Sin participación del gobierno mexicano
Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, aseguró que el gobierno mexicano no intervino en las negociaciones entre su cliente y las autoridades estadounidenses. En conferencia de prensa, consideró “absurda” la idea de que el gobierno de México debió haber sido parte del acuerdo legal alcanzado en Estados Unidos, donde Guzmán se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, dos en Illinois y dos en Nueva York.
El defensor cuestionó los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó inconformidad con la exclusión del gobierno mexicano en el proceso. Lichtman señaló que el sistema judicial estadounidense no acostumbra negociar con gobiernos extranjeros y afirmó que su papel se limita a representar legalmente a sus clientes, no a actuar en nombre de intereses políticos.
Cita el caso Cienfuegos
Durante su intervención, Lichtman recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, pero devuelto a México, donde fue exonerado. Aseguró que en ese proceso se acusó a la DEA de fabricar pruebas, lo cual, en su opinión, también fue “absurdo” y evidenció tensiones entre ambos países.
Respuesta de la FGR: lo acusa de oportunismo
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó de manera tajante las declaraciones de Lichtman, calificándolas de irresponsables y carentes de pruebas. Afirmó que sus dichos obedecen a un intento de obtener protagonismo mediático, y recordó que cualquier persona que tenga conocimiento de un delito está obligada legalmente a denunciarlo y presentar pruebas ante las autoridades competentes.
Proceso judicial y colaboración de Ovidio
La FGR recalcó que Ovidio Guzmán fue capturado y extraditado por las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en septiembre de 2023, en un operativo que dejó un saldo de diez militares muertos. Posteriormente, en Estados Unidos, fue imputado por delitos de tráfico de drogas, delincuencia organizada y otros.
Este viernes, Ovidio Guzmán se declaró culpable de los principales cargos y aceptó colaborar como testigo en juicios contra otros miembros del crimen organizado. Como parte del acuerdo judicial, el gobierno estadounidense propuso una sentencia de cadena perpetua y el pago de aproximadamente 80 millones de dólares.
La FGR concluyó que estos resultados son muestra del compromiso del gobierno mexicano con la legalidad, al haber ejecutado las órdenes de aprehensión y procedido con la extradición del acusado conforme a la ley.
