban apariencia legal al dinero
Una vez que el combustible llegaba a territorio mexicano, su distribución se realizaba mediante tres empresas constituidas legalmente.
Sin embargo, según la FGR, detrás de estas compañías operaba una estructura de empresas fachada y triangulaciones financieras que habría permitido dar apariencia legítima a los recursos obtenidos por la venta del hidrocarburo.
Las investigaciones han identificado operaciones relacionadas con esta presunta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.
La Fiscalía informó que continúa siguiendo el rastro de accionistas, representantes legales y otras personas que pudieron haber participado en las diferentes etapas de la operación.
La Marina no está señalada como institución
Ante los señalamientos sobre la posible participación de integrantes de la Secretaría de Marina, Ernestina Godoy enfatizó que las responsabilidades penales son individuales.
La fiscal sostuvo que la posible participación de algunos funcionarios no significa que toda la institución esté involucrada en actividades ilícitas.
También destacó el seguimiento que, según afirmó, ha realizado el actual secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, a las investigaciones.
Godoy señaló que cualquier persona que haya utilizado un cargo público, un uniforme o una posición dentro de una aduana para favorecer actividades criminales deberá responder ante las autoridades judiciales.
El origen de la investigación
La FGR recordó que en 2024 el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, habría informado al entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.
A partir de esas indagatorias se desarrolló la investigación que posteriormente llevó al aseguramiento del buque con aproximadamente 10 millones de litros de diésel en Altamira.
La Fiscalía considera que ese operativo permitió ampliar las pesquisas y detectar una estructura que presuntamente operaba de manera coordinada para introducir y comercializar combustible de forma ilegal.
Farías permanece bajo proceso
Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones ilícitas con hidrocarburos.
Ambos permanecen recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.
La investigación continúa abierta y la FGR busca establecer el grado de participación de los involucrados, identificar a otros posibles integrantes y determinar el alcance de la presunta estructura de contrabando.
Los señalamientos de la Fiscalía forman parte de una investigación en curso, por lo que la responsabilidad penal de los acusados deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes.
