• Tribunal Colegiado concede suspensión definitiva contra el tramo Cancún–Tulum.
• Profepa deberá inspeccionar y atender denuncias por posibles daños ecológicos.
• La obra no queda cancelada, pero queda sujeta a control ambiental reforzado.
Fallo judicial que modifica el curso del proyecto
Un Tribunal Colegiado otorgó una suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por el colectivo Sélvame del Tren en relación con el tramo 5 del Tren Maya, que conecta Cancún con Tulum, en Quintana Roo.
La resolución ordena a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar acciones de verificación, inspección, conservación y protección en las zonas donde se desarrollan las obras. Además, deberá atender de manera formal las denuncias ciudadanas sobre afectaciones ambientales.
La suspensión no implica la cancelación definitiva del tramo, pero sí obliga a fortalecer la vigilancia y garantizar el cumplimiento estricto de la legislación ambiental vigente.
Responsabilidades específicas para la autoridad ambiental
El mandato judicial está dirigido a la Subprocuraduría de Recursos Naturales y a la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas de la Profepa. Estas áreas deberán supervisar que las actividades constructivas se apeguen a la normativa y dar seguimiento puntual a los señalamientos sobre posibles daños ecológicos.
Con esta determinación, el tribunal establece un mecanismo de control institucional que busca prevenir, mitigar o sancionar cualquier afectación a los ecosistemas de la región.
Reacción del colectivo promovente
El colectivo Sélvame del Tren consideró que la decisión representa un avance en la defensa ambiental. “Este logro es un importante paso hacia la protección de nuestros recursos naturales y garantiza que se llevarán a cabo acciones de verificación, inspección, conservación y protección ante las denuncias públicas presentadas”, expresó la organización.
Guillermo DChristy, presidente del grupo, subrayó el alcance del fallo: “No es solo un logro legal. Es un mensaje claro: la naturaleza tiene derechos y la sociedad civil organizada puede incidir. Gracias a cada persona que ha sostenido esta causa con información, presencia y convicción. Seguimos trabajando por un modelo de desarrollo que respete la vida. La protección ambiental es una responsabilidad”.
Impactos ambientales bajo revisión
El tramo 5 ha sido uno de los más cuestionados del proyecto por atravesar selva y sistemas de cavernas en suelo cárstico, característicos de la Península de Yucatán. Organizaciones ambientales han advertido sobre deforestación, fragmentación de hábitats y posibles afectaciones a ríos subterráneos y cenotes.
También se han señalado riesgos estructurales derivados de la instalación de miles de pilotes sobre terreno poroso, lo que podría generar impactos tanto ambientales como de infraestructura si no existe supervisión adecuada.
Contexto financiero y político
El proyecto fue impulsado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y turístico del sureste del país. No obstante, el tramo 5 concentra las principales controversias por la fragilidad ecológica del corredor Cancún–Tulum.
En el plano financiero, el presupuesto inicial estimado en 156 mil millones de pesos ha sido superado ampliamente. Reportes recientes indican que el costo total rebasa los 500 mil millones de pesos, lo que ha intensificado el debate público sobre su viabilidad y ejecución.
La suspensión definitiva marca un nuevo capítulo en la revisión judicial del proyecto y refuerza la exigencia de que el desarrollo de infraestructura se realice bajo criterios de legalidad y protección ambiental.
